EXTRADICIÓN

ConceptoLegalmx


INICIO


Facebook


Youtube

Ingresa tu palabra a buscar

LO MÁS LEÍDO

EXTRADICIÓN


Artículo 15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Extradición Internacional

La Extradición en un acto de colaboración internacional en materia penal, en donde un país a petición de otro país que así lo solicite, entrega a aquellas personas requeridas judicialmente que hayan cometido algún delito, para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.

De conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el punto de vista Gramatical se entiende por Extradición el acto por el cual un país entrega una persona que se encuentra en su territorio a las autoridades de otro país que lo reclama, ya sea para someterla a proceso o para que cumpla una pena que le fue impuesta por la comisión de un delito.

En México, el artículo 15 constitucional establece que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Como ya se ha dicho, la Extradición en un acto de cooperación internacional en materia penal, donde comúnmente dicha cooperación nace de la celebración de tratados donde se regula el proceso de extradición entre los países que son parte de tal tratado.

Lo anterior no quiere decir que es requisito indispensable para solicitar una extradición el tener un tratado celebrado en dicha materia, para esto, en México Ley de Extradición Internacional tiene por objeto regular las condiciones para entregar a los Estados que lo soliciten, cuando no exista tratado internacional, a los acusados ante sus tribunales, o condenados por ellos, por delitos del orden común, pues como ya se dijo, la constitución prohíbe el acto de celebrar tratados de extradición para delincuentes del orden común, sin embrago no prohíbe la extradición para delitos del orden común.

Por otro lado, el artículo 7 de dicha ley establece que NO se concederá la extradición cuando:

      • El reclamado haya sido objeto de absolución, indulto o amnistía o cuando hubiere cumplido la condena relativa al delito que motive el pedimento.
      • Falte querella de parte legítima, si conforme a la ley penal mexicana el delito exige ese requisito.
      • Haya prescrito la acción o la pena, conforme a la ley penal mexicana o a la ley aplicable del Estado solicitante.
      • El delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de la República.
      • No se concederá la extradición si el delito por el cual se pide es del fuero militar.
      • Queda prohibido extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura o desaparición forzada.


Tesis y Jurisprudencia

EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
Número de registro 2023507Tesis: 1a./J. 13/2021 (11a.) Hechos: Al promover un juicio de amparo indirecto, una persona sujeta a un procedimiento de extradición reclamó que los artículos 3o. y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América resultan contrarios al principio de legalidad, puesto que de su contenido no se desprende expresamente cuál es el procedimiento que debe aplicarse para tramitar la extradición, las autoridades que intervienen, sus funciones, ni las resoluciones que deben emitirse. Criterio jurídico: Los preceptos impugnados no son contrarios a los principios de legalidad y seguridad jurídica que derivan de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la remisión normativa que de manera expresa realiza dicho tratado a las normas mexicanas, permite identificar que la Ley de Extradición Internacional es el ordenamiento aplicable para sustanciar el procedimiento de extradición en nuestro país, en el que se reconocen los elementos y derechos necesarios para que las autoridades y las personas involucradas puedan desarrollarlo en un plano de certeza legal. 

Justificación: Los preceptos 3o. y 13 del Tratado Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América que de manera general regulan las pruebas y las reglas para instruir su procedimiento, no son violatorios del principio de legalidad de las normas, el cual se relaciona con el diverso de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que la remisión normativa que el propio tratado realiza al contenido de las normas nacionales, en el caso, a la Ley de Extradición Internacional –por voluntad convenida como una expresión de soberanía nacional y de reciprocidad internacional–, permite a la persona requerida identificar en un ámbito de certeza jurídica y sin necesidad de efectuar algún tipo de interpretación: a) el procedimiento diseñado en el sistema jurídico nacional para dar curso y resolución a la extradición solicitada por el país extranjero; b) las autoridades que intervienen durante su substanciación; c) las funciones específicas de esas autoridades; d) las resoluciones judiciales que deben emitirse; e) cuáles son las autoridades encargadas de valorar las pruebas aportadas; f) el método y las normas para su valoración; y g) las pruebas que resultan necesarias para otorgar o negar esa petición. Por lo anterior, se establece que las prevenciones generales contenidas en los preceptos impugnados encuentran un abundante contenido complementario en las normas a las que expresamente remite el referido tratado, que permiten desarrollar el procedimiento en un ámbito de seguridad jurídica, por lo que dichos artículos respetan la garantía de audiencia, el debido proceso y la defensa adecuada, pues brindan los mecanismos jurídicos apropiados que permiten a las personas relacionadas con el procedimiento de extradición el conocer plenamente la causa y objeto del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como acceder a un recurso efectivo.

EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.
Número de registro 2023506Tesis: 1a./J. 14/2021 (11a.) Hechos: Una persona sujeta a un procedimiento de extradición promovió una demanda de amparo indirecto en la que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley de Extradición Internacional, al considerar que es contrario al principio de no discriminación, puesto que no concede los mismos derechos que se reconocen a quienes están sujetas a un proceso penal. Criterio jurídico: El artículo 1o. de la Ley de Extradición Internacional no contraviene el principio de no discriminación contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, al no regular para las personas requeridas en ese procedimiento la aplicación de los mismos derechos que asisten a las personas sujetas a un proceso penal, pues requieren de un trato diferenciado atendiendo a las distintas finalidades y consecuencias existentes entre uno y otro procedimiento. 

Justificación: El derecho a la no discriminación se encuentra íntimamente relacionado con el derecho fundamental de igualdad que impone la exigencia de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pero no prohíbe al legislador establecer un trato desigual, sino sólo aquellos tratos injustificados que no estén apoyados en criterios razonables y objetivos, lo que requiere del análisis de una medida de comparación válida para su identificación. En ese sentido, no existe un parámetro objetivo con base en el cual pueda contrastarse el trato legal que en nuestro sistema jurídico se contempla para aquellas personas que se encuentran sujetas a un proceso de extradición, el cual obedece a un principio de reciprocidad internacional para trasladar a una persona de un Estado a otro para que sea procesada en ese país, frente al trato que se prevé para quienes están siendo sometidos a un proceso penal, que tiene la finalidad de establecer la existencia de un delito, determinar la responsabilidad penal, imponer las sanciones relativas y las reparaciones correspondientes. Por lo tanto, las finalidades y consecuencias existentes entre uno y otro procedimiento permiten identificar una distinción muy robusta que impide un contraste objetivo entre ambos procedimientos, por lo que se concluye que el precepto impugnado, al no conceder a las personas relacionadas con un procedimiento de extradición los mismos derechos que se reconocen a quienes están sujetas a un proceso penal, no vulnera el principio de no discriminación a que se refiere el artículo 1o. de la Constitución Federal.

EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA.
Número de registro 2010236Tesis: PC.I.P. J/11 P (10a.) Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y deberá tramitarla conforme al artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, el juzgador debe abrir de oficio y tramitando el incidente de suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un procedimiento formal reglado en la ley y así, con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y el orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva de ese acto. Esto, con el propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución del procedimiento de extradición, ya que de los informes allegados pudiera resultar que en el caso respectivo el acto reclamado no exista; que se trate de algún acto relativo a cierta etapa del procedimiento de extradición, o bien, que el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos ejemplos que permitan al juzgador decidir que la suspensión de oficio no debe subsistir indefinidamente.
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE.
Número de registro 2009216Tesis: PPC.I.P. J/7 P (10a.) En el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen treinta días para interponer la demanda de amparo contra el procedimiento de extradición, y el 18, en lo que interesa, dispone que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora, como la Ley de Extradición Internacional carece de disposición expresa respecto a cuándo surten efectos las notificaciones y no se observa en ella una remisión expresa a una ley supletoria -excepto en lo relativo a la legalización de documentos, pues en cuanto a este tema en su numeral 16 último párrafo, se debe de aplicar el Código Federal de Procedimientos Penales-, con base en una interpretación conforme de los artículos 1o. y 17 de la Carta Magna, en relación con los numerales 26 de la Ley de Extradición Internacional y 1, 36 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomando en cuenta que quien lleva a cabo y decide el procedimiento de extradición es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es parte de la Administración Pública Centralizada, se concluye que esta última legislación le es aplicable supletoriamente a la Ley de Extradición Internacional, para determinar cuándo surte efectos la notificación de una resolución de extradición internacional, porque en los dos últimos artículos invocados contempla una protección más amplia -que en los diversos 71 y 109 del Código Federal de Procedimientos Penales– en cuanto a la forma de cómo se deben realizar las notificaciones; además, el procedimiento de extradición, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es administrativo seguido en forma de juicio, lo que hace que en él se actualice la hipótesis del numeral 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CONTRA SU EJECUCIÓN.
Número de registro 161535Tesis: 1a./J. 38/2011 

