CONCURSO IDEAL DE DELITOS

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CONCURSO IDEAL DE DELITOS


Artículos 18 Código Penal Federal

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, la palabra «concurso» deriva de la voz latina concursus que significa concurrencia, simultaneidad de hechos, causas o circunstancias. En materia penal este vocablo se refiere a la comisión de dos o más delitos.

Hay una división legal del concurso, siendo estas Concurso Ideal y Concurso Real.

En términos del artículo 18 del Código Penal Federal, existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos.

De esta manera, la característica esencial de la acumulación ideal o concurso formal es que, con una sola acción u omisión, se originen diversas violaciones a las normas penales.

Se ha establecido que para definir que existe un verdadero concurso ideal de delitos, ha de considerarse la actualización de diversos elementos, como los que enseguida se indican:

      • Unidad de acto o conducta (acción o incluso la omisión).
      • Violación de varias disposiciones legales.
      • Unidad delictiva. Esta condición que debe exigirse para la configuración del delito ideal, no debe definirse a partir de los bienes jurídicos que tutele cada delito, sino más bien, en el análisis que se efectúe de si cada delito puede actualizarse en forma disociada, y de si los delitos presentan una relación de interdependencia.

No hay concurso cuando las conductas constituyen un Delito Continuado.


Tesis y Jurisprudencia

ACUMULACION REAL Y ACUMULACION IDEAL, CONCEPTO DE.
Número de registro 258852 La diferencia entre el concurso formal y el material, radica en que mientras en el primero hay una sola conducta y varias lesiones jurídicas, cada una constitutiva de delito, en el concurso material hay varias conductas y varias lesiones entrelazadas, porque se dan dentro de una secuela delictiva. Si se trata de secuelas delictivas diversas, se está fuera del caso del concurso material, aun cuando pueda darse la acumulación procesal.
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO SE COMETEN SIMULTÁNEAMENTE LOS ILÍCITOS DE POSESIÓN DE CARTUCHOS, SANCIONADO POR LA FRACCIÓN I Y DE POSESIÓN DE CARTUCHOS, SANCIONADO POR LA FRACCIÓN II, AMBOS DEL ARTÍCULO 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
Número de registro 2021727Tesis: 1a./J. 4/2020 (10a.) 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para la actualización de un concurso ideal de delitos es necesario que la pluralidad de conductas integre una verdadera unidad delictiva. La unidad delictiva se manifiesta cuando entre las conductas existe una relación de interdependencia en tanto, dada su forma de materialización o momento de consumación, implican conductas indisociables. De ahí que configura un concurso ideal de delitos la actualización simultánea de los delitos de posesión de cartuchos, sancionados por la fracción I y por la fracción II del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A pesar de que la posesión coetánea de uno y otro tipo de cartuchos actualiza los supuestos de ambos tipos penales con una sanción diferenciada, existe una unidad delictiva que revela ser un acto de exteriorización de una conducta única. En ese sentido, por la forma de su comisión y el momento de su consumación, se trata de conductas que no pueden disociarse y que, además, impactan en la puesta en peligro del mismo bien jurídico tutelado, que es la seguridad pública.

