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ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO

Artículo 11 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

De conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

      • Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.
      • Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.
      • Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223”, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30” en todos sus modelos.
      • Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
      • Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.
      • Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta.
      • Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.
      • Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.
      • Bayonetas, sables y lanzas.
      • Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.
      • Aeronaves de guerra y su armamento.
      • Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.
      • En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2015091
Tesis: 1a./J. 48/2017 (10a.)
 

La fracción III del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dispone el tipo penal de portación sin permiso de las armas previstas en los incisos c), d), e), f), g), h), j), k) y l), del numeral 11 de esa ley, por lo que la sanción será de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa. Ahora bien, el último párrafo del artículo 83 en comento prevé la agravante consistente en que tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la referida fracción III, conforme a la cual la pena que corresponda imponer a cada uno de los sujetos activos se aumentará al doble. En ese tenor, si se parte de la literalidad del texto en el que se precisó la agravante de mérito, se puede advertir que la portación debe ser de las «armas», es decir, conforme a tal redacción se dispuso que fueran más de una, ya que lo relevante es la existencia de tres o más personas, integrantes de un grupo, así como la disponibilidad o alcance que tengan sobre diversos artefactos bélicos. Además, no puede disgregarse el número de sujetos activos y la cantidad de armas que deben portar, sino que es necesario que se configuren tales elementos derivado de las razones que consideró el legislador para aumentar al doble la sanción, a saber, la severidad con que debe ser sancionada la capacidad de ataque de los integrantes de un grupo (tres o más personas), ya que si portan al menos dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, el peligro para la sociedad se eleva exponencialmente, en virtud del impacto masivo de las armas y su combinación con el número de sujetos activos que las portan. De allí que, la agravante del último párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, requiere para su actualización que el grupo integrado por tres o más personas, lleven consigo dos o más armas de las antes referidas, derivado de que su capacidad de ataque se potencializa y pone en riesgo de manera considerable el bien jurídico que se pretende proteger.

Número de registro 2011694
Tesis: 1a./J. 1/2016 (10a.)
 

El mencionado precepto contempla un solo delito de acopio, entendido como la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuya sanción depende de las características específicas de los artefactos bélicos objeto del ilícito. Ahora bien, los parámetros distintos de punibilidad se justifican por la diversidad de las armas descritas en el artículo 11 de la ley de la materia y la específica potencialidad lesiva de cada una de ellas. En ese contexto, atendiendo al proceso legislativo que dio origen a dicho dispositivo normativo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que si en el conjunto de armas objeto del delito existen diferentes clases de armamento, basta con que cualquiera de ellas esté contemplada dentro de las mencionadas en la fracción II del artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que se imponga al sujeto activo la pena prevista en dicha porción normativa, toda vez que la relevancia penal del acopio no sólo se basa en un aspecto numérico, vinculado al universo de armas que se poseen de manera ilícita -mayor a cinco-, sino también en uno de carácter material -relativo a su potencialidad lesiva-. Lo mismo sucede tratándose de las armas descritas en la primera parte de la fracción I, en relación con las mencionadas en la segunda parte de dicha fracción. Consecuentemente, el delito aludido se actualiza por la posesión de más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, independientemente de que estén o no comprendidas en la misma categoría; sin que la conclusión alcanzada desatienda el principio de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la imposición de penas por simple analogía o por mayoría de razón, ya que tanto el delito de acopio, como su punibilidad diferenciada, están perfectamente establecidos en la legislación de la materia, permitiéndole al juzgador imponer una sanción proporcional a la gravedad del hecho.

Número de registro 2007741
Tesis: PC.XV. J/1 P (10a.)
 

Se actualiza el concurso real de delitos cuando en un mismo momento el sujeto activo porta un arma de fuego y posee cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y, al propio tiempo, mantiene dentro del rango de acción y disponibilidad algún narcótico, en la medida en que el artículo 18 del Código Penal Federal, establece que existe concurso real cuando se despliegue una pluralidad de conductas ilícitas independientes entre sí, mientras que el concurso ideal se configura cuando se despliega una sola conducta que transgrede diversos tipos penales, guardando unidad delictiva; de ahí que la simple circunstancia de que exista una pluralidad de conductas que violen diversos tipos penales que guarden interdependencia entre sí, es suficiente para actualizar el concurso real, al margen de que algunas de esas conductas múltiples puedan contener unidad delictiva, en atención a que lo importante para la actualización del concurso real, es la pluralidad de actos o acciones independientes entre sí y la diversidad de delitos que con éstos se cometan, lo que ocurre cuando se violentan tanto la Ley General de Salud o el Código Penal Federal, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que cada delito puede actualizarse en forma disociada, en la medida en que las conductas tuteladas por esas legislaciones no integran una verdadera unidad delictiva.

