DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES

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DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES


Artículo 231 Código Penal Federal

En términos del artículo 231 del Código Penal Federal, serán sancionados con las penas que correspondan los abogados, patronos, o litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes:

      • Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas.
      • Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar su parte; promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales.
      • A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante las autoridades judiciales o administrativas.
      • Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.
      • Patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después el de la parte contraria.
      • Abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño.
      • Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa.

Los defensores de oficio que sin fundamento no promuevan las pruebas conducentes en defensa de los reos que los designen, serán destituidos de su empleo.


Tesis y Jurisprudencia

DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. EL ELEMENTO NORMATIVO «LITIGANTE» PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO EN DICHOS ILÍCITOS, NO COMPRENDE AL ACTOR O DEMANDADO QUE PARTICIPA EN UNA CONTIENDA, SINO QUE CORRESPONDE AL PROFESIONAL DEL DERECHO QUE COMPARECE A ÉSTA EN DEFENSA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE COAHUILA ABROGADA).
Número de registro 2021219 Tesis: 1a./J. 76/2019 (10a.) Los artículos 319, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 233, fracción VI, del Código Penal del Estado de Coahuila, abrogado, regulan de forma similar el delito de abogados, patronos y litigantes, en su hipótesis normativa que dice: “quien a sabiendas, alegue hechos falsos”, cuando intervengan en un proceso de cualquier índole. Ahora bien, a partir de los componentes de las normas penales, el sujeto que realiza o ejecuta la conducta tiene que ser un profesional en derecho, lo que revela que el tipo exige una calidad específica en el activo. Sin embargo, la problemática surge cuando se pretende establecer si el término “litigante” también comprende a dicho profesional o se refiere a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso, ya que el legislador no precisó concretamente qué debía entenderse por tal. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese elemento normativo no comprende al actor o demandado que participa en un procedimiento judicial, administrativo o de cualquier orden legal, sino que corresponde al profesional del derecho que comparece a una contienda judicial en defensa de los intereses de éstos. Así, para advertir el significado de litigante, es insuficiente identificarlo como la posición o actividad que desempeña una persona en un proceso determinado, pues actuar en ese sentido daría una connotación amplia al concepto, ocasionando que se desvirtúe la calidad específica que el legislador asignó al sujeto activo para hacerse merecedor a una sanción penal, en contravención al principio de exacta aplicación de la ley penal. De ahí que, en el contexto que describen las normas penales, la ejecución de la conducta sólo puede realizarse por aquellas personas que ejercen la actividad profesional, ya que están relacionadas con aspectos técnicos sobre la defensa y el patrocinio de las partes (actor o demandado) en un juicio o procedimiento; la actividad probatoria y de promoción de incidentes, y la interposición de recursos. Además, con independencia de la pena de prisión, se prevé conjuntamente la inhabilitación del derecho a ejercer la actividad profesional y la privación definitiva de ese derecho en caso de reincidencia, lo que sólo acontecería para un profesional en la materia.
DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. LOS ARTÍCULOS 232, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 230, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT PREVÉN UN DELITO AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE.
Número de registro 2005040Tesis: 1a./J. 106/2013 (10a.) Las conductas señaladas en los artículos 232, fracción II, del Código Penal Federal y 230, fracción II, del Código Penal para el Estado de Nayarit, no constituyen agravantes de los delitos previstos, respectivamente, en los artículos 231 y 229 de los códigos en mención, sino que conforman ilícitos autónomos. Ello, porque dichos numerales no están subordinados a un tipo fundamental, al describir legalmente una conducta delictiva de comisión por omisión de manera clara y precisa: “abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño”; además, porque si bien es cierto que tutelan el mismo bien jurídico a que aluden los referidos numerales 231 y 229, también lo es que adicionalmente protegen otro, específicamente el daño que puede sufrir el pasivo por la conducta omisiva (ya sea material o moral), lo que da lugar a un tipo complejo no dependiente, esto es, incluye otros elementos que le dan vida propia: 1) abandonar la defensa de un cliente o negocio; 2) sin motivo justificado; y, 3) causando daño. Así, se advierte que no se trata de agravantes de las conductas señaladas en los artículos que les anteceden, no obstante que en su redacción se señale, respectivamente: “Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá prisión de tres meses a tres años …” y “Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión …”, toda vez que el ilícito de que se trata no depende de un tipo básico, tampoco se le agrega una característica especial que modifique su punibilidad, sino simplemente se alude a una penalidad mayor para quien cometa la conducta descrita. En todo caso, las expresiones mencionadas significan que es posible configurar un concurso ideal o real de delitos.
