DESAPARICIÓN FORZADA

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DESAPARICIÓN FORZADA


Artículo 27 LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS.

El artículo 2 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, define Desaparición Forzada como: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia (consentimiento) del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Mientras que en su artículo 5 establece que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.

Por otro lado, en su artículo 13 estipula que el delito de desaparición forzada NO es considerado delito político, ni delito conexo a un delito político, ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo. De este modo, el delito de desaparición forzada está comprendido de pleno derecho entre los delitos que dan lugar a extradición.

Por su parte, el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas define Desaparición forzada como: “La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia (consentimiento) del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes

El artículo 3 de la Convención Interamericana estipula que este delito debe ser considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Así lo ha ratificado la jurisprudencia mexicana al sostener que la desaparición forzada tiene una composición que va más allá del acto de privación de la libertad de una o más personas, pues trasciende a través del tiempo mediante la falta de información o el ocultamiento la misma, para reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la víctima.

En México, el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, establece que: “Comete el Delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia (consentimiento) de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.»

Mientras que el artículo 28 establece que el servidor público, o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.




Tesis y Jurisprudencia

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES URGENTES DICTADAS POR EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS PUEDE Y DEBE SER SUPERVISADO JUDICIAL Y CONSTITUCIONALMENTE.
Número de registro 2023813Tesis: 1a./J. 34/2021 (11a.) 

Hechos: En la ciudad de Veracruz se realizaron operativos en los que desapareció un grupo de personas, entre ellas, un adolescente de 16 años quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó un grupo de policías y civiles, informaron a su empleador de su detención y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese momento se desconoce su paradero. Cuando su madre supo de esos hechos, acudió a diversas unidades para obtener información sobre su hijo. Por la falta de noticias, denunció, ante el Ministerio Público, su desaparición. Se inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad física, que se acumuló al resto de averiguaciones iniciadas por hechos similares. Los familiares de las personas desaparecidas, por la falta de resultados en la indagatoria a cargo del Ministerio Público, presentaron una comunicación al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares y acciones urgentes. Este órgano, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió acciones urgentes en las que requirió al Estado Mexicano realizar una serie de actuaciones tendientes a lograr la localización de las personas desaparecidas.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL DERECHO A NO SER VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA COMPRENDE EL DERECHO A LA BÚSQUEDA COMO PARTE DE SU NÚCLEO ESENCIAL.
Número de registro 2023813Tesis: 1a./J. 34/2021 (11a.) 

Hechos: En la ciudad de Veracruz se realizaron operativos en los que desapareció un grupo de personas, entre ellas, un adolescente de 16 años quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó un grupo de policías y civiles, informaron a su empleador de su detención y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese momento se desconoce su paradero. Cuando su madre supo de esos hechos, acudió a diversas unidades para obtener información sobre su hijo. Por la falta de noticias, denunció, ante el Ministerio Público, su desaparición. Se inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad física, que se acumuló al resto de averiguaciones iniciadas por hechos similares. Los familiares de las personas desaparecidas, por la falta de resultados en la indagatoria a cargo del Ministerio Público, presentaron una comunicación al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares y acciones urgentes. Este órgano, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió acciones urgentes en las que requirió al Estado Mexicano realizar una serie de actuaciones tendientes a lograr la localización de las personas desaparecidas.

DERECHO DE ASESORÍA. LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA PUEDEN AUTORIZAR A QUIENES SE DEDIQUEN A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA AUXILIARLAS EN EL PROCESO Y ACCEDER A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE.
Número de registro 2022050Tesis: 1a. XXIV/2020 (10a.) 

Hechos: La representante y asesora jurídica de la madre de un migrante desaparecido promovió amparo con el fin de combatir la negativa de los agentes del Ministerio Público de la Federación para autorizar la consulta de las carpetas de investigación a las personas que fueron expresamente facultadas para ese efecto. En la sentencia constitucional se indicó que la autoridad había negado el acceso a la carpeta de investigación a los activistas autorizados por no ser parte del procedimiento penal, pero no se hizo pronunciamiento alguno respecto del argumento relativo a que debía llevarse a cabo una interpretación en sentido amplio del derecho a la coadyuvancia y a estar debidamente informado del contenido de la investigación, contenidos en el artículo 20, apartado C, fracciones I y II, de la Ley Fundamental, para favorecer en mayor medida los derechos de las víctimas.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.
Número de registro 2021413Tesis: 1a./J. 83/2019 (10a.). 

La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (ACTUALMENTE DEROGADO). LA NEGATIVA DEL ACTIVO A RECONOCER LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD O PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE EL PARADERO DE LA VÍCTIMA, ES UN ASPECTO CARACTERÍSTICO DE ESTE DELITO, QUE SI BIEN NO ESTÁ ESTATUIDO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE SU TIPIFICACIÓN, SÍ CONSTITUYE UNA CONDUCTA CON LA QUE SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO, RELATIVOS A «PROPICIAR DOLOSAMENTE EL OCULTAMIENTO» DEL PASIVO.
Número de registro 2017988Tesis: I.1o.P. J/4 (10a.) 