Número de registro 2006425
Tesis: 1a. CLXXXIX/2014 (10a.)
 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la prohibición establecida en el precepto citado, consistente en la posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, así como el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2003, de rubro: «CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.», son aplicables a los miembros de una corporación policiaca, aun cuando argumenten que tienen la posibilidad de poseer tanto armas como cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas por las funciones que realizan, y bajo la premisa de que la prohibición sólo aplica a los particulares. Lo anterior es así, en virtud de que el hecho de ser policías no los extrae del supuesto de prohibición de la norma, ya que no son miembros de las fuerzas armadas, ni tienen un permiso para portar armas y cartuchos reservados, en cualquier cantidad; de ahí que los policías caen dentro de la categoría normativa de destinatarios de la prohibición de portación de ese tipo de armas y cartuchos, ubicándose en la categoría de «particulares» a los que se refiere el criterio jurisprudencial invocado.

Número de registro 160203
Tesis:  XVI.P. J/7 (9a.)
 

El artículo 83 Quat, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos penaliza la posesión de cartuchos si son «para las armas» comprendidas en los incisos distintos al a) y b) del artículo 11 de la misma ley, el cual, no sólo prevé armas, sino que describe todo un catálogo de armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora bien, el inciso f) del citado artículo 11, sólo hace referencia a municiones para las armas mencionadas en los incisos a) al e) y a cartuchos con artificios especiales, por lo que es inconcuso que dicho inciso debe quedar excluido de la remisión que hace la fracción II del mencionado artículo 83 Quat. En ese sentido, resulta ilegal la determinación de la autoridad jurisdiccional, por indebida fundamentación y motivación, si en ella se afirma que se actualiza aquel delito en virtud de que los cartuchos encontrados son útiles para las armas comprendidas en el referido inciso f), toda vez que, se reitera, al no contemplar tal inciso armas sino municiones mencionados en los incisos a) al e) y cartuchos con artificios especiales, debe quedar excluido de la remisión que hace la señalada fracción II. Sin que pase desapercibido lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 127/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 39/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 180, de rubro: «CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO CON CALIBRE PERMITIDO. SI CUENTAN CON ARTIFICIOS ESPECIALES, SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD.», en la que señaló que: «el inciso f) del artículo 11 debe considerarse comprendido dentro de la fracción II del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se refiere a todos los incisos diferentes al a) y al b) del artículo 11, por lo que la penalidad al delito de posesión de cartuchos de calibre permitido, pero con artificios especiales, deberá imponerse con base en dicha fracción»; puesto que en tal asunto el tema central fue diverso al que ahora se estudia, a saber, el relacionado con la punibilidad de la posesión de cartuchos para armas de fuego con calibre permitido pero con artificios especiales, independientemente de la cantidad.

Número de registro 160663
Tesis: 1a./J. 99/2011 (9a.)
 

El hecho punible del tipo penal previsto en el citado precepto, contempla la realización de una conducta activa consistente en portar un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, acompañada concomitantemente de una circunstancia adicional referente a la falta del «permiso correspondiente» que legitime al sujeto activo para su portación. Ahora bien, el artículo 29 del ordenamiento arriba indicado, que regula las licencias oficiales para la portación de armas, así como los numerales 33 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y 34 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, exigen que los policías que porten armas lleven consigo la identificación personal expedida por autoridad competente, que contenga inserta la autorización para portar un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Sin embargo, si el policía municipal, estando en servicio, porta dicha arma sin contar, en el momento de su detención, con la credencial de la corporación, desde que es puesto a disposición del Ministerio Público queda sujeto a demostrar la existencia de dicho permiso, lo cual se colma con la credencial de la corporación antes mencionada o, en su defecto, con el oficio de resguardo del arma, pues de considerar a la credencial como único elemento de descargo, se estaría limitando la garantía de defensa que asiste constitucionalmente a todo inculpado. Lo anterior, porque la tramitación, gestión y obtención de la licencia colectiva que ampara el uso y portación de armas de fuego de una corporación policiaca no corresponden a su personal operativo, ni podría imputarse a éstos la falta de ella.

