ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

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ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN


Artículo 252 Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo 17-B Código Fiscal de la Federación

El artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles define a la Asociación en Participación como un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Por su parte el Código Fiscal de la Federación en su artículo 17-B la define como el conjunto de personas que realizan actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad.

Las partes que interviene son por un lado; el “Asociante” y por el otro lado el o los “Asociados”, y al respecto el artículo 256 de la ley de la materia establece que “El asociante” obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados.

La Ley General de Sociedades Mercantiles no reconoce a la Asociación en Participación como una Sociedad Mercantil, tampoco le reconoce personalidad jurídica propia y por tanto establece que no goza de denominación ni razón social. El único requisito que exige la ley mercantil para su constitución, es que debe constar por escrito y no está sujeto a registro alguno. De este modo, debemos entender que en la Asociación en Participación “El asociante” es el único elemento activo y su voluntad es individual porque no es un órgano de ninguna voluntad colectiva; simplemente se confía en él, en su diligencia, en su pericia y en su éxito; lo único en que participan los asociados, es en el resultado de su actividad. Dicho de otro modo, el Asociante obra en nombre propio y no hay relación jurídica entre los terceros con los que trate, pues al no ser una sociedad como tal, no hay responsabilidad solidaria y mucho menos subsidiaria entre Asociante y Asociados, pues la relación contractual es únicamente para compartir los resultados y no las obligaciones.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS


Tesis y Jurisprudencia

CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y COMPRAVENTA. SU DISTINCIÓN.
Número de registro 166991Tesis: I.3o.C.740 C El contrato de asociación en participación está regulado por el artículo 2670 del Código Civil del Distrito Federal que señala: “Cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación.”. Conforme a dicho precepto, la asociación en participación, es el conjunto de personas, reunidas para llevar a cabo una actividad común, participando los integrantes en el resultado de dicha actividad. El objeto que se persigue es la realización de un negocio de cuyo resultado participará el asociado. En tal virtud, la asociación en participación es un contrato por medio del cual, una persona denominada asociado, otorga dinero, bienes o servicios, a otra denominada asociante, para la realización de un fin común lícito que no tenga carácter preponderantemente económico. En la materia mercantil la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 252 regula la figura jurídica de que se trata en los términos siguientes: “La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.”. Conforme al texto legal de que se trata una persona se obliga con otra u otras, a participarles de las utilidades de un resultado. En este tipo de contrato, el asociante es el dueño del negocio en el que otorga participación al asociado, mediante una aportación que éste efectúa, pero sin que por esto se llegue a constituir una relación jurídica en la que en la dirección y manejo de ésta, puedan intervenir directamente las partes. Como todos los contratos, el de asociación en participación, debe reunir ciertos requisitos a efecto de ser legal. Lo anterior tiene como consecuencia, que el motivo para la celebración de estos contratos, invariablemente será de naturaleza mercantil. Por el contrario, el contrato de compraventa que regula el artículo 2248 del Código Civil para el Distrito Federal, es un acuerdo de voluntades en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. El objeto directo principal de este contrato es el de transmitir el dominio de un bien, cosas o derechos determinados. Los elementos esenciales de todo contrato son el consentimiento y el objeto, el primero se define como el acuerdo de dos o más voluntades para producir efectos de derecho; en el contrato de compraventa se puntualiza como el acuerdo de voluntades que tiene por objeto transmitir el dominio de una cosa o de un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero, mientras que en el contrato de asociación en participación mercantil se reduce a la voluntad del asociado de otorgar dinero, bienes o servicios para la realización de un negocio mercantil a cambio de que se le participe de las utilidades y pérdidas de éste. En ese contexto, cuando una persona suscribe un contrato, al cual se le da lectura, del que se advierte la calidad de los contratantes (asociante-asociado), y no (comprador-vendedor) o en el que se establece su objeto (realización de un negocio de cuyo resultado participará el asociado), y no la transmisión del dominio de las cosas o derechos, en el que se precisó una participación equivalente como contraprestación a la cual se hará acreedor de conformidad con las aportaciones realizadas, implican que esas características son de un contrato de asociación en participación y que no se trata de un contrato de compraventa, puesto que es del conocimiento general que las partes de este contrato son vendedor y comprador y que su objeto principal es la adquisición de un bien a cambio de un precio en dinero, o sea, la transmisión de derechos y obligaciones. En tal virtud, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio que establece que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que quiso obligarse. Por ello, quien firma un acuerdo de voluntades debe asumir los riesgos en que se colocó al actuar en ese sentido, ya que al firmarlo tuvo que leerlo como diligencia ordinaria y darse cuenta que no se le denominó contrato de compraventa, sino de asociación en participación, que no tenía la calidad de comprador sino de asociado; por tanto, no puede invocar un error a la hora de la firma, puesto que evidentemente firmó un contrato de asociación en participación y con ello se sometió a la legislación mercantil.
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN EN LA. EMANA DE LA LEY, POR LO QUE NO ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE LAS PARTES.
Número de registro 167143Tesis: I.7o.C.131 C La naturaleza del contrato de asociación en participación ha sido discutida en la doctrina, la jurisprudencia y en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles que no la reconoce expresamente como una sociedad de este tipo; incluso, le niega los atributos de personalidad jurídica y denominación social. No obstante, lo fundamental es que en el artículo 259 de la ley de la materia se establece que a falta de estipulaciones especiales, para su funcionamiento, disolución y liquidación regirán en lo conducente las reglas relativas a la sociedad en nombre colectivo a la que sí se le reconoce la característica de ser una sociedad mercantil en cuanto no se opongan a lo preceptuado en el capítulo relativo a la asociación en participación. Así, a falta de regulación para la administración y rendición de cuentas para la asociación en participación, deben aplicarse las reglas generales para la sociedad en nombre colectivo concernientes a la administración de la sociedad, que estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas (artículo 36 de la Ley General de Sociedades Mercantiles); y la cuenta de administración, que se rendirá semestralmente, si no hubiere pacto sobre el particular, y en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios (artículo 43 del mismo ordenamiento). Como se ve, la obligación de rendir cuentas sobre la administración de la asociación en participación emana de la ley, y deja libertad a las partes sólo para establecer la periodicidad con que deban llevarse a cabo, con la previsión de que pueda ocurrir en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios. Consecuentemente, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas, simultáneas o de otro tipo entre asociado y asociante, no admite servir de base para dejar de rendir la cuenta de administración de la asociación en participación.
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. ES ADMISIBLE LA RESCISIÓN PARA DISOLVERLA Y LIQUIDARLA.
Número de registro 171535Tesis: I.4o.C.115 C La interpretación sistemática de los artículos 50, 230 y 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles evidencia, que en la asociación en participación es admisible la rescisión para disolverla y proceder a su ulterior liquidación. Si bien es discutible la naturaleza del contrato de asociación en participación, en virtud de que la doctrina no es unánime en torno a decidir, si se trata o no de una sociedad mercantil, en tanto que la jurisprudencia la ha considerado como una sociedad oculta y la Ley General de Sociedades Mercantiles no la reconoce expresamente como una sociedad de este tipo, e incluso, le niega los atributos de personalidad jurídica y denominación social; sin embargo, lo fundamental es que el referido ordenamiento prevé que para su regulación se apliquen disposiciones rectoras de la sociedad en nombre colectivo. En efecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en varios preceptos la manera en que ha de regularse la asociación en participación; por ejemplo, el artículo 259 dispone que a falta de estipulaciones especiales, para su funcionamiento, disolución y liquidación regirán en lo conducente las reglas relativas a la sociedad en nombre colectivo (a la que sí se le reconoce la característica de ser una sociedad mercantil) en cuanto no se opongan a lo preceptuado en el capítulo XIII, donde se encuentra el numeral en cita. Dentro de las reglas generales que han de aplicarse supletoriamente a este tipo de asociaciones se advierten, entre otras, las concernientes a su disolución, específicamente las previstas en los artículos 50 y 230, ya que no pugnan con las disposiciones previstas en el referido capítulo XIII. Así, el artículo 50 determina que el contrato de sociedad podrá rescindirse respecto a un socio, entre otras causas, por infracción al pacto social, mientras que el diverso 230 establece que la sociedad se disolverá, entre otras razones, porque el contrato social se rescinda con relación a uno de los socios, evento en el cual se procederá a su liquidación con el correspondiente reparto de capital en términos del artículo 48. Por estas razones se justifica la afirmación de que el contrato de asociación en participación puede rescindirse en virtud de alguna infracción al pacto social, en cuyo caso el capital social no podrá repartirse, sino después de la disolución y previa liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros.

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