El precepto mencionado establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. En ese sentido, los conceptos “propicie” y “mantenga” previstos en ese tipo penal -que de acuerdo con el proceso legislativo que lo originó, le dan un mejor contenido y alcance- son los verbos rectores en los que debe demostrarse dicho delito; sin embargo, esos conceptos, por sí solos, están truncos en la medida en que de ellos no es posible entender o explicar cuál es la finalidad que justamente se desea generar, esto es, “¿qué se propicia?”, “¿qué se mantiene?”, siendo que las respuestas que se den a estos cuestionamientos, dan pauta para conocer qué es lo que realmente prohíbe y castiga el derecho penal con la tipificación de este ilícito. Al respecto, por lo que hace al concepto “propiciar”, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo define como un verbo transitivo que implica “favorecer que algo acontezca o se realice”. Luego, del texto del tipo penal en cuestión, puede advertirse que es aquello que la norma penal prohíbe favorecer para que acontezca o se realice (propicie), siendo esto que “dolosamente se oculte” al pasivo bajo cualquier forma de detención. Por tanto, para que se configure este ilícito, el activo debe propiciar dolosamente el ocultamiento del pasivo, siendo que por el vocablo “ocultar”, de acuerdo con la fuente cultural y lingüística invocada, también es un verbo transitivo que significa “esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista; callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad”. En ese sentido, “el ocultamiento”, como se alude en el tipo penal en análisis, puede acontecer de diversos métodos o motivos, verbigracia y sólo de forma enunciativa mas no limitativa, desde que se niegue la detención o no se aporte o dé información sobre el paradero de la víctima o del lugar en el que se encuentra detenida o privada de la libertad; hasta que no se le permita el acceso a familiares, abogados o autoridades a la información conducente para la pronta localización y debida defensa de quien se aduce como desaparecido. Lo anterior, porque con esas acciones u omisiones “se esconde, tapa o se disfraza la verdad”, siendo éstas, acotaciones del verbo “ocultar”. Entonces, “el negar reconocer la privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas y no dejar huellas o evidencias”, pueden constituir formas de ocultamiento, siendo que esos elementos son característicos del delito de desaparición forzada de personas, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el hecho de que en nuestro sistema normativo no esté señalado como elemento integrante del delito en mención: “la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima”, no significa que deba ser desconocido o, en el peor de los casos, considerar que no puede traerse a cuenta como forma de acreditación del ilícito; esto, porque como se ha dicho, la negativa referida es una característica esencial del delito y en su tipificación encuentra cabida, en la medida en que resulta ser una conducta con la que se favorece para que acontezca o se realice (propicie), el ocultamiento de quien resulta ser víctima. Con lo anterior, no se viola el artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que no se aplican la analogía ni la mayoría de razón para delimitar el alcance y contenido de determinados elementos del tipo penal, pues se colige que los conceptos “propicie” y “ocultamiento”, son elementos normativos dentro de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, que si bien tienen un contenido claramente objetivo (descriptivo), en tanto que su descripción puede ser aprehensible por los sentidos, a la vez, suponen también un contenido que requiere ser precisado a la luz del derecho o de una cierta valoración cultural, en la que de acuerdo con lo que significan esos vocablos –interpretados lingüísticamente desde su verbo en infinitivo–, y a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado sobre el tema, es posible saber cuáles son sus contenidos, alcances y, sobre todo, se conoce qué es lo que realmente prohíbe y castiga el derecho penal con la tipificación del ilícito de referencia.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRONUNCIAMIENTOS DE INSTANCIAS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LOS SUJETOS ACTIVOS Y CONDUCTAS TÍPICAS QUE COMPONEN EL DELITO RESPECTIVO.
Número de registro 2015720Tesis: 1a. CCXXVIII/2017 (10a.) 

Distintas instancias internacionales se han pronunciado en relación a la compatibilidad del artículo 215-A del Código Penal Federal con ciertas obligaciones en materia de desaparición forzada de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Radilla Pacheco Vs. México, concluyó que la redacción del tipo penal de referencia es incompatible con lo regulado en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pues su redacción restringe la autoría del delito a personas servidoras públicas con lo cual se impide que se pueda asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores de este delito, sean agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Además, el Tribunal Interamericano observó que el mismo artículo no incluye como uno de los elementos del tipo penal la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de las personas, lo cual debe estar presente en la tipificación del delito porque permite distinguir una desaparición forzada de otros ilícitos. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sostuvo que México debería adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que la desaparición forzada sea tipificada como delito autónomo que se ajuste a la definición del artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Por lo que tales pronunciamientos, lejos de beneficiar a los posibles sujetos activos del delito, les perjudican, pues los mismos se encuentran dirigidos, por una parte, a ampliar el listado de sujetos activos que pudieran cometer el delito de desaparición forzada de personas, no así a restringirlos y, en otra, a robustecer los supuestos que constituyen las conductas típicas, además de las ya contempladas en el citado artículo 215-A del Código Penal Federal.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO.
Número de registro 180653Tesis: P./J. 87/2004 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de delitos permanentes o continuos, que son aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para la prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el delito de desaparición forzada de personas que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO.
Número de registro 180653Tesis: P./J. 87/2004 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de delitos permanentes o continuos, que son aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para la prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el delito de desaparición forzada de personas que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA.
Número de registro 181147Tesis: P./J. 48/2004 

El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino.


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