ALERTA MIGRATORIA

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ALERTA MIGRATORIA


Artículo 3 fracción III Reglamento de la Ley de Migración

De conformidad con el artículo 3 fracción III del Reglamento de la Ley de Migración, la Alerta Migratoria es el aviso que se genera por la coincidencia de personas o documentos registrados en las listas de control migratorio.

Tesis y Jurisprudencia

ALERTA MIGRATORIA SOBRE MENORES. REQUISITOS PARA SU DECISIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA CAUTELAR.
Número de registro 2023284Tesis: I.4o.C.79 C (10a.) La interpretación sistemática de la normativa nacional y convencional sobre protección a los derechos humanos, particularmente el de libertad de tránsito; derechos sustantivos de los menores, específicamente su interés superior, a la integración familiar, de visita, descanso y esparcimiento; el derecho al debido proceso; el derecho adjetivo de procurar la opinión del niño en los procesos judiciales que le atañen y de sustracción internacional de menores conduce a estimar que sin desconocer que en materia familiar el juzgador está facultado para intervenir de oficio, especialmente tratándose de menores, la alerta migratoria sobre ellos sólo puede ser decretada en esos asuntos, de oficio o a petición de parte, en casos extraordinarios, siempre que se reúnan los requisitos que se enlistan. Primero, que a partir de una cognición expeditiva, objetiva e integradora de todos los datos directos e indirectos de la causa, disponibles hasta el momento, queden cumplidas las condiciones elementales de toda providencia precautoria, esto es, la buena apariencia de un derecho y el peligro en la demora. Segundo, la demostración de esos presupuestos debe superar un estándar de valoración preliminar más riguroso al de otros casos, por tratarse de un acto procesal irruptor, grave y excepcional, en donde, además, se ven comprometidos derechos de los niños. Tercero, el operador jurídico debe constatar exhaustivamente, en un acto de suma responsabilidad, que el mandamiento cautelar es idóneo, necesario y proporcional para el fin buscado, y que en el ejercicio de ese examen se han considerado todos los derechos reconocidos en la normativa que puedan quedar inactivos con la medida, tanto los de incidencia general como los de atención más específica según la situación particular de los involucrados, verbigracia, el respeto a la doble nacionalidad o a la convivencia con la familia ampliada residente en distinto país. Cuarto, el tratamiento del resultado de los anteriores puntos debe manejarse con la sensibilidad que ameritan los casos que afectan a menores y con la experiencia exigible al juzgador. Si la consecuencia es la imposición de la medida, podrá modularse en su ámbito temporal o para efectos, en uso del arbitrio judicial. Si el resultante es negarla, el Juez debe quedar expectante a cualquier dato indicativo surgido durante el proceso, que amerite la actividad cautelar, incluso de plano, si se surten los requisitos antes mencionados. Mientras tanto, podrá imponer, desde el inicio, controles idóneos y proporcionales para asegurar la realización de los derechos de movilidad y visita, como autorizar los itinerarios de viaje, los respectivos enlaces de comunicación con el niño, y verificar su acatamiento, a fin de evitar que algún padre pueda frustrar deliberadamente la realización de esos derechos. Estas precauciones es prudente adoptarlas para evitar la posible sustracción ilegal del menor, acerca de lo cual deberá apercibirse al padre solicitante del traslado.
ALERTA MIGRATORIA. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA ORDEN PARA ESTABLECERLA Y LA NO AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DEL PAÍS DE PERSONAS RELACIONADAS CON AVERIGUACIONES PREVIAS, EL ASUNTO PERTENECE A LA MATERIA PENAL Y NO A LA ADMINISTRATIVA.
Número de registro 2006196Tesis: II.3o.A.118 A (10a.) Cuando en amparo indirecto se reclama la orden para establecer una alerta migratoria y la no autorización para la salida del país de personas relacionadas con investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, relacionadas con la posible comisión de delitos, incluso con participación de autoridades pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe estimarse que el asunto pertenece a la materia penal y no a la administrativa, porque se trata de actos originados en averiguaciones previas y ese dato determina la competencia para el conocimiento del caso, en congruencia con la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 22, de rubro: «AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.»

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