Número de registro 181310
Tesis: 1a./J. 29/2004
 

Según el artículo 84, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos participar en la introducción al país en forma clandestina de municiones o cartuchos para armas de las que son reservadas del uso exclusivo de las fuerzas armadas es delito y, por otro lado, también constituye una conducta típica si se trata de cartuchos o municiones que no sean de armas de uso reservado, ya que tal artículo, en su parte final, incluye en el tipo penal la participación en la introducción a territorio nacional en forma clandestina de cualquier munición, cartucho, explosivo o material «sujetos a control de acuerdo con esta ley»; por lo que si se trata de cualquiera de tales objetos, cuya regulación esté inmersa en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, será punible.

Número de registro 184957
Tesis: 1a./J. 1/2003
 

De la interpretación sistemática de los artículos 9o.1010 Bis115077, fracciones I y IV, y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se desprende que el legislador excluyó a los particulares la posibilidad de poseer o portar armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como los cartuchos correspondientes para aquéllas, por lo que la posesión de éstos sí puede ser objeto de las penas que prevé el último numeral citado. Esto es así, porque si bien en la ley no se señaló cantidad alguna para la posesión de los cartuchos correspondientes a las armas de uso exclusivo, ello fue, precisamente, porque las diversas conductas de posesión o portación de este tipo de armas se consideran constitutivas de delito cuando se llevan a cabo por quien no pertenece a los institutos armados, por lo que si no existe autorización a este respecto, tampoco puede haberla para poseer los cartuchos correspondientes. No es óbice a lo anterior, el que la fracción I del referido numeral 83 Quat se refiera a la expresión «cantidades mayores a las permitidas», pues ello no debe entenderse en forma gramatical, sino de manera sistemática, esto es, si se parte de la premisa de que el legislador expresamente prohíbe la posesión o portación de armas reservadas para el uso exclusivo de las instituciones castrenses a los particulares, es evidente que la posesión de los cartuchos, que resultan accesorios a dichas armas, también está prohibida y, por ende, la tenencia de cualquier cantidad de ellos resulta punible, además de que tal expresión se refiere a cartuchos pertenecientes a armas permitidas a los particulares en términos del artículo 50 de la ley referida. Estimar lo contrario llevaría a la conclusión errónea de que existe autorización para contar con cartuchos para armas que están expresamente prohibidas para los particulares.

Número de registro 188147
Tesis: III.1o.P. J/10
 

En los casos de portación de armas de fuego calibre 9 mm., dado que las mismas se encuentran referidas tanto en la fracción I del artículo 9o., como en el inciso b) del artículo 11, ambos preceptos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es indispensable que obre en el proceso un dictamen en balística e identificación de armas en el que los peritos describan las características del arma, así como su funcionamiento y calibre, para establecer que se trata no sólo de una pistola calibre 9 mm., sino además si es o no Mausser, Luger, Parabellum, Comando, o un modelo o marca similar a éstas, del mismo calibre; peritaje que habrá de contener los razonamientos en que se basa la opinión de los expertos y las operaciones o experimentos propios de su arte que los llevaron a identificar el arma, a fin de que el juzgador pueda conocerla y ubicarla en el dispositivo legal correspondiente, para determinar si la conducta del sujeto activo configura el delito tipificado por el artículo 81 o el diverso tipo penal previsto por la fracción II del artículo 83, los dos numerales de la citada Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De no contar con una prueba pericial emitida en estos términos, se está en la imposibilidad técnica de tipificar legalmente la portación ilícita y el acusado queda en estado de indefensión, por el dogmatismo que encierra un dictamen en el que, sin más consideraciones, los peritos se concretan a señalar el artículo de la ley federal especializada de la materia en el que afirman está clasificada el arma examinada.

