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FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE

Artículo 89 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De conformidad con el artículo 89 Constitucional, las facultades y obligaciones del Presidente de la República son las siguientes:

      • Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
    •  
      • Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

        Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

        En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratifica en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupa el cargo la persona que designa el Presidente de la República.

      • Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.
    •  
      • Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
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      • Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.
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      • Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
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      • Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señala la ley.
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      • Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.
    •  
      • Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo.
    •  
      • Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
    •  
      • Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.
    •  
      • Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.
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      • Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.
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      • Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.
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      • Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
    •  
      • Cuando la Cámara de Senadores no está en sesiones, el Presidente de la República puede hacer los nombramientos de embajadores; cónsules generales; empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y del Fiscal General de la República, esto, con aprobación de la Comisión Permanente.
    •  
      • En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

        El gobierno de coalición se regula por el convenio y el programa respectivos, los cuales deben ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio debe establecer las causas de la disolución del gobierno de coalición.

      • Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado.
    •  
      • Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados que establece el artículo 6 Constitucional hechos por el Senado de la República.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2018563
Tesis: 1a. CCLXXI/2018 (10a.)
 

El Presidente de la República, al expedir el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales el 9 de enero de 1932, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le concedió el Congreso de la Unión mediante Decreto de 31 de diciembre de 1931, no contravino el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en ese año, el cual establece que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y que, no podían reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Poder Legislativo en un individuo. Ahora bien, en el momento histórico en que se emitió el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (anterior Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales), la Constitución Federal permitía al Congreso de la Unión delegar ciertas facultades legislativas al Ejecutivo Federal, siempre y cuando no se delegaran todas ellas y su estructura orgánica no se integrara con la de aquel poder; en ese sentido, las facultades extraordinarias referidas no restringían las del Congreso de la Unión para que, de estimar que las leyes emitidas en ejercicio de dichas facultades fueran contrarias a su voluntad, las reformara o derogara. Por tanto, en aquel entonces el Congreso de la Unión podía conceder facultades extraordinarias para legislar al Presidente de la República, en su auxilio y colaboración para salvaguardar la marcha normal y regular la vida en sociedad, respecto de determinadas materias y por un cierto periodo, como es el caso de la expedición del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la cual es constitucional.

Número de registro 159879
Tesis: 1a./J. 3/2013 (9a.)
 

Cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Presidente de la República facultades para alcanzar un fin determinado, en éstas se incluyen los medios adecuados para lograrlo, siempre que no se trate de los que están legalmente prohibidos y se adapten al espíritu de la propia Constitución y de las leyes. Ahora bien, el hecho de que el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución General de la República prevea que el Congreso de la Unión podrá facultar al Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, sin incluir el término «derogar», no implica que no pueda derogarlas, toda vez que de los antecedentes legislativos que dieron origen a la reforma del citado precepto, se advierte que la intención del legislador federal al otorgar esa facultad al Presidente de la República fue que el sistema fiscal cumpliera con los principios de elasticidad y suficiencia en la imposición para que el Estado pueda, material y jurídicamente, adecuar o alterar los aranceles en atención a las necesidades económicas imperantes en el país en un momento determinado; esto es, se le facultó para regular el comercio exterior, la economía, la estabilidad de la producción nacional, y cumplir cualquier otro propósito en beneficio del país, por lo que gozaría de la facultad de modificar las prescripciones legales sobre la materia de comercio exterior, y como entre las acepciones del término «modificar» están la de alterar, variar y derogar, es evidente que, al otorgarse tal facultad, dicha alteración o modificación incluye también la posibilidad de derogar disposiciones contenidas en la ley expedida por el Congreso de la Unión, sin que ésta tenga fuerza obligatoria ineludible para el legislador, quien en otra ley o decreto puede apartarse de aquélla, ya sea al derogarla tácita o expresamente, o bien, al establecer excepciones.

Número de registro 161045
Tesis: 1a. CLXX/2011
 

La expedición por el Presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión, del Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1933 es constitucional, pues no viola el principio de división de poderes, ya que según interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prohibición contenida en el texto original del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces vigente, de que se reunieran dos o más poderes en una sola persona o corporación, impedía que uno fuera absorbido orgánicamente por el otro y desapareciera de la estructura del poder, pero no que el Congreso de la Unión transfiriera al Ejecutivo Federal ciertas facultades legislativas como un acto de colaboración entre dos poderes, dirigido a salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad. En ese tenor, fue hasta 1938 que se reformó el párrafo final de dicho precepto, cuando se tornó ilegítima esa práctica inveterada, porque el Constituyente dispuso que no podían delegarse en el Ejecutivo Federal facultades para legislar en casos distintos al de la suspensión de garantías individuales, y hasta 1951 se adicionó el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, otorgándole facultades extraordinarias.

