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CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículos 50, 51, 54 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En términos del artículo 50 Constitucional, el Poder Legislativo de deposita en un Congreso general que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

De conformidad con el artículo 51 Constitucional, la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario, se elige un suplente.

La Cámara de Diputados también conocida como Cámara baja, está integrada por un total de 500 diputadas y diputados. 300 diputadas y diputados son electos según el principio de votación de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y los 200 restantes son electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Ningún Partido Político puede contar con más de 300 diputados por ambos principios.

El artículo 74 Constitucional establece cuales son las Facultades Exclusivas de la Cámara de Diputados.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 161127
Tesis: 1a. CLXXIV/2011
 

Conforme a los artículos 8 y 18 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para nombrar a los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios de la citada paraestatal, el Presidente de la República someterá sus designaciones a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente para su ratificación por mayoría absoluta. Así, en el procedimiento para nombrar a los citados funcionarios, únicamente intervienen el Presidente de la República, la Cámara de Senadores y, en sus recesos, la Comisión Permanente, por lo que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no tiene facultades para intervenir en el citado procedimiento. Además, los actos realizados en éste, no afectan la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Cámara de Diputados, en virtud de que la intervención en el procedimiento de designación de los citados servidores públicos es una facultad exclusiva del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Por tanto, la controversia constitucional planteada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra ese tipo de actos es improcedente por no resentir este órgano algún tipo de agravio en su esfera competencial, sin que éste pueda desprenderse de su facultad de legislar sustantivamente en la materia de hidrocarburos, ya que su facultad legislativa sobre la materia no le genera una afectación, máxime si esta misma, al aprobar la ley en el procedimiento legislativo correspondiente, estableció la intervención de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente, en sus recesos, en el procedimiento de designación de estos consejeros, además de tratarse de un procedimiento de integración orgánica y de administración del organismo encargado de esta materia, esto es, Petróleos Mexicanos, y no así sobre la regulación material del insumo.

Número de registro 164833
Tesis: I.13o.A.146 A
 

El Manual General de Organización de la Cámara de Diputados rige internamente a dicho órgano legislativo del Congreso de la Unión, por lo cual la obligación de difundirlo prevista en el artículo 30, numeral 1, tercer párrafo, inciso g), del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, para sustentar una causa de responsabilidad administrativa de sus servidores públicos, se satisface con su publicación en la Gaceta Parlamentaria, sin que sea necesario hacerlo en el Diario Oficial de la Federación, ya que no tiene la naturaleza de los ordenamientos a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, como son las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal que sean de interés general; tratados celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenan publicarse en el periódico oficial, así como aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el presidente de la República, por lo que en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 249/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 515, de rubro: «SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO, CON BASE EN LOS CUALES SE LES IMPONEN OBLIGACIONES Y ANTE SU INCUMPLIMIENTO PUEDE FINCÁRSELES RESPONSABILIDAD Y SANCIONÁRSELES, DEBEN PUBLICARSE EN EL ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE.», porque del contenido de la ejecutoria de la cual derivó se advierte que se refiere sólo a los manuales correspondientes al Poder Ejecutivo.

Número de registro 167841
Tesis:2a./J. 14/2009
 

Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, los órganos legislativos federales pueden ser representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos o por sus representantes legales, y acorde con el precepto 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados puede delegar la representación legal en la persona que estime necesario. En ese sentido, la persona designada por el indicado Presidente como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, independientemente de la denominación de su puesto, en caso de ser integrante de la misma entidad, puede legítimamente interponer el recurso de revisión contra la sentencia que conceda el amparo respecto de leyes que emitió, al no encontrarse dicha representación restringida a persona alguna.

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