Número de registro 189282
Tesis: 2a./J. 25/2001
 

El artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que establece que se sancionará con prisión de cinco a diez años al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cuando se trate de las comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 del propio ordenamiento, no contiene una pena inusitada ni trascendental y, por tanto, no transgrede el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, por un lado, independientemente de que la pena de prisión esté prevista en el precepto primeramente citado, lo que de suyo no la hace constitucional, lo cierto es que no se deja a la autoridad judicial la decisión de imponer una pena que no se encuentre contemplada en ley, y la misma no resulta desproporcionada conforme al sistema jurídico mexicano, atendiendo a la gravedad del delito en relación con otros sancionados con penas análogas, sino que corresponde a lo que ha sido reconocido como forma normal de castigar conductas delictivas y respecto al término por el que puede imponerse se vincula con la ratio legis del delito y de la pena señalados, que consiste en la protección de la paz y tranquilidad públicas y en la reducción del número de delitos cometidos con arma de fuego; y, por otro, la mencionada pena no se impone a personas inocentes que tengan alguna relación de parentesco o afinidad con el delincuente, lo que revela que tampoco es trascendente.

Número de registro 189636
Tesis: 2a. XLIV/2001
 

Si se toma en consideración que el bien jurídico protegido constituye la base sobre la cual se construye la hipótesis delictiva, por lo que no puede existir algún tipo penal sin la pretensión de salvaguardar un determinado bien jurídico, entendiéndose por éste todo interés vital del individuo o de la colectividad protegido por la ley penal, resulta inconcuso que en el delito previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el bien jurídicamente tutelado no es el derecho de exclusividad de esas armas, sino la seguridad pública. Ello es así, porque del proceso legislativo que le dio origen, se advierte que se trata de una conducta tipificada que encuadra dentro de los llamados delitos de peligro, inspirados en medidas de política criminal para sancionar acciones que acusan temibilidad; por tanto, si con la comisión de ese ilícito se pone en riesgo la seguridad pública, ésta constituye el bien jurídico tutelado en esa hipótesis delictiva; que además, justifica el trato diferencial que se establece para regular y sancionar la portación de armas de diversos calibres. Por otro lado, la circunstancia de que el ilícito en cuestión esté contemplado en la citada ley especial y no en el capítulo relativo a los delitos que atentan en contra de la seguridad pública, contenido en el Código Penal Federal, no significa que éste no sea el bien tutelado por tal ilícito, sino que ante la necesidad de adecuar una ley federal que armonizara la garantía consagrada en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el imperativo del Estado de controlar de manera efectiva y unitariamente todo lo relacionado con las armas de fuego, se determinó expedir dicha ley, pues al reglamentar todas las actividades relacionadas con éstas se coadyuvaría al logro de la seguridad pública, estableciendo las condiciones y los requisitos para autorizar la portación de armas, con la finalidad de garantizar la tranquilidad en el país, a efecto de evitar, en lo posible, los hechos de sangre y el pistolerismo, el mal uso de las armas y asegurar el respeto a la vida y a los derechos de los demás, así como proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad; debiendo añadir que la ley penal no está constituida exclusivamente por el código de la materia, sino también por el derecho penal especial, bajo cuya denominación se comprenden todas las conductas típicas existentes en leyes administrativas federales que contemplan, en un apartado de su contenido, el capítulo represivo en el que señalan conductas delictuosas, sancionables generalmente con penas de prisión y multa.

Número de registro 190548
Tesis: 1a./J. 36/2000
 

En términos de lo dispuesto en el artículo 11, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra facultada para otorgar licencias oficiales colectivas a las corporaciones policiacas para la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora bien, si un miembro de dichas corporaciones porta un arma de las reservadas a las fuerzas armadas, legitimado en razón del permiso o licencia con que cuenta en virtud de su cargo, aun estando fuera del horario de servicio o en lugares no autorizados, es inconcuso que no se integra el delito de portación de arma para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83 del ordenamiento legal de referencia, pues para que se integre aquél se requiere, como elemento del tipo penal, que el activo carezca de licencia. Esto es, si el precepto últimamente citado dispone que comete el referido delito quien sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entonces, al contar con la autorización para portar el arma a su cargo, derivada de la licencia colectiva otorgada por la mencionada secretaría, no se concreta el elemento normativo descrito en el tipo penal, consistente en la ausencia del permiso respectivo y la circunstancia de que el miembro de la corporación policiaca haya infringido los términos del permiso otorgado para la portación del arma, no incide en forma alguna sobre la existencia del permiso mismo, sino que constituye una conducta ilícita que ameritaría, en su caso, una sanción de naturaleza diversa a la penal.

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