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DELITOS CONTRA LA SALUD EN MATERIA DE NARCÓTICOS

Artículos 193, 194, 195, 195 Bis, 196 Ter, 197 y 198 Código Penal Federal

De conformidad con los artículos 193 y siguientes del Código Penal Federal, comente delitos contra la salud en materia de narcóticos quien:

      • Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos en listados al final de la presente definición, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.
          • Por Producir se entiende manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico.
          • Por Comerciar se entiende: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico.
          • Por Suministrar se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos.
      • Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos enlistados, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Si la introducción o extracción no llega a consumarse, pero de los actos realizados se desprende claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista.

      • Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los actos aquí enlistados.
      • Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias enlistadas.
      • Posea alguno de los narcóticos enlistados, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar la producción, transporte, trafico, comercialización, suministro aun gratuitamente o prescripción médica de dichos narcóticos.Para estos efectos, se entiende por posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona.
      • Desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley. Para estos efectos, son Precursores Químicos Las substancias fundamentales para producir narcóticos, por incorporar a éstos su estructura molecular. (Art.2 fracción VI LEY FEDERAL PARA EL CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS ESENCIALES Y MÁQUINAS PARA ELABORAR CÁPSULAS, TABLETAS Y/O COMPRIMIDOS)
      • Sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico de los enlistados.
      • Indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, algún narcótico de los enlistados, para su uso personal e inmediato.
      • Induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos enlistados.
      • Dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica.
      • En un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.
      • La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no es punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

Para los efectos de Delitos contra la salud en materia de narcóticos, únicamente son punibles las conductas que se relacionan con los psicotrópicos y demás sustancias a continuación enlistadas.

Denominación Común Internacional /Denominación Común o Vulgar

Denominación Química

CATINONA

(-)-a-aminopropiofenona.

MEFEDRONA

2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

DET

n,n-dietiltriptamina

DMA

dl-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.

DMHP

3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9- trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano.

DMT

n,n-dimetiltriptamina.

BROLAMFETAMINA

2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina.

DOET

d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-metilfeniletilamina.

+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25)

(+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-lisérgico).

MDA

3,4-metilenodioxianfetamina.

TENANFETAMINA (MDMA)

dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina

MESCALINA (PEYOTE; LO-PHOPHORA WILLIAMS II ANHALONIUM WILLIAMS II; ANHALONIUM LEWIN II

3,4,5-trimetoxifenetilamina

MMDA

dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-metilfeniletilamina

PARAHEXILO

3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6hdibenzo [b,d] pirano.

ETICICLIDINA (PCE)

n-etil-1-fenilciclohexilamina.

ROLICICLIDINA (PHP, PCPY)

1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina

PMA

4-metoxi-a-metilfenile-tilamina

PSILOCINA, PSILOTSINA

3-(2-dimetilaminoetil) -4-hidroxi-indol.

PSILOCIBINA (HONGOS ALUCINANTES DE CUALQUIER VARIEDAD BOTANICA, EN ESPECIAL LAS ESPECIES PSILOCYBE MEXICANA, STOPHARIA CUBENSIS Y CONOCYBE, Y SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.)

osfato dihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo

STP, DOM

2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano.

TENOCICLIDINA (TCP)

1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

CANABINOIDES SINTÉTICOS (K2)

 

TMA

dl-3,4,5-trimetoxi—metilfeniletilamina

PIPERAZINA TFMPP

1,3- trifluoromethylphenylpiperazina

PIPERONAL O HELIOTROPINA

 

ISOSAFROL

 

SAFROL

 

CIANURO DE BENCILO

 

APAAN

alfa-Fenilacetoacetonitrilo (APAAN)

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

AMOBARBITAL, ANFETAMINA, BUTORFANOL, CICLOBARBITAL, DEXTROANFETAMINA (DEXANFETAMINA), FENETILINA, FENCICLIDINA, HEPTABARBITAL, MECLOCUALONA, METACUALONA, METANFETAMINA, NALBUFINA, PENTOBARBITAL, SECOBARBITAL y TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Así como sus sales, precursores y derivados químicos.

