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DOLO EVENTUAL

Artículos 8 y 9 Código Penal Federal.

El artículo 8 del Código Penal Federal establece que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El Delito Doloso es aquel en el que el sujeto activo tiene la conciencia y voluntad de realizar la conducta tipificada como delito. Se actualiza cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico y, aun así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley como delito. El dolo, a su vez, tiene dos modalidades: directo y eventual.

El dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 182652
Tesis: XVII.2o.C.T.15 P
Cuando la mecánica de los hechos conduzca a determinar que el sujeto activo conscientemente inicia una conducta, previendo la posibilidad de un resultado ilícito, tácitamente acepta la eventualidad de su actualización y debe imputársele éste a título de dolo eventual, pues concurre la imputabilidad de las consecuencias, al preverlas el activo como posibles, sin tenerlas directamente en su objetivo inicial.
Número de registro 233969

El dolo eventual o indirecto se ha definido como aquel en que el autor se representa como posible un determinado resultado, a pesar de lo cual no renuncia a la ejecución de la conducta, aceptando las consecuencias de ésta, o bien, cuando el sujeto sin dirigir precisamente su comportamiento hacia el resultado, lo representa como posible, como contingente, y aunque no lo desea de manera directa, por no constituir el fin de su acción o de su omisión, sin embargo lo acepta, ratificándose en el mismo. Es dentro de este marco, donde la hipótesis de la «ruleta rusa invertida» encuentra su perfecta adecuación, pues no cabe duda de que al haber el activo tomado su pistola, dejando una bala en el cilindro al que dio vuelta, para luego apuntar hacia su compañero, según ambos lo habían acordado, y dispararle, en su mente se representaba la posibilidad de que el hoy occiso podría resultar lesionado o muerto, como en efecto aconteció, sin que a pesar de ello desistiera de su comportamiento. Es innegable que el resultado no lo deseaba, pero lo aceptó, e incluso podríamos atrevernos a pensar que en lo íntimo de su mente hasta lo deseó, porque de no haber acontecido el hecho en la forma en que se desarrolló, hubiera podido ser de manera inversa y resultado lesionado o muerto el inculpado, hipótesis que definitivamente no deseaba, pero cuya realización era factible, porque como se desenvolvía el «juego de ruleta rusa invertido», era inevitable que cualesquiera de los dos participantes fuera dañado. No es factible ubicar el presente caso en el ámbito de la culpa consciente, pues en ésta no hay voluntad respecto al resultado que se representa, el cual no se quiere ni se acepta, a diferencia del dolo eventual, en el que existe aceptación del resultado previsto como posible o probable. Para incurrir en culpa es menester la violación del deber de cuidado, a lo que es totalmente ajeno el actuar doloso, en cualquiera de las formas que concurra, de acuerdo a las diversas clasificaciones de doctrina. El homicidio preterintencional se caracteriza por un resultado consistente en la muerte, que se previó, con la esperanza de que no se realizaría, o que no siendo previsto haya sido previsible, actuando el activo sólo con animus dañandi; por tanto, el actuar del acusado no se ajustó a tales exigencias porque la preterintencionalidad requiere que al inicio se obre de manera dolosa, en tanto que la conducta desplegada por el activo sea dirigida a causar un daño al pasivo, esto es, que deseara sólo lesionarlo; sin embargo, en una segunda fase, a virtud de la concurrencia de la culpa, se logra un resultado típico (muerte), que sobrepasa al inicialmente querido.

Número de registro 183553
Tesis: I.1o.P.84 P

Los elementos de configuración del dolo eventual, por razón de entrañar aspectos esencialmente subjetivos, como lo son los procesos anímicos de orden cognoscitivo y volitivo, cuya generación se produce en el interior de la mente del sujeto activo, son del todo refractarios a una constatación directa y, en tal virtud, resulta jurídicamente idónea su comprobación inferencial, siempre que se sustente objetivamente en indicios circunstanciales plenamente acreditados, que sean conducentes a demostrar, mediante una inferencia lógica necesaria, en una relación de antecedente a consecuente, más o menos estrecha, que induzca al convencimiento de que el infractor penal, no obstante prever como probable el resultado típico, aceptó la causación del mismo.