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO Y POSESIÓN DE CARTUCHOS DEL MISMO CALIBRE, AMBOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA. SE ACTUALIZA UN CONCURSO IDEAL DE DELITOS CUANDO SE COMETEN DE MANERA AUTÓNOMA Y SIMULTÁNEA.
Número de registro 2014336Tesis: 1a./J. 19/2017 (10a.) 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el concurso ideal de delitos se caracteriza por la unidad delictiva, la cual atiende a la interdependencia entre los delitos de que se trate, esto es, que revelen elementos de conexión indisolubles o de dependencia recíproca, sin que ello se defina sólo a partir de los bienes jurídicos que tutelan, sino más bien con el análisis efectuado sobre si cada delito puede actualizarse en forma disociada o si presentan una relación de interdependencia. Consecuentemente, cuando se cometen autónoma y simultáneamente los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del mismo calibre, de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se actualiza un concurso ideal de delitos, porque ambos se ejecutan con una sola conducta, consistente en que el activo mantiene dentro de su rango de disponibilidad y acción los objetos materia de los ilícitos, con la cual se agotan concomitante e instantáneamente los elementos de los tipos penales; es decir, ese actuar se adecua a lo previsto en los artículos 83 y 83 Quat (sic) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se actualiza la unidad delictiva, pues se aprecia una interdependencia entre los dos delitos en cuestión, derivada de que los cartuchos son idóneos para reabastecer el arma y lograr con mayor eficacia la obtención del resultado formal, consistente en la inseguridad de la sociedad y la potencial afectación de otros bienes jurídicos, como la integridad física e incluso la vida; de ahí que existen elementos de conexión indisolubles, que revelan la dependencia recíproca entre los dos delitos, lo que genera una misma afectación a los bienes jurídicos tutelados, consistentes principalmente en la paz y la seguridad públicas.

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO SE COMETEN SIMULTÁNEAMENTE LOS ILÍCITOS DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA.
Número de registro 2006229Tesis: 1a./J. 15/2014 (10a.) 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para la actualización de un concurso ideal de delitos, es necesario que la pluralidad de conductas integren una verdadera unidad delictiva, lo cual se presenta cuando en aquéllas existe una relación de interdependencia, es decir, que por la forma como se materializan o el momento en que se consuman, se trate de conductas que no puedan disociarse. De ahí que la actualización simultánea de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previstos, respectivamente, en los preceptos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, configura un concurso ideal de delitos, pues con la portación de una y otra armas se actualizan los supuestos de ambos tipos penales, pero existe una unidad delictiva que revela ser un acto de exteriorización de una conducta única, ya que por la forma de su comisión y el momento de su consumación se trata de conductas que no pueden disociarse y que, además, impactan en la puesta en peligro del mismo bien jurídico tutelado, que es la seguridad pública.

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ILÍCITOS DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO Y POSESIÓN DE CARTUCHOS, AMBOS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, SI EN UN MISMO SITIO, EL ACTIVO TIENE ESOS ARTEFACTOS DENTRO DE SU RADIO DE ACCIÓN Y DISPONIBILIDAD.
Número de registro 2013300Tesis: IV.1o.P. J/8 (10a.) 

Del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se colige que la portación de arma de fuego de uso restringido a las fuerzas armadas del país, se actualiza cuando un sujeto la lleva consigo o la tiene dentro de su radio de acción y disponibilidad; en cambio, la posesión de cartuchos de uso reservado a que alude el diverso numeral 83 Quat de la ley especial en cita se surte al momento en que una persona ejerce dominio sobre ellos. Luego, en ambos supuestos existe un punto conceptual intermedio que comparten y que en el mundo de las circunstancias puede coexistir, aun cuando la conducta recaiga sobre objetos materiales distintos; de ahí que si la portación de arma no sólo se surte por traerla consigo el inculpado, sino por tenerla dentro de su radio de acción y disponibilidad, entonces cuando en un mismo sitio, dicho radio también lo tenga respecto de múltiples cartuchos para ese tipo de arma, se actualiza un concurso ideal de delitos, pues con una sola conducta se cometieron diversos ilícitos, violentando varias disposiciones penales autónomas, como lo refiere el artículo 18 del Código Penal Federal.

