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FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Artículo 244 Código Penal Federal

En términos del artículo 244 del Código Penal Federal, el Delito de Falsificación de Documentos en General se comente por alguno de los siguientes medios.

      • Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera.
      • Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero.
      • Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación.
      • Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento.
      • Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto.
      • Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir.
      • Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos.
      • Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia.
      • Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo.
      • Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.

Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los requisitos siguientes:

      • Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero.
      • Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o ya en su persona, en su honra o en su reputación.
      • Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento.

También comente el Delito de Falsificación de Documentos en General:

      • El funcionario o empleado que, por engaño o sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido.
      • El Notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos.
      • El que, para eximirse de un servicio debido legalmente, o de una obligación impuesta por la ley, suponga una certificación de enfermedad o impedimento que no tiene como expedida por un médico cirujano, sea que exista realmente la persona a quien la atribuya, ya sea ésta imaginaria o ya tome el nombre de una persona real, atribuyéndoles falsamente la calidad de médico o cirujano.
      • El médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone, o para adquirir algún derecho.
      • El que haga uso de una certificación verdadera expedida para otro, como si lo hubiere sido en su favor, o altere la que a él se le expidió.
      • Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de esa clase.
      • El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables.
      • El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2010967
Tesis: 1a. XLIV/2016 (10a.)
 

El precepto citado prevé que si quien realiza la falsificación de documentos públicos o privados es servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por «pena inusitada», en su acepción constitucional, debe considerarse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad. Asimismo, por «pena trascendental», se entiende la que pueda afectar a un tercero o a parientes del sentenciado. De ahí que el artículo 243, párrafo segundo, del Código Penal Federal que establece una agravante para el delito de falsificación de documentos, no contiene una pena inusitada, toda vez que se integra con una pena de prisión que consiste en el aumento hasta en una mitad más, de la fijada para el delito básico de falsificación de documentos a que se refiere el párrafo primero del precepto referido, cuando quien realice la falsificación tiene una calidad específica: que sea servidor público; por lo que la pena establecida para esta agravante contiene una sanción distinta de las abolidas por inhumanas, crueles, infamantes, excesivas, o aquellas que no corresponden a los fines que persigue la penalidad, pues es una sanción paradigmática de un régimen democrático e incluso es acorde con un régimen de derecho penal mínimo. Asimismo, la agravante tampoco tiene una naturaleza trascendental, porque no afecta la esfera jurídica de terceros ajenos al delito, o al menos no les afecta en una medida o por un motivo no justificado constitucionalmente. Así, el sistema de penas previsto en los códigos penales está dirigido, en términos generales, a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque, la calidad de sujetos involucrados y al grado de responsabilidad subjetiva del agente, aunque también admite la ponderación de las razones de oportunidad condicionada por la política criminal del legislador; de ahí que imponer una sanción agravada cuando aumenta el grado de reproche de la conducta en cuestión, derivado de factores circunstanciales en la comisión de la conducta delictiva, no constituye una pena inusitada ni trascendental de las que refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Número de registro 2002931
Tesis: 1a./J. 123/2012 (10a.)
 

El artículo 246, fracción VII, del Código Penal Federal (antes Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal), establece que incurrirá en la pena señalada en el artículo 243 del propio código, el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. Ahora bien, del precepto primeramente citado se advierte que los elementos del delito son: a) la existencia de una acción de cualquier persona, ya que el tipo penal no requiere una calidad específica del sujeto activo; b) el conocimiento específico sobre la falsedad del documento, esto es, el elemento subjetivo específico; c) que haga uso, es decir, el verbo rector del tipo o conducta que se prohíbe; d) que exista un documento, objeto material del delito; e) que sea falso, se refiere a una característica específica que debe tener el documento en cuestión, lo que se traduce en el elemento normativo; f) que se trate de una copia, transcripción o testimonio del documento (modalidades del objeto material); g) que sea público o privado (elemento normativo de valoración jurídica); h) que haya una lesión al bien jurídico que lo constituye, esto es, la seguridad jurídica inherente a dichos documentos; e i) que exista el contenido doloso de la conducta, pues este delito no admite la forma de comisión culposa. De lo anterior se colige que el artículo 246, fracción VII, que prevé el citado delito es claro y preciso, pues contiene todos los elementos necesarios para acreditarlo, con lo que se dota de certeza jurídica a los gobernados, en la medida en que tienen posibilidad de conocer específicamente la conducta prohibida por el legislador con dicho tipo penal y su consecuente sanción. Ahora bien, el hecho de que dicho artículo remita al numeral 243, que prevé las penas para el delito de falsificación de documentos, sólo es para ese efecto; mientras que el diverso 245, que exige que para que el ilícito de falsificación de documentos sea sancionable, se requiere se satisfagan las condiciones objetivas de punibilidad que menciona, ambos del Código Penal Federal, no implica que para acreditar el delito de uso de documento falso también deban requerirse las condiciones fijadas para el ilícito de falsificación, ya que dicha remisión es únicamente para efecto de la imposición de las penas y, al no existir precepto legal que establezca que deban ser exigibles, éstas no le aplican, pues estimar lo contrario atentaría contra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal.