BENZODIAZEPINAS: ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA), ALPRAZOLAM, AMOXAPINA, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CAMAZEPAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORACEPATO DIPOTASICO, CLORDIAZEPOXIDO, CLOTIAZEPAM, CLOXAZOLAM, CLOZAPINA, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, EFEDRINA, ERGOMETRINA (ERGONOVINA), ERGOTAMINA, ESTAZOLAM, 1- FENIL -2- PROPANONA, FENILPROPANOLAMINA, FLUDIAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, HALAZEPAM, HALOXAZOLAM, KETAZOLAM, LOFLACEPATO DE ETILO, LOPRAZOLAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NIMETAZEPAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OXAZEPAM, OXAZOLAM, PEMOLINA, PIMOZIDE, PINAZEPAM, PRAZEPAM, PSEUDOEFEDRINA, QUAZEPAM, RISPERIDONA, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM, TRIAZOLAM, ZIPEPROL y ZOPICLONA.

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION), CARISOPRODOL, CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA), ETCLORVINOL, FENDIMETRAZINA, FENPROPOREX, FENTERMINA, GLUTETIMIDA, HIDRATO DE CLORAL, KETAMINA, MEFENOREX, MEPROBAMATO y TRIHEXIFENIDILO.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2010599
Tesis: 1a. CDI/2015 (10a.)
 

El catálogo de estupefacientes y psicotrópicos que son materia de delitos contra la salud, deviene de su definición como narcóticos que constituyen un problema para la salud pública, de conformidad con la Ley General de Salud y con los tratados internacionales de observancia obligatoria para México; lo anterior, cuando no tienen la permisión sanitaria correspondiente bajo la función del Estado regulador. Sin embargo, la configuración del tipo penal, aun bajo los parámetros establecidos, implica la posibilidad de que puedan actualizarse eventuales hipótesis que, en cambio, pueden no tener por acreditada la antijuridicidad o culpabilidad, lo que significa que finalmente no se constituya el delito. Así, tratándose de delitos contra la salud, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la convergencia de las anteriores posibilidades, como sería un estado de necesidad que justificare la licitud de determinadas cantidad y calidad de algún narcótico, por ejemplo, para salvaguardar la salud o incluso la vida de una persona, o bien, de eximente de culpabilidad, por ejemplo, tratándose de una persona farmacodependiente, para lo cual siempre debe atenderse a su condición personal y a la dosis específica que deba consumir por su enfermedad y situación de vulnerabilidad.

Número de registro 2003962
Tesis: 1a./J. 94/2012 (10a.)
 

El artículo 73, fracción XXI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: «En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.». En este sentido, el legislador federal, específicamente en el numeral 474 de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, plasmó las reglas de competencia general otorgadas a favor de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y de ejecución de sanciones de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, y de la Federación en materia de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, lo cual tiene como objetivo fortalecer la investigación y el combate de este género de delitos, a través del esquema de «competencia concurrente», por el que las entidades federativas y el Distrito Federal, dentro de su marco jurídico y territorial respectivo, conjuntamente con la Federación, deben combatir integralmente dicho fenómeno delictivo con las limitaciones que la citada ley sanitaria establece. Lo anterior generó dos reglas de competencia general a favor de las autoridades federales para conocer de los delitos de narcomenudeo: por una parte, la competencia originaria prevista en el artículo 474, párrafo segundo, de la indicada ley, conforme a la cual es necesario que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: 1) se trate de delincuencia organizada; 2) la cantidad de la droga sea igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla de orientación contenida en el artículo 479 de la misma legislación; o, 3) el narcótico no esté contemplado en la tabla; y, por otra parte, la excepcional, establecida en el citado artículo 474, fracción IV, última parte, que señala que las autoridades federales conocerán de tales delitos cuando: «Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) prevenga en el conocimiento del asunto, o b) solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación». Por su parte, con la adición del multicitado artículo 474, párrafo primero, se estableció otra regla de competencia, pero a favor de las autoridades locales, específicamente, cuando: a) los narcóticos estén expresamente previstos en la «tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato», b) la cantidad de dichos narcóticos sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la referida «tabla», y c) no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Así, dicho precepto constituye el fundamento legal para delimitar los ámbitos de competencia concurrente a favor de la Federación y de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, para conocer los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como para tener por actualizados los tipos penales y la punibilidad eventualmente aplicable.

Número de registro 2007741
Tesis: PC.XV. J/1 P (10a.)
 

