Ingresa tu palabra a buscar

LO MÁS LEÍDO

DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN

Artículo 20, apartado A) fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8.2 inciso g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Derecho a la No Autoincriminación encuentra su fundamento legal en el artículo 8.2 inciso g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que durante el proceso toda persona tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a declararse culpable.

Por su parte, el Artículo 20, apartado A) fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es derecho del imputado declarar o guardar silencio, en el entendido que su silencio no puede ser utilizado en su perjuicio.

Al respecto, la corte sostiene que este derecho obliga a la autoridad responsable a no forzar a la persona, bajo ningún medio coactivo, o con la amenaza de su utilización, a emitir una confesión o declaración encaminada a aceptar responsabilidad. El concepto “no declarar” incluye la posibilidad de reservarse cualquier expresión, incluso no verbal, en relación con la acusación formulada.

Respecto a la prohibición de que el SILENCIO DEL IMPUTADO NO PUEDE SER UTILIZADO EN SU PERJUICIO, la corte sostiene que los alcances de esta protección se refieren a que la decisión de ejercer el derecho al silencio no sólo debe ser respetada y garantizada, sino que no puede, por ninguna circunstancia, ser utilizada en perjuicio de la persona. En otras palabras, el sólo hecho de que la persona decida no declarar no puede ser utilizado como un argumento para motivar una sentencia condenatoria.

En conclusión, el derecho a la no autoincriminación ampara la libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita se deduzca su culpabilidad, es decir, sin que su DERECHO A GUARDAR SILENCIO sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que le son imputados.

De este modo, el derecho de no autoincriminación debe ser entendido como el derecho que tiene todo inculpado A NO SER OBLIGADO A DECLARAR, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; razón por la cual SE PROHÍBEN la incomunicación, la intimidación y la tortura e, incluso, se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, carece de valor probatorio.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 179607
Tesis: 1a. CXXIII/2004
 

El artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía específica del derecho del inculpado de no declarar en su contra, la cual supone la libertad de aquél para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que se le imputan; de ahí que el derecho de no autoincriminación deba entenderse como la garantía que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan, razón por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e incluso la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, carecerá de valor probatorio. De dicha garantía no se desprende que el inculpado esté autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad, sino solamente a no ser obligado a declarar, pues de las exposiciones de motivos del referido artículo constitucional se infiere que lo que pretendió el Constituyente fue que el inculpado no confesara, por motivos de conveniencia, un delito que no cometió, o que su confesión fuera arrancada por tortura de parte de las autoridades, pretendiendo con ello la veracidad de dicha prueba confesional o, en su caso, que el inculpado tuviera el derecho de guardar silencio. Además, la referida garantía rige todo el proceso penal, incluida la averiguación previa, sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria, ello en términos del último párrafo del apartado A del artículo 20 constitucional.

Número de registro 179608
Tesis: 1a. CXXIV/2004
 

El derecho genérico de defensa se distingue de la garantía de no autoincriminación ya que otorga al inculpado el derecho a una defensa adecuada mediante actos positivos, mientras que la segunda garantía referida, supone la inactividad del sujeto sobre el que recae la imputación, es decir, el derecho frente a la autoridad de no confesar o confesarse culpable, el derecho de defensa recae en otros derechos subjetivos comprendidos en las fracciones IV, V, VI, VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consisten en la facultad para carearse con quien deponga en su contra, ofrecer pruebas para comprobar su inocencia, obtener los datos que constan en el expediente, ser informado de los derechos que a su favor consigna la Constitución, ser asistido por un defensor o persona de confianza y ser juzgado en audiencia pública. Consecuentemente, el derecho de defensa comprende derechos específicos en los que el inculpado puede manifestarse activamente para probar su inocencia y las correlativas obligaciones de la autoridad de proveer la información necesaria para una defensa adecuada, así como de desahogar las pruebas que ofrezca.

Número de registro 169880
Tesis: XVII.1o.P.A.50 P
 

El artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de no autoincriminación, consistente en que en todo proceso del orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar. Luego, la autoridad judicial puede considerar la cooperación del acusado en el esclarecimiento de los hechos, como una conducta posterior al delito que puede resultarle favorable según las manifestaciones que realice, pero en ningún caso, ponderar en su menoscabo hechos que no hubiera declarado; de ahí que, considerar lo anterior como un indicio para acreditar la responsabilidad del activo, en el delito imputado, es indebido, porque al estar consagrado, a nivel constitucional, el derecho a no declarar en su contra, si así lo estima pertinente, la plenitud de su ejercicio contempla inclusive el derecho de negar los hechos o no mencionar u omitir los que estime pertinentes para su defensa adecuada, de lo contrario, se volvería nugatoria esa garantía, por inferir indebidamente, un indicio en contra del titular de la garantía.

www.conceptolegalmx.com

COMPARTE