Número de registro 160942
Tesis: I.11o.C. J/20 (9a.)
 

De acuerdo con el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el librador de un cheque puede objetar su pago al librado, entre otros supuestos, cuando la alteración o falsificación del documento alegadas fueren notorias. Ahora bien, para efecto de resolver el litigio basado en el referido supuesto, el juzgador debe constreñirse a tomar como elemento esencial o sustancial de la acción ejercitada para objetar el pago del cheque basal, precisamente la notoriedad de la falsificación o alteración del cheque, para lo cual, debe tomar en cuenta que los documentos idóneos para realizar el cotejo a simple vista de la firma del cheque cuya falsificación notoria se alega, son el original de dicho título de crédito y la ficha de registro de firmas autorizadas en la cuenta de cheques a la que corresponde el citado documento basal, ya que son los medios eficaces para determinar si la falsificación alegada por la parte actora es notoria o no, en tanto que son los únicos elementos de prueba de cotejo que sirven de base a los empleados bancarios para corroborar que la firma que contiene el cheque que le es presentado para su cobro, coincide con la del librador, o de la persona autorizada para ello.

Número de registro 163679
Tesis:  I.11o.C. J/19
 

Cuando se ejercita la acción de objeción de pago prevista en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fundada en la notoria falsificación de la firma que contiene el cheque base de la acción y el banco demandado se niega a exhibir el original de éste y la tarjeta de registro de firmas que la parte actora solicitó se le requiera para hacer el cotejo correspondiente, las afirmaciones de la citada actora, relativas a que la firma que contiene el aludido cheque es notoriamente distinta a la que contiene la ficha de registro de firmas, deben tenerse por ciertas y, por tanto, la presunción que se desprende de esa certeza es suficiente para tener acreditada la acción, salvo prueba en contrario; atento a que lo único que tenía que acreditar dicha actora para demostrar sus afirmaciones era, precisamente, que la firma contenida en el cheque era notoriamente distinta a la que contiene la ficha de registro de firmas del banco. Se estima lo anterior, porque del artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles se infiere que la intención del legislador al prever que ante la negativa de una parte para exhibir en el juicio un documento que tiene en su poder, se tengan por ciertas las afirmaciones que su contraparte pretendía acreditar con él, lo que tiene sustento en el hecho de que esa es la única forma en que el actor puede acreditar sus afirmaciones cuando no tiene en su poder los documentos que necesita para ello pues, de otra manera, no podría obligarse a la parte que los tiene en su poder a que los exhiba, en tanto que al saber que éstos son necesarios para que su contraria pueda acreditar sus afirmaciones y quizá la procedencia de la acción ejercitada en su contra, se negará a exhibirlos y ante tales circunstancias, se dejaría en estado de indefensión a la parte que los requiere, pues no tendría forma alguna de obligar a su contrario a que los exhiba.

Número de registro 195596
Tesis: VII.P. J/33
 

Una interpretación armónica de los artículos 272 y 223 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que prevén los delitos de fraude procesal y falsificación de documentos, respectivamente, lleva a concluir válidamente que ambos preceptos sancionan la alteración o falsificación de documentos en perjuicio de terceros. Por tanto, si la conducta desplegada presumiblemente por los quejosos encuadra dentro de la primera de las normas legales referidas porque está acreditado que alteraron un título de crédito obteniendo con ello una resolución judicial que derivó en perjuicio del demandado y en beneficio propio, es incuestionable que no puede estimárseles también como probables responsables del diverso delito al que se refiere el segundo de los preceptos citados, porque sería tanto como permitir que se les enjuiciara dos veces por la misma conducta, recalificándola en su perjuicio.

Número de registro 204380
Tesis: VII.P. J/1
 

Cuando una persona falsifica un documento y lo usa a sabiendas de ello, no puede hablarse de la existencia de dos delitos autónomos, ya que en esa hipótesis el uso de documento falso se subsume en el de falsificación de documentos.

www.conceptolegalmx.com

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