Se actualiza el concurso real de delitos cuando en un mismo momento el sujeto activo porta un arma de fuego y posee cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y, al propio tiempo, mantiene dentro del rango de acción y disponibilidad algún narcótico, en la medida en que el artículo 18 del Código Penal Federal, establece que existe concurso real cuando se despliegue una pluralidad de conductas ilícitas independientes entre sí, mientras que el concurso ideal se configura cuando se despliega una sola conducta que transgrede diversos tipos penales, guardando unidad delictiva; de ahí que la simple circunstancia de que exista una pluralidad de conductas que violen diversos tipos penales que guarden interdependencia entre sí, es suficiente para actualizar el concurso real, al margen de que algunas de esas conductas múltiples puedan contener unidad delictiva, en atención a que lo importante para la actualización del concurso real, es la pluralidad de actos o acciones independientes entre sí y la diversidad de delitos que con éstos se cometan, lo que ocurre cuando se violentan tanto la Ley General de Salud o el Código Penal Federal, como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que cada delito puede actualizarse en forma disociada, en la medida en que las conductas tuteladas por esas legislaciones no integran una verdadera unidad delictiva.

Número de registro 2003964
Tesis: 1a./J. 95/2012 (10a.)
 

El artículo 474, párrafo primero, de la Ley General de Salud, prevé una regla de competencia general en favor de las autoridades del fuero común, al establecer que corresponde a las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocer y resolver de los delitos o ejecutar las sanciones y medidas de seguridad previstas para los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Sin embargo, dicha atribución no es absoluta, en virtud de que, conforme al mencionado artículo 474, fracción IV, inciso b), párrafo segundo, el Ministerio Público de la Federación está facultado para solicitar a su homólogo local la remisión de la investigación que inició en materia de narcomenudeo, con lo cual aquél adquiere competencia legal para continuar con dicha investigación y, en su caso, proceder a la consignación ante la autoridad jurisdiccional federal. De manera que para que proceda la citada competencia excepcional en favor de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales del fuero federal, se requiere de la existencia previa de dicha petición expresa, en la que fehaciente y objetivamente se haga patente la decisión de la autoridad ministerial federal de atraer para su conocimiento una determinada indagatoria originalmente iniciada por el órgano local investigador, la cual deberá estar exenta de todo formalismo o exigencia jurídica que pudiera tornarla inoperante.

Número de registro 2003963
Tesis: 1a./J. 96/2012 (10a.)
 

El citado artículo establece diversas hipótesis de competencia general y excepcional entre las autoridades estatales y federales para conocer de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Ahora bien, para determinar cuándo se surte la competencia federal y cuándo la local debe verificarse si se cumplen los requisitos previstos en dicho numeral, esto es, si el narcótico asegurado se encuentra previsto en la «tabla» a que alude el artículo 479 de la Ley General de Salud; si la cantidad de aquél rebasó o no el múltiplo máximo previsto; y si existen o no elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Sin embargo, tratándose de la competencia excepcional, debe partirse de que, por regla general, la competencia para conocer de los delitos contra la salud es federal, pues con independencia de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación podrá solicitar al del fuero común la remisión de la investigación; y aun cuando prevenga en el conocimiento del asunto, dicho fiscal federal también podrá remitir la investigación a su similar del fuero local cuando se reúnan los requisitos del indicado numeral 474, primer párrafo; lo que significa que la representación social de la Federación es la autoridad que, al ejercer las facultades discrecionales que la propia legislación le otorga tratándose de los supuestos de competencia excepcional, determinará si el asunto resulta de competencia local o federal.

Número de registro 188089
Tesis:  VI.1o.P.151 P
 
Para la individualización de la sanción de los delitos contra la salud, en cualesquiera de las modalidades en materia de narcóticos, el Juez o tribunal deberá tomar en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública, y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho, tal como se dispone en el párrafo tercero del diverso artículo 193 del mismo ordenamiento legal, lo que servirá para determinar la gravedad del hecho y, por tanto, influir en la individualización de las penas o medidas de seguridad, según sea el caso.
Número de registro 2000841
Tesis: 1a./J. 20/2012 (10a.)
 