Número de registro 162352
Tesis: XVI.1o.A.T. J/23
 

Si bien es cierto que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo federal procede contra decretos de carácter general diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, también lo es que dicha hipótesis no se actualiza tratándose de decretos expedidos por el presidente de la República con base en las facultades que en materia de comercio exterior le delegó el Congreso de la Unión en términos del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque existe marcada diferencia entre la facultad reglamentaria, donde se aloja la de emitir decretos de carácter administrativo para la exacta observancia de la ley, prevista en la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna, y la de carácter legislativo a que se refiere el primero de los citados preceptos constitucionales, máxime que de la exposición de motivos que dio lugar a la mencionada ley federal se advierte que la oportunidad de reclamar en la vía contenciosa administrativa los decretos de carácter general, tuvo como fin dar oportunidad a los particulares de impugnar no sólo actos administrativos de carácter individual, sino también las diversas resoluciones de carácter general que expidieran las autoridades de esa naturaleza en el ejercicio de sus facultades, sin que, desde luego, incluyera en éstas las legislativas, pues la impugnación de las disposiciones legislativas federales está reservada a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, el indicado juicio es improcedente contra decretos expedidos por el presidente de la República con base en las facultades que en materia de comercio exterior le delegó el Congreso de la Unión, acorde con la fracción II del artículo 8o. de la ley señalada inicialmente.

Número de registro 172518
Tesis: 1a./J. 41/2007
 

El Congreso de la Unión o el presidente de la República, en el ejercicio de la función que a cada uno compete en el proceso de formación de las leyes y, específicamente, este último al emitir un decreto en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no están obligados a explicar los fundamentos o motivos por los cuales las expiden y promulgan, en virtud de que esa función sólo requiere que la autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para ello, lo cual es acorde con el criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 269, con el rubro: «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.», en el sentido de que tratándose de actos legislativos, dichas garantías se satisfacen cuando la autoridad que expide la ley actúa dentro de los límites de las atribuciones constitucionalmente conferidas (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieran a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).

Número de registro 185980
Tesis: 1a. LXVI/2002
 

Si se toma en consideración que de lo dispuesto en el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende exigencia alguna en el sentido de que la reforma, adición, modificación o derogación de una ley provenga del mismo órgano que la creó, ni que para ello deban observarse los mismos trámites que en el caso particular se hayan observado para su expedición, sino que aquéllas se realicen conforme al procedimiento que establece el propio ordenamiento fundamental para la creación de normas legales por parte de los órganos autorizados, según se actualicen los supuestos que aquélla prevé, se llega a la conclusión de que el mencionado precepto constitucional tampoco prohíbe que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión puedan ser reformadas por el presidente de la República en uso de sus facultades extraordinarias, a través del procedimiento ordinario previsto en dicho numeral, siempre que se esté en los supuestos y mediante la observancia de las formalidades contenidas en los artículos 49 y 131 de la propia Constitución, en materia de comercio exterior.

Número de registro 187796
Tesis:  2a. I/2002
 

Los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que las facultades y obligaciones del presidente de la República son las de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, y que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. Ahora bien, aun cuando tales preceptos se relacionan con «las leyes que expida el Congreso de la Unión», con esa expresión lo que se quiso significar es, por una parte, que la facultad reglamentaria no puede tener por objeto preceptos de la propia Constitución General, pues la reglamentación de éstos incumbe al citado órgano legislativo a través de las leyes reglamentarias u orgánicas de este Ordenamiento Supremo y, por la otra, que tal facultad no es independiente de la ley, pues lo característico del reglamento es su subordinación a ésta; sin embargo, ello no significa que en los casos de excepción previstos constitucionalmente en los que el Congreso autorice al Ejecutivo a legislar, y le otorgue facultades extraordinarias a éste, carezca de la posibilidad de reglamentar y dictar las disposiciones necesarias para proveer a su exacta observancia, pues sería ilógico que habiéndosele otorgado la facultad extraordinaria de legislar, se le limite su atribución de reglamentar la legislación que expida para facilitar su aplicación y ejecución, toda vez que al conferírsela el Congreso de la Unión le trasladó las peculiaridades inherentes a una ley del Congreso, las que obviamente incluyen la posibilidad de ser reglamentadas por el órgano constitucional competente.

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