Ingresa tu palabra a buscar

LO MÁS LEÍDO

DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Artículo 309 párrafo segundo Código Civil para el Distrito Federal

El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia.

En términos del párrafo segundo del artículo 309 del Código Civil para el Distrito Federal, es Deudor Alimentario Moroso aquella persona que incumple con su obligación de dar alimentos por un periodo de noventa días. Para estos efectos, el Juez de lo Familiar debe ordenar al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del deudor alimentario.

Entre los datos que deben constar en el registro en cuestión se encuentran:

      • Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario moroso.
      • Nombre del acreedor o acreedores alimentarios.
      • Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso.
      • Numero de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario.
      • Órgano jurisdiccional que ordena el registro.
      • Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.

Procede la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en los siguientes supuestos:

      • Cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación alimentaria y que la misma está garantizada.
      • Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos se establece en un porcentaje del sueldo que percibe el deudor alimentario.
      • Cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido con su obligación alimentaria, por un lapso de noventa días y habiendo también demostrado que la pensión está garantizada en lo futuro.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2023880
Tesis: 1a./J. 51/2021 (11a.)
 
Hechos: En un juicio de alimentos se impuso como medida cautelar al deudor alimentario de un menor de edad la restricción de salir del territorio nacional. En contra de esta determinación, el deudor promovió demanda de amparo indirecto, el cual le fue concedido para que el juzgador de origen fundara y motivara debidamente su resolución y sobreseyó en el juicio por el artículo reclamado; en la revisión interpuesta contra la sentencia de amparo se revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento a la revisión, el Juez de Distrito instructor repuso el procedimiento y dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo por algunos actos, negó el amparo respecto del artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración y otorgó el amparo por el auto en el cual le fue impuesta la medida cautelar. Inconformes con la anterior resolución, las partes interpusieron recursos de revisión, de los cuales el Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente para conocer sobre el tema de constitucionalidad y remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse al respecto.
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, atendiendo a una interpretación conforme, la restricción temporal de salir del país, dispuesta en el artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración, frente al derecho de alimentos de un menor de edad, cumple con los requisitos de legalidad, finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y para su valoración debe mediar una debida fundamentación y motivación judicial que tome en cuenta los derechos en juego, las circunstancias particulares y las medidas idóneas en el asunto concreto para el cumplimiento de la obligación de pagar alimentos, y en el caso de imponerse la limitación, establecer una temporalidad proporcional para su debida revisión.
 
Justificación: Primeramente, se reconoce que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, constituyen un derecho para los menores de edad, una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores y un deber a garantizar su actualización por parte del Estado. Por otro lado, el derecho de salir del país es parte del derecho de circulación y de residencia como derecho humano protegido por el parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, como todo derecho, puede estar sujeto a restricciones permisibles, de conformidad con los requisitos convencionales y constitucionales. Así, el artículo 48 de la Ley de Migración reitera el derecho a salir libremente del país, en congruencia con el artículo 11 constitucional, además, éste también establece que el derecho de entrar y salir del país está subordinado a las facultades de las autoridades judiciales, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las autoridades administrativas en relación con las limitaciones que impongan las leyes sobre migración; esto es, para el ejercicio de tal derecho existen excepciones que son aplicables al deudor alimentario. En lo pertinente, la fracción VI del artículo 48 citado que establece la excepción de salida del país libremente, es aplicable al deudor alimentario cuando éste deja de cumplir con sus obligaciones alimentarias por un periodo mayor a sesenta días; es decir, más de dos meses, aproximadamente. Ahora bien, dicha restricción se actualiza o no previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de otras excepciones legales. Así, dicha restricción no se debe aplicar en automático, sino mediante una valoración judicial, la cual tiene como objetivo la aplicación de la norma, mediante la cual el juzgador determina con base en los diversos elementos si se actualiza el supuesto normativo, evalúa los derechos en juego para arribar a una decisión razonable, a través de una decisión fundada y motivada. Adicionalmente, las restricciones a la libertad de circulación deben ser revisadas periódicamente para que no se prolongue la medida de manera injustificada. Esto es, que por ejemplo en el caso de que se haya impuesto la restricción y ésta sea cumplimentada o carezca de sentido en las circunstancias del caso, la misma deba ser levantada con celeridad y de manera efectiva. En atención a lo anterior, la restricción en estudio de salida del país para deudores alimentarios cumple con los requisitos de: i) Legalidad, al estar prevista en la Ley de Migración y es un punto acorde al parámetro de constitucionalidad; ii) Finalidad, ya que está enfocada en hacer cumplir la pensión alimenticia, en el caso del menor de edad, en tutela del interés superior, mediante la restricción en comento hasta en tanto se cubra el adeudo, lo que resulta una finalidad constitucionalmente válida; iii) Idoneidad, siendo que la referida medida funge, por un lado, como una limitación e incentivo para el cumplimiento de ésta, así como una medida cautelar para su mejor exigibilidad en la vía interna; iv) Necesidad, ya que se reconoce que para dar cumplimento al pago de alimentos, pueden existir diversas modalidades para garantizarla, pero no necesariamente son medidas de carácter inmediato que garanticen de manera expedita la liquidación de la pensión adeudada, sino requiere de un procedimiento que puede demorar dependiendo de las necesidades básicas del acreedor alimentario, por lo que tales medidas no son excluyentes entre sí, sino en su caso, pueden ser medidas complementarias para hacer cumplir una obligación esencial como es la pensión alimenticia a menores de edad; v) Proporcionalidad frente a los alimentos del menor de edad, pues se estima que la medida impugnada es razonable para restringir temporalmente el derecho de libertad de tránsito, pero en su dimensión exclusiva de salir del país, ya que frente a ello impera el principio constitucional del interés superior de la niñez, particularmente respecto del derecho de alimentos en su dimensión del derecho a la vida digna, por lo que el derecho a la libre circulación se garantiza en sus otras dimensiones como lo es el trasladarse libremente en el territorio nacional y establecer su residencia en el lugar de su preferencia dentro de éste, por lo que se considera que el grado de protección de este derecho puede graduarse dependiendo su dimensión, como sería en el caso, el salir del país. Esta particular dimensión puede considerarse, por lo general, más eventual y menos esencial que las otras dimensiones que contempla el derecho de circulación y residencia en el territorio nacional como derecho fundamental. En consecuencia, se estima que es proporcional a la restricción dispuesta por la norma, siempre y cuando se interprete en el sentido de que debe mediar una debida valoración judicial del caso concreto, de conformidad con el parámetro expuesto.
Número de registro 2022870
Tesis: PC.I.C. J/113 C (10a.)
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, al resolver respecto del momento al que debe retrotraerse la obligación alimentaria derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si el obligado a proporcionar alimentos tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor.
 
Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que retrotraer la obligación alimentaria al momento del nacimiento del menor de edad, es la única interpretación compatible con el interés superior del menor y los principios de igualdad y de no discriminación; de ahí que debe condenarse a su pago desde que nació el acreedor alimentario, porque desde ese momento el menor tiene derecho a recibir alimentos.
 
Justificación: De acuerdo con las consideraciones que dieron origen a las tesis aisladas 1a. LXXXVII/2015 (10a.) y 1a. XC/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: «ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR.» y «ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA CUANDO LA OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR.», el conocimiento previo de la obligación de pagar alimentos respecto del deudor alimentario, o bien, la buena o mala fe con que éste se hubiese conducido en el juicio respectivo, no es una condición para decidir sobre la procedencia del pago de los alimentos retroactivos, sino únicamente constituye un factor que el juzgador debe tomar en cuenta para fijar el monto de la pensión alimenticia en favor de un menor de edad, puesto que el derecho a los alimentos nace en razón del vínculo paterno-materno-filial y, por tanto, la obligación alimentaria no se genera a partir del conocimiento de la existencia del menor por parte del deudor, ni puede estimarse que esa obligación inicie cuando éste es emplazado a juicio, porque el derecho a recibir alimentos surge desde el nacimiento.
Número de registro 2012362
Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.)
 

Esta Primera Sala ya ha establecido que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es importante destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene a su cargo.

Número de registro 2010377
Tesis: XIX.2o.P.T.4 P (10a.)
 

De los artículos 16 y 295 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas se infiere que el tipo penal de abandono de obligaciones alimenticias es de resultado material y permanente, ya que inicia en el momento en que el activo deja de proporcionar los medios económicos para atender las necesidades de sus acreedores, y su consumación subsiste todo el tiempo que dure dicho descuido. Por su parte, el artículo 127 de dicho código (vigente hasta el 26 de mayo de 2015) establece que los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde que cesó, si fuere permanente; desde que se realizó la última conducta, si fuera continuado, y desde que se verificó el último hecho ejecutivo, en caso de tentativa. De lo anterior se concluye que el plazo para que opere la prescripción de la acción penal en el delito de que se trata no puede computarse a partir de la fecha en que el inculpado comenzó con la desatención respectiva, ni tampoco día con día por ser de tracto sucesivo, sino a partir del día en que dejó de incurrir en la omisión de proveer los alimentos a su acreedor y le proporcionó los satisfactores necesarios para su subsistencia, por ser ese momento en el que cesa la conducta delictiva.

www.conceptolegalmx.com

COMPARTE