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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Artículo 5, fracción X Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Empoderamiento de las Mujeres es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Tanto la ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la Igualdad Sustantiva, ordenan a las autoridades instalar políticas y establecer mecanismos institucionales promoviendo el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes. Al respecto, la Corte ha sostenido que se requiere de este tipo de medidas que vayan más allá del simple reconocimiento formal del derecho humano a la igualdad y que empoderen a la mujer.

Esto es así, porque la situación de las niñas y mujeres adolescentes no mejorará mientras las causas raíz de la discriminación contra ellas y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva; por ende, la adopción de instrumentos institucionales encaminados a lograr su empoderamiento resulta necesario para transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas, de modo que dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculinos determinados históricamente; sin perjuicio de que, una vez alcanzada esa igualdad sustantiva en la niñez, pueda prescindirse de la adopción de esas medidas positivas, al haberse alcanzado su objetivo.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2015798
Tesis: I.3o.C.300 C (10a.)
 
El empoderamiento laboral de la mujer impacta directamente en la disminución de diversos tipos de violencia que pueden ejercerse en su contra (económica principalmente). Su empoderamiento desde su sustrato económico la protege de la violencia de género, dado que la violencia de pareja aparece con mayor probabilidad cuando las mujeres se encuentran en una relación de dependencia económica y no son generadoras de recursos financieros, en tanto que, al no tener ingresos propios, se tienen que sujetar al gasto que les proporcione su pareja, como si fuera una carga, aun cuando el trabajo doméstico represente una contribución económica al sostenimiento del hogar, como lo dispone el propio Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México en su artículo 164 Bis. Así, aun tomando en cuenta que el trabajo doméstico es una aportación económica, es necesaria la creación de políticas públicas, legislativas y judiciales para que exista representación igualitaria de la mujer en el mercado laboral, para disminuir en su mínima expresión la violencia económica, la que en el ámbito familiar se ve especialmente potencializada cuando hay un divorcio y se tiene que fijar un monto de la pensión alimenticia, y definir temporalmente cuál de las dos partes habitará el domicilio conyugal (o el determinado en el concubinato o de la sociedad de convivencia). Es así, porque al no contar con capacidad económica, por la falta de representación en el mercado laboral, normalmente la mujer no tiene acceso a adquirir una vivienda; por tanto, al ser el domicilio conyugal propiedad del cónyuge o concubino, quien finalmente sale de él será la mujer, lo que representa una forma de violencia económica. Ello, pues la falta de representación en el mercado laboral y el empoderamiento económico de la mujer generan que los recursos económicos con los que se adquiere la vivienda familiar sean generalmente del varón.
Número de registro 2013381
Tesis: 2a. CXXXIX/2016 (10a.)
 

El hecho de que el artículo citado establezca medidas institucionales dirigidas a promover el empoderamiento de las niñas y mujeres adolescentes, no transgrede el derecho humano a la igualdad en perjuicio de los niños y adolescentes varones, toda vez que la imposición de esas acciones positivas estatales resulta acorde al parámetro de regularidad constitucional -específicamente, a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como 2 y 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer-, en tanto tienen como finalidad alcanzar la igualdad sustantiva -es decir, no sólo jurídica, sino fáctica- entre los hombres y las mujeres menores de edad lo cual, desde luego, requiere de la adopción de medidas que vayan más allá del simple reconocimiento formal del derecho humano a la igualdad y que empoderen a la mujer. Lo anterior es así, pues la situación de las niñas y mujeres adolescentes no mejorará mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ellas y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva; por ende, la adopción de instrumentos institucionales encaminados a lograr su empoderamiento resulta necesario para transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas, de modo que dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculinos determinados históricamente; sin perjuicio de que, una vez alcanzada esa igualdad sustantiva en la niñez, pueda prescindirse de la adopción de esas medidas positivas, al haberse alcanzado su objetivo.

Número de registro 2018727
Tesis: 1a. CXCIV/2018 (10a.)
 

De conformidad con la Recomendación General No. 19, sobre «La violencia contra la mujer» del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y, el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado tiene la obligación de prestar a las mujeres víctimas de violencia el servicio de refugios, dentro de los cuales personal capacitado brinde servicios especializados y gratuitos que comprendan, entre otros, hospedaje, servicio médico, asesoría jurídica y apoyo psicológico. Consecuentemente, es evidente que la vida e integridad de las personas que ingresan a refugios o albergues para mujeres víctimas de violencia, quedan bajo un especial cuidado del personal adscrito a dichos lugares. Ahora bien, el Estado mexicano, entendido en todos los niveles de gobierno tiene la obligación de contar con albergues o refugios para atender a mujeres en situación de violencia, lo cual implica que asume un deber reforzado de velar por la salud e integridad de las personas atendidas. Al respecto, el debido funcionamiento de este tipo de lugares es crucial en el proceso de empoderamiento de las mujeres, pues sin ellos pueden verse disminuidas o simplemente anuladas las posibilidades de romper con los ciclos de violencia doméstica que en muchos casos pueden tener consecuencias fatales. Esto es, la lucha por la igualdad y por la realización del derecho de las mujeres de acceder a una vida libre de violencia difícilmente se podrá materializar en la medida en la que no existan, entre muchas otras cosas, normas, instituciones y procedimientos que ayuden a prevenir la violencia y a actuar para su protección en aquellas situaciones en las que ésta ya haya ocurrido o se esté presentando. Lo expuesto está contenido en los artículos 8, 51, 54, 55 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que se encuentra encaminado a implementar y fortalecer los estándares internacionales mencionados.

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