Si se toma en consideración que este alto tribunal ha sostenido que la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que está en su territorio a otro Estado que la reclama por tener el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta, es indudable que el acto reclamado consistente en la orden de detención con fines de extradición es un acto que de ejecutarse afectaría material y temporalmente la libertad de la persona cuya extradición se reclama y, por ello, es procedente conceder la suspensión de su ejecución; sin embargo, ésta debe otorgarse considerando la naturaleza especial del procedimiento del que emana, por lo que en ese aspecto deben atenderse las normas que rigen dicha extradición. En tal virtud, conforme al artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Extradición Internacional, en el momento en que se manifiesta la intención de presentar la petición formal para la extradición de una persona, se requiere que el Estado solicitante únicamente exprese el delito por el cual solicita la extradición y manifieste que contra el reclamado existe una orden de aprehensión emanada de autoridad competente, ya que es incuestionable que en esa etapa del procedimiento, el juez federal no cuenta con los elementos suficientes para determinar si el delito que se atribuye al reclamado, conforme a la ley que lo rige, permite la libertad bajo fianza prevista en el artículo 26 de la citada ley, pues esto acontece hasta que se formule la petición formal de extradición, conforme a los artículos 19 y 20 del mismo ordenamiento, ya que hasta esta etapa el juzgador cuenta con los elementos necesarios para proveer lo conducente, en la medida en que el artículo 16 de dicha ley obliga al Estado solicitante a reunir los requisitos que prevé, como la reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante que definan al delito y determinen la pena para formular la petición formal de extradición. De ahí que acorde con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional que contra dicho acto se otorgue, sólo producirá el efecto de que el quejoso, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento de extradición.

EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA ENTREGA DE UN MEXICANO A UN ESTADO EXTRANJERO EN CASOS EXCEPCIONALES A JUICIO DEL EJECUTIVO FEDERAL, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.
Número de registro 170321Tesis: P./J. 24/2008 

El citado precepto, al establecer una excepción al principio de extradición internacional tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es de que no procede entregarlos a un Estado extranjero, no viola las garantías de legalidad y de seguridad jurídicas, derivadas de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Ejecutivo Federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición en casos excepcionales debidamente justificados; por tanto es innecesario que el legislador ordinario establezca cuáles son esos casos a fin de evitar el uso arbitrario o caprichoso de aquella facultad, ya que la procedencia de la extradición siempre estará condicionada al cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el tratado internacional, así como de los requisitos constitucionales o legales aplicables, justificando la excepcionalidad de la decisión mediante la debida fundamentación y motivación.

EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
Número de registro 170320Tesis: P./J. 23/2008 

El citado precepto, al establecer que la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que concede la extradición sólo será impugnable mediante el juicio de amparo, no viola la garantía de audiencia derivada del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que aquélla no conlleva la obligación de establecer más de una instancia, sino la de que el gobernado tenga una adecuada defensa mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a la jurisprudencia P./J. 47/95 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que dada la finalidad del procedimiento de extradición seguido en forma de juicio, su desahogo debe ser expedito; además, si sólo se establece la procedencia del juicio de amparo es porque a través de este medio extraordinario de control constitucional el gobernado puede reclamar la violación a sus garantías individuales.

EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL HECHO DE QUE EL SUJETO RECLAMADO CONTINÚE PRIVADO DE SU LIBERTAD DESPUÉS DE QUE EL ESTADO REQUIRENTE PRESENTA EN TIEMPO LA SOLICITUD FORMAL RELATIVA, NO IMPLICA PROLONGACIÓN DE LA DETENCIÓN NI VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Número de registro 170319Tesis: P./J. 25/2008 

Conforme al citado precepto constitucional, el plazo de detención de 60 días naturales para efectos de extradición se refiere exclusivamente a la detención provisional que como medida precautoria regulan los artículos 17 y 18 de la Ley de Extradición Internacional, dado que esta interpretación es la que hace posible la extradición, como institución de derecho internacional basada en el principio de reciprocidad, por virtud del cual se busca la colaboración en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o sentenciado por parte del Estado requerido, a efecto de que el Estado requirente tenga garantizada la efectiva procuración y administración de justicia en el territorio donde ejerce soberanía. Una interpretación contraria, en el sentido de que el mencionado plazo constitucional se refiere al periodo máximo de detención durante todo el procedimiento administrativo de extradición, haría imposible lograr la intención del Constituyente respecto del cumplimiento de los pactos internacionales de cooperación, tendientes a evitar la impunidad de los delitos, en tanto sería insuficiente para desahogar la solicitud de detención provisional y, una vez tramitada la petición formal de extradición, decidir lo conducente y, en su caso, acordar la entrega del reclamado al Estado requirente. Por tanto, la circunstancia de que el sujeto reclamado continúe privado de su libertad después de que se presente en tiempo la solicitud formal de extradición con los requisitos correspondientes no implica prolongación de su detención ni violación directa al artículo 119, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el plazo constitucional de 60 días naturales se refiere exclusivamente a su detención provisional y al decretarse su detención formal en el procedimiento especial de extradición, su situación jurídica cambia porque la privación de la libertad ya no deriva de la medida precautoria, sino que encuentra su fundamento en los mismos fines esenciales de ese procedimiento, pues de lo contrario no podría cumplirse el compromiso internacional de entregar al Estado requirente a la persona reclamada.

EXTRADICIÓN. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA ES INAPLICABLE CUANDO EXISTE TRATADO DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO SOLICITANTE.
Número de registro 174903Tesis: P./J. 77/2006 

Conforme al artículo 1o. de la Ley de Extradición Internacional, la aplicación de dicha norma cuando no hay tratado se refiere a la determinación de los casos y condiciones para la extradición, y en términos del numeral 2o. del propio ordenamiento, la aplicación de éste para cualquier extradición es sólo en cuanto a los procedimientos que deberán seguirse para el trámite y resolución de la solicitud relativa. Por su parte, el artículo 16, fracción III, de la Ley citada prevé una regla específica de no aplicación del diverso numeral 10 cuando exista tratado de extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado solicitante. En congruencia con lo anterior, y en atención a que el mencionado artículo 10 contiene condiciones de las que corresponde determinar a la Ley de Extradición Internacional cuando no existe tratado, se concluye que este precepto es inaplicable en el caso contrario, pues en este supuesto los casos y condiciones para entregar al Estado solicitante a los acusados o condenados ante sus tribunales estarán contenidos en el propio instrumento internacional.

EXTRADICIÓN. LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUÉLLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN.
Número de registro 175940Tesis: P./J. 2/2006 

De conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aquéllas no se aplicarán, o que se impondrán las de menor gravedad que fije su legislación. En estas condiciones, si la pena de prisión vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradición y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislación del Estado solicitante hasta con pena de prisión vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.


www.conceptolegalmx.com

COMPARTE