DELITO DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE INCIDENTES O RECURSOS MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTES Y MALICIOSOS, O DE CUALQUIER OTRA MANERA PROCURAR DILACIONES QUE SEAN NOTORIAMENTE ILEGALES, EN LA QUE NO QUEDA INCLUIDA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
Número de registro 192554 Tesis: VI.P.26 P El referido injusto, previsto en la fracción VI del artículo 234 del Código de Defensa Social de esa entidad federativa, contiene dos formas comisibles, la primera, que trata de cuando se promuevan incidentes o recursos manifiestamente improcedentes y maliciosos, conducta que lleva inmerso el dolo específico, pues tipifica como delito que el agente delictivo promueva incidentes y recursos autorizados por las leyes procesales, y la actitud reprochable penalmente se hace consistir en que dichos medios legales sean manifiestamente improcedentes, con el solo propósito de suspender el juicio. Sin embargo, la citada disposición prevé otra arista del delito, referida al sujeto activo que por cualquier otro medio promueva dilaciones que sean notoriamente ilegales, esto es, para que la conducta asumida por el agente delictivo pueda considerarse como antijurídica, no debe de tratarse de medios de defensa improcedentes por la ley que suspendan un juicio, porque de ser así se actualizaría la hipótesis referida en primer término, sino de medios utilizados por el activo considerados notoriamente “ilegales” y que con ello se suspenda el juicio, que se traduciría en dilación del mismo, es decir, ambas hipótesis se distinguen así, porque en la primera, el medio utilizado no es ilegal, pero sí improcedente y malicioso con el propósito de procurar dilación en el juicio, y en la segunda, notoriamente ilegal, pero en los dos supuestos, como en el resto de las demás fracciones previstas en el artículo mencionado, el denominador común entre todas las hipótesis del delito de responsabilidad de abogados, patronos y litigantes, se hace consistir en que la conducta injustificada atribuida al activo por causar algún perjuicio en el juicio, como sería el caso de dilatar la ejecución de una sentencia, se limita a incidentes, recursos o demás medios de defensa o actuaciones, que si bien es cierto, algunas se reprochan por ser improcedentes, y otras por ilegales, tales medios de defensa a que acuden los activos, improcedentes o ilegales, por tener el propósito de retrasar la solución del asunto en litigio, entorpecer la ejecución de resoluciones u obstaculizar la legal actuación de la autoridad, deben constreñirse a actos realizados dentro del procedimiento judicial, es decir, cuestiones que surjan dentro del juicio, incluidos los recursos ordinarios previstos por la ley adjetiva para el juicio, todo lo cual revela, por ejemplo, que para la comprobación de los elementos consistentes en que una persona física dilató la ejecución de una sentencia que lo condenó al pago de prestaciones reclamadas por la agraviada, a través de medios notoriamente ilegales, es menester probar que el recurso de defensa entablado por el activo afecte en forma directa e inmediata al procedimiento cuyo propósito es obstaculizar o suspender, y para ello se hace necesaria la relación directa entre los recursos o medios legales que ofrece la ley, con el propio juicio afectado, de manera que no colmaría el delito el hecho de que se promoviera juicio de garantías que a su vez evitara la ejecución del fallo civil, porque el juicio de amparo no resulta un instrumento procesal y directo de aquellos aludidos por el tipo penal de referencia, sino una acción constitucional distinta a las acciones que se hacen valer en los juicios ordinarios, procedimiento autónomo y características específicas propias de su objeto, e incluso, cuando las partes en un juicio de amparo incurran en alguna responsabilidad dentro del mismo, se contempla capítulo propio de sanciones a imponer, de modo que resulta inexacto asimilar al juicio de amparo como cualquier otro medio de defensa ordinario dentro de un proceso y estimar con ello que el enjuiciado obstaculizó la ejecución de la sentencia.
DELITO DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. (LEGISLACION DE NUEVO LEON).
Número de registro 204773Tesis: IV.2o.5 P El artículo 233, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León, establece lo siguiente: “Se impondrá prisión de cuatro meses a tres años, al que incurra en los casos siguientes: …Fracción II. Abandonar la defensa de un cliente o negocio, sin motivo justificado, y que de ello resulte daño.” Por consiguiente, si de las constancias de autos se desprende que la quejosa aceptó el cargo de defensora particular, formuló conclusiones absolutorias en favor de su defendido, compareció a la audiencia de vista, se notificó de la sentencia dictada en el proceso penal, interpuso recurso de apelación y en su oportunidad formuló los agravios procedentes; resulta evidente que en ningún momento abandonó la defensa de su cliente, sino que, por el contrario, como su abogada, estuvo al pendiente del proceso, interviniendo en diversas diligencias e interponiendo el recurso de apelación correspondiente en contra de la sentencia dictada en la causa, quedando pendiente únicamente que se pronunciara la sentencia de segunda instancia, lo cual es una función exclusiva de la autoridad judicial y la defensora ya no tenía ningún trámite que realizar al respecto.

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