Número de registro183552
Tesis: I.1o.P.83 P

El párrafo primero del artículo 9o. del Código Penal para el Distrito Federal, ahora abrogado, que continúa siendo aplicable a los ilícitos perpetrados durante su vigencia, y cuyo contenido normativo esencial se ve reiterado en el párrafo segundo del dispositivo 18 del nuevo ordenamiento punitivo distrital, atribuye una estructura de conformación cognoscitivo-volitiva al modo comisivo de concreción delictual, de tipo doloso, tradicionalmente conocido en la doctrina como dolo eventual, puesto que previene como elementos requeribles para su integración, los siguientes: a) En el enunciado: «Obra dolosamente el que … previniendo como posible el resultado típico», contempla el elemento de orden cognoscitivo consistente en la previsión o representación del posible resultado típico; y b) En la expresión: «acepta la realización del hecho descrito por la ley», incluye el elemento de carácter volitivo, configurado por el asentimiento de voluntad del infractor penal con respecto a la causación del resultado típico, lo cual entraña evidentemente la aceptación del resultado previsto como posible o probable, ya que implica, psicológicamente, una forma indirecta de concurrencia de la voluntad. Este último aspecto constituye, ciertamente, el más relevante para el efecto de distinguir la culpa con representación del dolo eventual, en virtud de que en esta forma de concreción dolosa del tipo penal el activo quiere y realiza voluntariamente una conducta activa u omisiva, en la que conscientemente prevé como posible el resultado típico sancionado por la norma penal, y aunque el activo no pretenda ni desee ese posible resultado, como finalidad de su conducta, no obstante, lo acepta o asume conscientemente, conformando el elemento volitivo precitado, ya que consiente el probable resultado eventual de su actuar u omitir voluntario, máxime cuando le es del todo indiferente si se produce o no la causación de ese resultado típico contingente, como puede acontecer si el activo despliega, de manera voluntaria y consciente, una actividad altamente peligrosa, en condiciones y circunstancias por las que entiende necesariamente, como inminente, un riesgo de causación de un grave daño a la integridad o existencia de las personas, en que evidentemente, sin necesidad de prueba directa alguna, podría denotarse una deshumanizada indiferencia o desprecio por la vida humana.

Número de registro 175604

Del artículo 8o. del Código Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Por ello, un delito tiene este carácter, cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico y, aun así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite dos modalidades: directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intención, lo que el sujeto persigue directamente y abarca todas las consecuencias que, aunque no las persiga, prevé que se producirán con seguridad; mientras que el dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad.

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EXTINCIÓN DE DOMINIO

EL FUNDAMENTO LEGAL DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO ES EL ARTÍCULO 22 PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN.

Artículo 22 párrafos tercero y cuarto Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 3 y 7 Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio en su artículo 3 define a la Extinción de Dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes de carácter patrimonial cuya Legítima Procedencia no pueda acreditarse, en particular, Bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. La extinción de dominio es declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes.

Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la acción de extinción de dominio se ejercita por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le deben prestan auxilio en el cumplimiento de esta función. La Ley Nacional de Extinción de Dominio es la que establece los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Tal y como lo menciona la Ley, la Extinción de Dominio es procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2023775
Tesis: I.3o.C. J/26 C (10a.)
 
Hechos: Se reclamó en el juicio de amparo la expedición, promulgación y orden de publicación de diversos preceptos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 9 de agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, al estimar que eran de naturaleza autoaplicativa.
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio son de naturaleza heteroaplicativa y no autoaplicativa, pues su sola vigencia no trasciende de modo inmediato sobre la esfera jurídica de los sujetos de derecho a quienes se encuentran dirigidos, sino que es menester esperar a que se actualice la condición en ellos establecida para que se materialice el perjuicio y proceda el juicio de amparo en su contra.
 
Justificación: Lo anterior, porque bajo el criterio de individualización condicionada de la norma, para que se concreticen las disposiciones señaladas en perjuicio del particular y produzcan sus consecuencias de derecho, se requiere que se actualice el acto o hecho jurídico que prevén, como que, en principio, se trate de bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización (artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio), que se hubiese iniciado la acción de extinción de dominio a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial, que procederá sobre los bienes antes descritos, independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido (artículo 8 de la citada ley). Ello es así, porque la ley establece que los elementos de la acción de extinción de dominio son: un hecho ílícito; la existencia de algún bien de origen o destino ilícito; el nexo causal de los dos elementos anteriores y el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto del ilícito y este último elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo (artículo 9 del mismo ordenamiento).
Es improcedente conceder la suspensión provisional o definitiva para impedir los efectos y consecuencias de la ley citada, reclamada como autoaplicativa, relacionados con la regulación de los requisitos para gozar de la presunción de buena fe en la adquisición y destino lícito de bienes inmuebles, puesto que se requiere la existencia de un procedimiento regulado por la misma ley y la emisión de un acto concreto de aplicación. Es así, pues para que a alguien pudiera aplicársele el precepto legal en el que se establecen requisitos a acreditar para que opere el principio de buena fe en la adquisición y destino lícito de un bien inmueble, tendría forzosamente que iniciarse un procedimiento en el que la parte inconforme fuera la afectada y que, por ende, por tener ese carácter, o el de tercero extraño o ajeno a ese proceso, tuviera que acreditar los hechos que el legislador estableció para poder presumir esa buena fe, ya que el legislador estableció, de manera expresa, que esos requisitos se refieren al bien afecto a la acción respectiva. Por ende, si no se tiene noticia del inicio de un procedimiento de extinción de dominio que afecte a la parte quejosa, no puede considerarse que se actualice el peligro en la demora para conceder la medida cautelar solicitada, pues en tal supuesto se estaría ante un acto futuro e incierto y no ante uno actual e inminente, dado que para la concesión de la medida cautelar se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo, y en caso de obtener el amparo, que pueda traducirse en un beneficio para el quejoso.

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