APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

ConceptoLegalmx


INICIO


Facebook


Youtube

Ingresa tu palabra a buscar

LO MÁS LEÍDO

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN


Acuerdo por el que se establecen los lineamientos Generales del Procedimiento de Apostilla de Documentos y Legalización de Firmas.

Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.

Una Apostilla es un certificado que autentica el origen de un documento público. Esta autentificación tiene el fin de que dichos documentos surtan efectos jurídicos en el extranjero, siempre que el documento en cuestión vaya dirigido a alguno de los países que pertenecen a la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.

La emisión de una apostilla realizada por una Autoridad competente, sólo acredita el origen del Documento público y certifica:

      • Que la firma de la persona que aparece en el documento es auténtica.
    •  
      • Que la persona que firma el documento tiene facultades para ello de acuerdo a las atribuciones que mediante Ley le son otorgadas al momento de firmar dicho documento.
    •  
      • Que el sello o timbre que en su caso consta en el documento, es auténtico.

De este modo, si se requiere acreditar alguna situación en el extranjero con el respaldo de un documento público emitido en México, con la Apostilla se certifica que las firmas de los Servidores Públicos que emitieron el documento en cuestión son legítimas y, por tanto, tal documento tiene validez y legitimidad en el país al cual va dirigido y por ende dicho documento surte efectos jurídicos en el país extranjero a donde se dirige la Apostilla.

La apostilla sólo procede cuando el documento en cuestión va dirigido a algún país que forma parte de la Convención mencionada.  En este sentido, es importante mencionar que un país no necesita ser miembro de la Conferencia de La Haya para ser parte de la Convención de la Apostilla pues se trata de acuerdos distintos.

Como ya se dijo, la apostilla sólo procede respecto a documentos públicos, por lo tanto, no procede su trámite respecto a documentos privados.

Ahora bien, cuando se quiere dirigir un documento a países que no forman parte de dicha Convención, el trámite que procede es la legalización. El trámite de Legalización de Firmas, al igual que la Apostilla, tiene como fin autentificar el origen de un documento público con el fin de que éste surta efectos jurídicos en el extranjero.

De este modo, la única diferencia entre legalización y apostilla es que la Apostilla se tramita cuando el país en donde se pretende surta efectos jurídicos el documento es miembro de la convención, mientras que la legalización se utiliza para aquellos casos en donde el país donde pretendemos surta efectos el documento NO forma parte de la Convención de la Apostilla.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS




Tesis y Jurisprudencia

DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. SU EFICACIA DERIVA TANTO DE LA APOSTILLA COMO DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR.
Número de registro 173779Tesis:I.3o.C.579 C 

De acuerdo con el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para dar valor probatorio a los documentos públicos extranjeros, como son, indudablemente, las actuaciones judiciales, es menester remitirse a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyos artículos 543 y 546, prevén, respecto de cuestiones internacionales, no sólo la armonía entre las disposiciones del propio ordenamiento federal con los instrumentos internacionales signados por México, sino incluso la subordinación de aquél a estos últimos, así como la necesidad de que las autoridades consulares mexicanas legalicen los documentos públicos extranjeros. Por ende, resulta necesario atender a lo dispuesto en los instrumentos bilaterales o multilaterales de carácter internacional suscritos por México para verificar cuáles son los requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros. La Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, es precisamente el instrumento internacional aplicable, y establece un trámite de legalización única, denominado apostilla, consistente en colocar sobre el propio documento tal apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. La apostilla, entonces, certifica que ciertos documentos sí fueron expedidos en el territorio de determinado país para que sean válidos en el exterior; constituyen así la forma de legalización de un documento público extranjero para que esa diversa nación, en el caso México, reconozca su eficacia jurídica. Con esa apostilla ya no será exigible el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos, por lo que se simplifica el trámite de reconocimiento de la mencionada eficacia, de manera que basta que un documento cuente con tal certificación para merecer el valor probatorio inherente a los documentos públicos, con lo que a pesar de la exigencia prevista en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre la legalización a cargo de las autoridades consulares mexicanas, dicho trámite se torna innecesario, si se reúne el requisito de la apostilla. En efecto, la simplificación que deriva del pacto internacional citado, se establece en beneficio del interesado para la presentación de documentos públicos extranjeros; no obstante, de no tener la apostilla, sino la legalización consular, esta última sí podrá tener eficacia, en la medida en que se ajusta al citado precepto del ordenamiento adjetivo civil federal, que continua como derecho vigente. De modo que, si las copias certificadas de actuaciones judiciales extranjeras contienen una legalización consular, en lugar de una apostilla, cumplen con las exigencias procesales para merecer valor probatorio, sin que sea indispensable la apostilla, dado que ésta beneficia a quien tramite un documento público extranjero para presentarlo en juicio seguido en México, sin que impida que realice el diverso trámite que está legalmente previsto y, por tanto, también es válido, aunque inexigible si se opta por la apostilla.

DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA SU VALIDEZ EN EL PAÍS NECESITAN DE LA «APOSTILLA» CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
Número de registro 189721Tesis: XI.2o.24 K 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se publicó la “Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros.”, aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, la cual en su artículo 1o. estableció su aplicación a los documentos públicos que hubieran sido autorizados en el territorio de un Estado contratante, en tanto que en su precepto 2o., a más de otorgar la facultad a cada entidad federativa de eximir de legalización a las probanzas de la naturaleza que aquí se trata, también determinó los requisitos que debería satisfacer el acto relativo a la legalización y, en su artículo 3o., previó: “La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento.-Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento.”. Por tanto, aun cuando en la legislación civil del Estado no exista precepto que establezca el requisito de la apostilla, en tratándose de documentos públicos provenientes del extranjero, empero, atendiendo al principio de supremacía constitucional a que se contrae el artículo 133 de la Carta Magna, es evidente que para certificar la autenticidad de aquéllos se requiere de la fijación de la “apostilla” descrita en el artículo 4o. de la referida convención; más todavía, porque no existe disposición en la legislación michoacana que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento.

DOCUMENTOS PUBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAIS REQUIEREN DE LA «APOSTILLA» QUE EXIGE LA CONVENCION PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
Número de registro 200916Tesis: XV.1o.21 C 

La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la “Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: “Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.” En su artículo 3o., prevé: “La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento.” Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la “apostilla” descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento.

APOSTILLA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO. AUN CUANDO EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN CONTEMPLE DICHA EXIGENCIA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEBE ESTARSE A LO QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN SUSCRITA EN LA CIUDAD DE LA HAYA, HOLANDA, Y PROMULGADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE AGOSTO DE 1995.
Número de registro 2003473Tesis: XI.C.9 C (10a.) 

El requisito de la “apostilla” de documentos públicos expedidos en el extranjero, fue suprimido en la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en la ciudad de La Haya, Holanda, el 5 de octubre de 1961, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1995, por lo que aun cuando el numeral 428 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán contemple dicha exigencia, debe estarse a lo dispuesto por la mencionada convención, al ser de observancia obligatoria en todo el país, acorde con el precepto 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO, OBTENIDOS POR MENSAJE DE DATOS O MEDIOS ELECTRÓNICOS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE REQUIERE DE SU LEGALIZACIÓN O DE LA APOSTILLA, SEGÚN CORRESPONDA (CÓDIGO DE COMERCIO).
Número de registro 161319Tesis: I.9o.C.183 C 

Si bien los documentos o datos extraídos por los medios electrónicos tienen valor probatorio, como se advierte de los artículos 89, 89 bis, 90, 91, 91 bis, 92, 93, 94, 95 y 1205 del Código de Comercio, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, también lo es que cuando los documentos tengan el carácter de públicos provenientes del extranjero, deben presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes, conforme al numeral 1248 del ordenamiento legal citado en primer término, a efecto de que hagan fe en el territorio nacional; por tanto, aunque aquellas normas establecen que los datos obtenidos por la vía electrónica tienen valor probatorio, no significa que deba otorgarse un alcance del que carecen; además, en su caso, debe considerarse si la nación de donde provienen los documentos o datos en cuestión, forma parte del Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes o de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, pues el primero exige su legalización, y el segundo, aunque exime de tal requisito, sí exige que tales documentos deben contener la apostilla correspondiente, para su eficacia probatoria en el país.

DOCUMENTOS PÚBLICOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO. LA FALTA DE LEGALIZACIÓN O APOSTILLA NO INVALIDA SU EFICACIA PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL FEDERAL, CUANDO SE CERTIFICA SU AUTENTICIDAD POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO Y EL ESTADO DEL QUE PROCEDEN SEAN PARTE.
Número de registro 161636Tesis: III.2o.P.270 P 

Los documentos públicos procedentes del extranjero sí revisten el pleno valor probatorio que en cuanto a su autenticidad les confiere el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, pese a que adolezcan de la legalización o apostilla respectiva, siempre que se recaben con motivo de una solicitud de asistencia jurídica realizada con sustento en un tratado internacional del que México y el Estado del que proceden sean parte, y se encuentren certificados por cualquiera de los medios que en el mismo se establezcan, cuando así se requiera expresamente, como sucede en el caso de que se contengan en copias simples, pues de esa manera se satisfacen los requisitos que para ello prevé el diverso numeral 282, fracción II, del mencionado ordenamiento legal.