En términos del artículo 85, fracción I, inciso b), del Código Penal Federal, no es posible -salvo las excepciones expresamente reconocidas en la norma- que la autoridad ejecutora de la pena conceda el beneficio de libertad preparatoria a quienes fueron sentenciados por el delito contra la salud previsto en el artículo 194 del mismo ordenamiento. Sin embargo, a la luz del principio de exacta aplicación de la ley penal y del fin que subyace a la figura de traslación del tipo, tal prohibición es inaplicable a quienes fueron condenados en términos del citado artículo 194, pero posteriormente recibieron en su beneficio la traslación del tipo a alguno de los supuestos del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, previstos en el capítulo VII, del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud. Acorde con la lógica del principio referido, no es aceptable interpretar el silencio del legislador en un sentido que restrinja los derechos de quienes están sometidos al ius puniendi del Estado; es decir, en este ámbito no es válido atender a la regla de interpretación analógica, según la cual es admisible aplicar la misma solución donde existe la misma razón. En supuestos en los que el derecho comprometido es la libertad, los jueces y autoridades administrativas de ejecución de la pena deben aplicar únicamente los contenidos normativos explícitos. Lo anterior se refuerza si se considera que, por virtud de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el principio interpretativo pro persona y, consecuentemente, a preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos. Por otra parte, la racionalidad que subyace a la figura de la traslación del tipo penal recae en el objetivo de crear una especie de ficción jurídica que obliga a entender que el sistema normativo inicialmente aplicado queda íntegramente reemplazado por uno más benéfico. Así, se sustituyen todas las consecuencias normativas que inicialmente se seguían de la aplicación de la norma menos favorecedora; esto es, a la situación de facto en la que está la persona favorecida sólo le son aplicables las consecuencias normativas que lógicamente se sigan del sistema que subsistió. En la hipótesis analizada, el sistema normativo que subsiste, por ser más favorecedor, es el previsto en el apartado relativo al «Narcomenudeo» en la Ley General de Salud. Lo anterior es así, porque las personas penalmente condenadas tienen el derecho constitucionalmente protegido a que se les aplique retroactivamente toda nueva ley que les resulte benéfica, así como todas las consecuencias legales que se sigan de esa aplicación.

Número de registro 161102
Tesis: P./J. 34/2011
 

Del artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que establece el inicio de vigencia de las normas en materia de narcomenudeo, y debe interpretarse acorde con los distintos supuestos de cada uno de sus párrafos, de los que se advierten tres momentos: 1) El primer párrafo, en el que señala que inicia la vigencia del decreto al día siguiente al de su publicación (21 de agosto de 2009), se refiere a los preceptos relacionados con derechos sustantivos y a aquellos que para su operación no necesitan adecuaciones en las legislaciones locales o la realización de determinadas acciones. 2) El segundo párrafo, que se refiere a un año a partir de la entrada en vigor del decreto (21 de agosto de 2010), debe entenderse que es el plazo que tienen las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para adecuar en sus ordenamientos las competencias que en materia de narcomenudeo se otorgan a las autoridades locales de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud. 3) El tercer párrafo, que indica que la Federación y las entidades federativas contarán con un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del decreto (21 de agosto de 2012), se refiere al tiempo que tienen para realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las atribuciones contenidas en el propio decreto, tales como la creación de instituciones y centros especializados para el tratamiento y prevención de la farmacodependencia, la formulación de programas y campañas para el mismo fin, así como la capacitación de personal, tanto en el ámbito sanitario como en el de la investigación del delito. Por tanto, con base en los criterios de vigencia del referido numeral, resulta incuestionable que a partir del 21 de agosto de 2010 se encuentra vigente la competencia de las autoridades estatales (seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones), para conocer y resolver o ejecutar las sanciones y medidas de seguridad, de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, relativo a los Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en términos del artículo 474 de la propia Ley; en la inteligencia de que el hecho de que las entidades federativas no hayan realizado las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del plazo establecido para tal efecto, no es impedimento para que se surta la referida competencia, en tanto que el incumplimiento de las legislaturas locales no debe determinar cuándo se actualizan las consecuencias jurídicas del citado Decreto del Congreso de la Unión.

Número de registro 163200
Tesis: 1a./J. 85/2010
 

El hecho de que el sujeto activo posea narcóticos, en términos del primer párrafo del artículo 195 del Código Penal Federal y, al mismo tiempo, porte un arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea no configura un concurso ideal de delitos, porque para ello, es necesario que la pluralidad de conductas integren una verdadera unidad delictiva, lo cual se presenta cuando entre las conductas existe una relación de interdependencia, es decir, que por la forma como se materializan o el momento en que se consuman, se trate de conductas que no puedan disociarse. De acuerdo a lo anterior, cuando el autor posee algún narcótico y porte o traiga consigo un arma de fuego de las reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se actualiza un concurso real de delitos, aun cuando tales acciones típicas se realicen de manera simultánea; pues lo que importa para la actualización de esta última clase de concurso, es la pluralidad de actos o acciones independientes entre sí y la pluralidad de delitos que con esas conductas se cometan.

