ABUSO DE AUTORIDAD

ConceptoLegalmx


INICIO


Facebook


Youtube

Ingresa tu palabra a buscar

LO MÁS LEÍDO

ABUSO DE AUTORIDAD


Artículo 215 Código Penal Federal

En términos del artículo 215 del Código Penal Federal comete el delito de Abuso de Autoridad el Servidor Público que incurra en alguna de las conductas siguientes:

      • Para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pide auxilio a la fuerza pública o la emplea con ese objeto.
      • Indebidamente retarda o niega a los particulares la protección o servicio que tiene obligación de otorgarles o impide la presentación o el curso de una solicitud.
      • Estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niega injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley.
      • El encargado o elemento de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niega a dárselo o retrasa el mismo injustificadamente. La misma previsión se aplicará tratándose de peritos.
      • Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, o centros de arraigo que, sin los requisitos legales, recibe como presa, detenida, arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantiene privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niega que está detenida, si lo estuviere; o no cumple la orden de libertad girada por la autoridad competente.
      • Teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denuncia inmediatamente a la autoridad competente o no la hace cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones.
      • Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le ha confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente.
      • Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios.
      • En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorga empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado.
      • Autoriza o contrata a quien se encuentra inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación.
      • Otorga cualquier identificación en que se acredita como servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificació
      • Obliga a declarar a las personas acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad.
      • Omite realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, falsea el Reporte Administrativo de Detención correspondiente, omite actualizarlo debidamente o dilata injustificadamente poner al detenido bajo la custodia de la autoridad correspondiente.
      • Incumple con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad.
    •  


Tesis y Jurisprudencia

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SU DIFERENCIA CON EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, EN SU MODALIDAD DE DILATAR INJUSTIFICADAMENTE PONER AL DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, ESTABLECIDO EN EL DIVERSO 215, FRACCIÓN XV, DEL PROPIO CÓDIGO.
Número de registro 2014890Tesis: I.7o.P.88 P (10a.) Los delitos de desaparición forzada de personas y abuso de autoridad, en su modalidad de dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, no obstante que se encuentran tipificados en los artículos 215-A y 215, fracción XV, del Código Penal Federal, que se ubican dentro del libro segundo, título décimo, denominado: “Delitos por hechos de corrupción”, capítulos III y III Bis, respectivamente, no tienen únicamente como bienes jurídicos tutelados la libertad ambulatoria, así como el correcto ejercicio del servicio público y la integridad personal de los detenidos, sino que el primero también tutela el de personalidad jurídica, en la medida en que busca proteger que la víctima no quede al margen del amparo de la ley, y se le niegue la posibilidad de ejercer los recursos legales y las garantías procesales que le asisten. En ese orden de ideas, es incorrecto que se considere que la “dilación injustificada de la puesta a disposición” se encuentra implícita en la figura “mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”, pues atento a lo expuesto en el proceso legislativo respectivo y al artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el ocultamiento de la víctima se exterioriza con la ausencia o falsedad de la información sobre la detención, la negativa de la detención o para informar del paradero de la víctima. En ese orden, el delito de abuso de autoridad se actualiza con un mero retraso injustificado, a fin de que la autoridad competente realice el control de la detención de la víctima y defina su situación jurídica; circunstancia que, precisamente, pretende obstruir el sujeto activo del delito de desaparición forzada con el ocultamiento del detenido, pues su objetivo es impedir que la víctima ejerza los recursos legales y las garantías procesales pertinentes, dejándola fuera del amparo de la ley.
ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.
Número de registro 198448Tesis: 1a./J. 21/97 

Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el carácter de funcionario o servidor público, como elemento del tipo penal del ilícito de abuso de autoridad, cuando, como en la especie, los ordenamientos adjetivos penales de los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit autorizan al Juez para considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios, además de que tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciación de la prueba, puesto que, de acuerdo a este sistema, no se limita taxativamente la prueba, sino que deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicción, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica que el juzgador, ciñéndose a esas amplias facultades, podrá tener por acreditado el mencionado elemento del delito, al tomar en conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autónoma y aislada no tienen mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que la prueba circunstancial precisa para su integración que se encuentren acreditados los hechos indiciarios y que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez en los términos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve para presumir la materialidad del delito de abuso de autoridad.

ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL NOMBRAMIENTO.
Número de registro 198447Tesis: 1a./J. 22/97 

Tratándose de aquellos delitos como el de abuso de autoridad, para cuya actualización no se requiere prueba especial, según lo disponen los códigos adjetivos de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, se sigue el sistema de no limitar taxativamente la prueba, en donde la decisión del Juez no está determinada por reglas más o menos rígidas que lo obliguen a estimar cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino que opera el arbitrio judicial, para la libre apreciación de las pruebas, por lo que, para tener por acreditado el carácter de servidor público como elemento del tipo del ilícito aludido, no sólo se logra mediante el nombramiento con tal carácter del sujeto activo o la constancia que así lo compruebe, en virtud de que el juzgador tiene que hacer uso de la facultad más importante dentro de su tarea de administrar pública justicia, consistente en la actividad intelectiva que despliega al efectuar la valoración de la prueba, a la luz de la regla genérica que contemplan los códigos de procedimientos penales invocados, en el sentido de que el Juez goza de la más amplia libertad para valerse de todos los medios lícitos de investigación, lo que se traduce en que, para tener por comprobado el referido extremo, la autoridad judicial se puede allegar cualquier elemento de convicción, siempre y cuando no sean contrarios a derecho, ni reprobados por la ley.


www.conceptolegalmx.com

COMPARTE