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA. SI EL ACTA DE DEFUNCIÓN EXHIBIDA PARA HACER SU DENUNCIA SE LEVANTÓ EN EL EXTRANJERO Y CARECE DE LA APOSTILLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONVENCIÓN DE LA MATERIA, DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS ALLEGUE DICHO DOCUMENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES.
Número de registro 167616Tesis: III.5o.C.143 C 

Del artículo 843 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprenden los requisitos de la denuncia de un juicio sucesorio ab intestato, los cuales consisten en la exhibición de las probanzas que demuestren el fallecimiento del autor de la herencia; la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los nombres y domicilios de los parientes en línea recta y del cónyuge sobreviviente o, en su caso, el de los colaterales dentro del cuarto grado; de ser factible, las copias de las partidas del Registro Civil con las que se justifique el parentesco, y las copias del escrito de denuncia y de los documentos mencionados. De lo que se sigue que de dicho precepto no se advierte facultad otorgada al Juez para que deseche una denuncia si falta alguna de esas exigencias. En ese contexto, si el acta de defunción exhibida para hacer su denuncia se levantó en el extranjero y carece de la apostilla prevista en el artículo 2o. de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, debe prevenirse al promovente para que en el término de cinco días subsane las irregularidades (conforme al artículo 135 del cuerpo de leyes referido, que precisa que cuando para la práctica de algún acto judicial o el ejercicio de un derecho no exista término establecido en tal ordenamiento, se concederá el plazo aludido), con fundamento en el principio de legalidad que estriba en que las autoridades sólo pueden actuar en los términos en que la legislación se los permite, aunado al diverso de especialidad referente a que las leyes reguladoras de supuestos particulares deben ser aplicadas preferentemente a las que contemplan hipótesis generales; sobre todo si se toma en cuenta que el juicio sucesorio es un proceso de carácter universal en el que regularmente no existe pugna entre los interesados, toda vez que se trata de un trámite que no implica un ejercicio potestativo de una acción real o personal, además es de orden público e interés social, no violentándose con ese proceder derecho contra persona alguna.

PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. ALCANCE DE LA APOSTILLA CUANDO SON VALIDADOS POR UN FUNCIONARIO PÚBLICO.
Número de registro 168445Tesis: III.2o.C.149 C 

El contenido de los artículos 2 a 5 de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, revela que por regla general, la legalización por parte de la autoridad facultada involucra tres aspectos: a) la autenticidad de la firma; b) la calidad en que el signatario del documento haya actuado; y, c) en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente; sin embargo, cuando lo actuado por un notario público extranjero al extender el poder general (mandato) fue certificado por un funcionario con fe pública, la apostilla a que se refiere el instrumento internacional en cita, tendría que abarcar sólo a la persona que autenticó el documento notarial en ejercicio de sus atribuciones, pues la certeza alrededor de autenticidad de la firma y facultades del notario derivan de la certificación realizada ante la autoridad extranjera; consecuentemente, así se cumple el trámite de validación única para que el mandato surta sus efectos en territorio nacional que consiste en colocar sobre el propio documento tal apostilla o anotación que certifique la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país, esto es, la apostilla sólo verificará la autenticidad de la firma del funcionario que certificó el documento notarial, salvo prueba en contrario.

PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. TIENEN ESE VALOR LAS CERTIFICACIONES OFICIALES PUESTAS SOBRE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO Y QUE CUENTAN CON LA «APOSTILLA», DE ACUERDO CON LA CONVENCIÓN POR LA QUE SE SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
Número de registro 179795Tesis: III.2o.P.132 P 

En lo que se refiere a las pruebas documentales provenientes del extranjero, como lo son las certificaciones puestas sobre documentos privados por notarios públicos (en que se contienen menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de fechas y autenticaciones de firmas), y que además se encuentran avaladas con la correspondiente “apostilla”, es oportuno mencionar que la valoración que debe otorgarse a esos medios es la de pruebas documentales públicas, dada la jerarquía de que están revestidos los tratados internacionales en relación con la legislación secundaria, así como lo referente a la observancia que debe tenerse de los aludidos tratados, para catalogar así a las pruebas de que se habla (dotadas por la norma procesal aplicable, con pleno valor convictivo), pues al efecto el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 543 y 546, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, previenen la comentada jerarquización, cuya existencia toma sustento en la cooperación procesal internacional en la que México participa, máxime que en lo referente a la naturaleza de las pruebas documentales, debe tomarse en cuenta que por provenir del extranjero cuentan con la correspondiente formalidad (apostilla) a que se refieren los artículos 3, primer párrafo y 4, ambos de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, concluida en la ciudad de La Haya el día cinco de octubre de mil novecientos sesenta y uno, dado que la aplicación de la mencionada convención, según el texto del numeral 1, inciso d), de la misma, recae sobre los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante, considerándose como documentos públicos en el sentido de la aludida convención, entre otros, precisamente a las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como las menciones de registro, las comprobaciones sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones de firmas.


www.conceptolegalmx.com

COMPARTE