Número de registro 164812
Tesis: 1a./J. 42/2010
 

El mencionado transitorio, al establecer que a las personas procesadas o sentenciadas que hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto uno de los delitos que contempla, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido, viola el principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado, contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se impide aplicar a favor del procesado o sentenciado, la ley que le resulte más favorable. No es óbice para lo anterior, que las autoridades locales no hayan adecuado sus legislaciones para su intervención en la aplicación de las normas contenidas en ese Decreto, como lo previene su artículo primero transitorio, toda vez que desde su entrada en vigor, que fue el día siguiente de su publicación, las autoridades federales conocerán de los delitos que establece el Capítulo VII de la Ley General de Salud, entre otros casos, cuando, independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto, según se ordena en el también adicionado artículo 474 de dicho ordenamiento.

Número de registro 170542
Tesis: 1a./J. 147/2007
 

El mencionado delito, previsto en el artículo 194, fracción III, del Código Penal Federal, es de los doctrinalmente clasificados como «de resultado anticipado o cortado», porque para su configuración resulta irrelevante la consumación del ilícito favorecido, pues basta que el sujeto activo despliegue de cualquier manera actos de colaboración tendentes a crear una situación propicia para la realización de otros delitos, en el caso, contra la salud. Esto es, la conducta como elemento indispensable para la actualización del tipo consiste en la acción u omisión orientada a asistir o auxiliar a la realización de un diverso delito. En ese sentido, resulta evidente que se actualiza el ilícito de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud cuando se solicita el despliegue de una conducta omisiva y contraria a quien debe combatir el narcotráfico pues con ello coadyuva a la comisión de actividades ilícitas en detrimento de la salud pública.

Número de registro 171802
Tesis: II.2o.P. J/26
 

Resulta indiscutible la existencia de una diferencia obvia entre el llamado delito de delincuencia organizada, previsto en términos del artículo 2o. de la ley especial respectiva, y el diverso denominado de colaboración al fomento para la ejecución de delitos contra la salud, a que se refiere la fracción III del artículo 194 del código punitivo federal, pues mientras en el primero la acción nuclear del tipo viene a ser el simple hecho de organizarse o, en su caso, acordar hacerlo, es decir, la conducta consciente y voluntaria (dolosa) de pertenencia al grupo de tres o más personas que participan del fin de cometer determinada clase de delitos (entendidos en abstracto y con independencia de que se llegaren a manifestar o no). En cambio, en el segundo, la conducta punible no es el formar parte de un grupo, sino la realización de una conducta concreta y específica de colaboración, por cualquier forma, al fomentar para posibilitar la ejecución de un diverso o diversos delitos contra la salud, los cuales, si bien tampoco es necesario que se realicen o se consumen deben formar parte de la finalidad específica del colaborador y constituir parte del contexto para el análisis posible y constatación debida del carácter de «colaboración exigido para el acreditamiento del delito». Plasmada tal diferencia, resulta conveniente precisar que el Juez responsable está obligado a distinguir entre ambas figuras delictivas, a fin de cumplir con la garantía constitucional referente a una adecuada motivación en el tema de que se trata, pues la autoridad de instancia se encontraba constreñida a especificar los medios de prueba con los que acreditó de manera probable la conducta de colaboración de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos contra la salud. Así también al atribuir de manera probable al quejoso el diverso ilícito de delincuencia organizada, y con el fin de cumplir con la garantía en comento, el Juez de la causa está obligado también a señalar con toda precisión los hechos diferentes que a su juicio constituyen una y otra variante delictiva, y la forma de intervención específica del quejoso y las pruebas con las que se acreditan tales extremos.

Número de registro 200423
Tesis: 1a./J. 7/96
 

El tipo penal previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal establece sanción para el poseedor de alguno de los estupefacientes y psicotrópicos señalados en el normativo 193, pero ello siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. Para el acreditamiento del elemento subjetivo es sin duda la confesión un medio idóneo aunque por sí sola no es suficiente, pues en la mayoría de los casos en que ella exista habrá que vincularla con otras que estén aparejadas, con la comprobación del resto de los elementos típicos de carácter objetivo. Resulta, por tanto, necesario demostrar primeramente los elementos de carácter objetivo del tipo penal, como son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la misma que el sujeto poseía (o transportaba), así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son el dolo y la especial finalidad, para lo cual es idónea la confesión del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 194, es decir: comerciar, traficar, introducir, etcétera. En tales circunstancias, el juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado de los elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la finalidad del agente respecto del destino del narcótico, no resultando por tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin la vinculación con otros medios de prueba.

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