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA INAPLICACIÓN DE LA REGLA PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR PARA SANCIONARLO Y CONFIGURAR JUDICIALMENTE OTRA DISTINTA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE DIVISIÓN DE PODERES, YA QUE EL JUZGADOR ÚNICAMENTE PUEDE IMPONER LA PENA PREVISTA EXPRESAMENTE POR LA LEY, DEBIENDO HACERLO EN LOS TÉRMINOS CONTEMPLADOS POR EL PROPIO LEGISLADOR.
Número de registro 2023841Tesis: 1a./J. 46/2021 (11a.) Hechos: Con motivo de un incendio que se propagó rápidamente a una guardería perteneciente al esquema vecinal comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), perdieron la vida cuarenta y nueve menores de edad y resultaron lesionadas al menos cuarenta y tres personas más, en su mayoría niñas y niños. En la sentencia combatida se consideró que esos resultados típicos integraron un concurso ideal de delitos. Al ejercer un control de convencionalidad ex officio, el Tribunal de Alzada convalidó la decisión de inaplicar la regla sancionatoria prevista en el primer párrafo del artículo 64 del Código Penal Federal vigente al momento de los hechos y, en su lugar, sumar todas las penas de los injustos cometidos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la inaplicación de la regla prevista expresamente por el legislador para sancionar un concurso ideal de delitos y configurar judicialmente otra regla sancionatoria, no sólo vulnera el principio de legalidad reconocido en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución General, sino también el de división de poderes, establecido en el artículo 49 de ese mismo ordenamiento. 

Justificación: El principio de legalidad, de reconocimiento internacional, representa uno de los más importantes límites al ius puniendi en un Estado constitucional de derecho. Su observancia exige que tanto el delito como la pena deban estar establecidos en una disposición normativa formal y materialmente legislativa, previa, escrita, cierta y estricta, excluyéndose de ese modo la aplicación retroactiva en perjuicio, la costumbre como fuente del derecho punitivo, las cláusulas genéricas y la extensión analógica o por mayoría de razón in malam partem. Estas exigencias tienen como propósito fundamental evitar la arbitrariedad en la creación y aplicación de la ley penal. En ese sentido, por más que una conducta resulte nociva para la sociedad y revele la necesidad de ser penada, el Estado sólo podrá tomarla como razón para la aplicación de sanciones jurídico-penales si con anterioridad advirtió de manera expresa a las personas tal circunstancia a través de una ley formal y material, especificando sus posibles consecuencias. Derivado de lo expuesto, el juzgador únicamente puede imponer las penas expresamente previstas por la ley, debiendo hacerlo en los términos en que fueron contempladas por el legislador. En caso contrario, la autoridad judicial asumiría una función que no le corresponde, invadiendo indebidamente la esfera competencial del Poder Legislativo. Por ello, la creación judicial de un marco normativo no previsto por la ley viola también la división de poderes.

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA POTESTAD DE AUMENTAR LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO MAYOR CON LA DE LOS RESTANTES, ESTÁ CONDICIONADA A LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR ESA DECISIÓN (ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).
Número de registro 2022504Tesis: 1a./J. 53/2020 (10a.) Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar el artículo 64, párrafo primero, del Código Penal Federal, que prevé la potestad para aumentar las penas en caso de concurso ideal de delitos, llegaron a conclusiones distintas, pues mientras uno de ellos resolvió que la mencionada porción normativa faculta al juzgador a aumentar las penas, teniendo únicamente la obligación de justificar el monto del incremento, los otros sostuvieron que la indicada obligación de motivar abarca a la decisión misma de incrementar las sanciones y no sólo la magnitud del aumento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que con motivo de la reforma al párrafo primero del artículo 64 del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se eliminó la obligación de la autoridad judicial de incrementar, en caso de concurso ideal de delitos, la pena del injusto mayor con la de los restantes, permitiéndosele ahora decidir si la aumenta o no; de ahí que el ejercicio de esa potestad está condicionado al cumplimiento del deber de fundar y motivar dicha decisión, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es necesario exponer de manera concreta las razones particulares, circunstancias especiales o causas inmediatas tomadas en consideración para incrementar o no dicha sanción. 

Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que si se opta por el citado incremento, es necesario establecer bajo qué modalidad de las previstas en la ley se hace, en atención a la distinción que hizo el legislador en función de la naturaleza de las consecuencias jurídicas correspondientes, pues si aquéllas son similares, ese aumento podría ser hasta por la mitad del máximo de la duración de aquéllas, pero si no, existirá la posibilidad de imponer algunas, o bien, todas. Por otro lado, también se deberá motivar el quántum del incremento, debiéndose partir, respecto de la pena restrictiva de la libertad personal, del principio nulla poena sine necessitate, conforme al cual sólo resulta viable la imposición de la prisión por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir su propósito, más allá de cualquier argumento instrumentalista, pues es innegable que el valor de la persona humana impone una limitación fundamental a su duración. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para actuar o no de determinada manera, incluso, facultándola para disponer libremente el contenido de su proceder, tiene la insoslayable obligación de fundar y motivar su decisión. En efecto, el otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades no está prohibido por la Constitución General, ya que en ocasiones su uso puede ser conveniente o necesario para lograr la finalidad que la propia ley les señala; sin embargo, su ejercicio debe limitarse de modo que se impida la arbitrariedad en su actuar. Esa limitación puede provenir de la propia disposición normativa, la cual puede contener determinados parámetros para acotar el ejercicio de la atribución en forma razonable, o bien, de la obligación genérica de fundar y motivar todo acto de autoridad.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DEL CONCURSO IDEAL DE DELITOS.
Número de registro 165013Tesis: 1a./J. 68/2009 Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar el artículo 64, párrafo primero, del Código Penal Federal, que prevé la potestad para aumentar las penas en caso de concurso ideal de delitos, llegaron a conclusiones distintas, pues mientras uno de ellos resolvió que la mencionada porción normativa faculta al juzgador a aumentar las penas, teniendo únicamente la obligación de justificar el monto del incremento, los otros sostuvieron que la indicada obligación de motivar abarca a la decisión misma de incrementar las sanciones y no sólo la magnitud del aumento. 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 52, primer párrafo, y 64, primer párrafo, del Código Penal Federal, se concluye que para la imposición de las sanciones en caso de concurso ideal de delitos, la proporción de aumento de la pena se vincula a la pena individualizada para el delito que merezca la mayor, es decir, se parte de la pena individualizada del delito que merece la mayor y tomando en cuenta el grado de culpabilidad del procesado, dicha pena debe aumentar hasta la mitad de la sanción individualizada, sin considerar el mínimo y el máximo de la prevista en el tipo penal para el delito base. Esto es, tratándose del concurso ideal de delitos se individualizará y aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, y a esa pena se le aumentarán las correspondientes a los restantes delitos integrantes del concurso ideal, teniendo como límite hasta la mitad de la pena individualizada para el delito que mereció la mayor.

 

Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que si se opta por el citado incremento, es necesario establecer bajo qué modalidad de las previstas en la ley se hace, en atención a la distinción que hizo el legislador en función de la naturaleza de las consecuencias jurídicas correspondientes, pues si aquéllas son similares, ese aumento podría ser hasta por la mitad del máximo de la duración de aquéllas, pero si no, existirá la posibilidad de imponer algunas, o bien, todas. Por otro lado, también se deberá motivar el quántum del incremento, debiéndose partir, respecto de la pena restrictiva de la libertad personal, del principio nulla poena sine necessitate, conforme al cual sólo resulta viable la imposición de la prisión por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir su propósito, más allá de cualquier argumento instrumentalista, pues es innegable que el valor de la persona humana impone una limitación fundamental a su duración. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para actuar o no de determinada manera, incluso, facultándola para disponer libremente el contenido de su proceder, tiene la insoslayable obligación de fundar y motivar su decisión. En efecto, el otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades no está prohibido por la Constitución General, ya que en ocasiones su uso puede ser conveniente o necesario para lograr la finalidad que la propia ley les señala; sin embargo, su ejercicio debe limitarse de modo que se impida la arbitrariedad en su actuar. Esa limitación puede provenir de la propia disposición normativa, la cual puede contener determinados parámetros para acotar el ejercicio de la atribución en forma razonable, o bien, de la obligación genérica de fundar y motivar todo acto de autoridad.


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