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FLAGRANCIA

Artículo 16 párrafo quinto Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El fundamento legal de la flagrancia se encuentra en el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional al establecer que, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

 

La Flagrancia es el instante en el cual se sorprende al sujeto activo ejecutando un delito y es detenido ya sea cometiendo el delito o inmediatamente después. Para estos efectos, los Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido que, por flagrante delito no sólo debe entenderse el momento actual en que el infractor de la ley realiza el acto antijurídico que puede y debe motivar su aprehensión por cualquier persona, sino también los inmediatamente posteriores a su ejecución.

 

Los que todo ciudadano debería saber, es que la flagrancia permite que cualquier persona sin importar que pertenezca o no a algún cuerpo de vigilancia oficial o privado, tiene el derecho y la facultad de aprehender o detener al sujeto que esta cometiendo el delito, es una facultad que nos otorga el artículo 16 constitucional.

 

Por otro lado, si bien es cierto que cualquier ciudadano tiene la facultad de detener al sujeto activo tal y como se mencionó con anterioridad, también es cierto que, dicha facultad se extiende para que el ciudadano tome medidas para evitar la fuga del sujeto activo y termina poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. Esto es, que la facultad de detención en flagrancia no comprende la autorización para registrar, indagar o investigar al sujeto activo, por tanto, la posibilidad de los particulares de detener en flagrancia no conlleva atribuciones indagatorias ni confiscatorias, si se realiza con otro fin que no sea cerciorarse de que porta un arma que pudiera representar un riesgo para sí o para los demás, lo cual es la única salvedad congruente con la necesidad de seguridad durante la medida coercitiva.

 

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 219725        
 
Por flagrante delito no sólo debe entenderse el momento actual en que el infractor de la ley realiza el acto antijurídico que puede y debe motivar su aprehensión por cualquier persona, en términos del artículo 16 constitucional, cuanto más por agentes de la Policía Judicial Federal, sino también los inmediatamente posteriores a su ejecución.
Número de registro 2017669
Tesis: I.1o.P.110 P (10a.)
 
El artículo 267, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (actualmente abrogado), establece que se entiende que existe delito flagrante cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo, o cuando el inculpado es perseguido material e inmediatamente después de ejecutado el delito. Ahora bien, si la detención del sujeto activo se realizó enseguida de que cometió el hecho delictivo –lapso razonable–, en virtud de que se le persiguió mediante un sistema electrónico de geolocalización satelital, el cual resulta infalible, sin interrupción alguna, esa circunstancia actualiza la figura de la flagrancia, pues aunque no se le siguió físicamente al agresor, pero sí por dicho sistema electrónico de posicionamiento satelital de momento a momento, por lo que acorde con el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 267 indicado, la detención del presunto responsable no se apartó de las exigencias establecidas en dichos numerales, en la medida en que no se trató de un acto arbitrario o, peor aún, injustificado por los elementos de la policía aprehensores; por ende, no se violó derecho alguno en perjuicio del quejoso.
Número de registro 2017425        
Tesis: I.1o.P.116 P (10a.)
 
De la interpretación conjunta de los artículos 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 267, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (actualmente abrogado), se advierte que la detención en flagrancia se suscita cuando el indiciado es detenido en el momento en que esté cometiendo un delito, o bien, cuando es perseguido material e inmediatamente después de haberlo ejecutado; de ahí que, aun cuando el sujeto activo se traslade de una de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro a otra, si existe una persecución material de éste, inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo y, en su caso, es señalado por la víctima para su aprehensión, su detención será en flagrancia, al no apartarse de las exigencias establecidas en los artículos mencionados.
Número de registro 2017234        
Tesis: I.1o.P. J/3 (10a.)
 
El artículo 267, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que se entiende que existe delito flagrante cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo, o bien cuando el inculpado es perseguido material e inmediatamente después de ejecutado el delito. Ahora bien, si la detención del sujeto activo se realizó enseguida de que cometió el hecho delictivo –lapso razonable–, con motivo del rastreo que se le dio a través del monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en el lugar del evento, dándole persecución material a dicha persona por ese medio desde allí, hasta donde se logre capturarla, sin interrupción alguna, esa circunstancia actualiza la figura de la flagrancia, pues si bien no se le siguió físicamente al agresor, pero sí a través de dicho sistema electrónico, por cierto, inmediatamente después de que ocurrió el hecho y sin perderlo de vista, inclusive, observando detalle a detalle lo que realizó en ese recorrido; lo cierto es que, al ser esa situación acorde con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 267 indicado, la detención del presunto responsable no se apartó de las exigencias establecidas en dichos numerales, en la medida en que no se trató de un acto arbitrario o, peor aún, injustificado por los elementos de la policía aprehensores; por ende, no se violó derecho alguno en perjuicio del quejoso.
Número de registro 2012186        
Tesis: 1a./J. 8/2016 (10a.)
 
Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia.
Número de registro 2012053        
Tesis: 1a. CXC/2016 (10a.)
 
La atribución de carácter provisional y circunstancial prevista en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgada a cualquier persona para detener a quien sorprenda cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y, ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, constituye una injerencia en la esfera individual del ciudadano que, si bien es legítima, debe ceñirse estrictamente a su literalidad. Esto es, como cualquier limitación a un derecho fundamental -en la especie, la libertad personal- dicha atribución debe interpretarse de forma restrictiva; de ahí que la detención ciudadana debe limitarse a tomar medidas para evitar la fuga del inculpado y, en consecuencia, no comprende la autorización para registrar, indagar o investigarlo, si se realiza con otro fin que no sea cerciorarse de que porta un arma que pudiera representar un riesgo para sí o para los demás, lo cual es la única salvedad congruente con la necesidad de seguridad durante la medida coercitiva, pues no parece razonable exigir al aprehensor una conducta heroica o temeraria cuando está realizando un aseguramiento en aras del interés público. Fuera de este supuesto, la posibilidad de los particulares de detener en flagrancia no conlleva atribuciones indagatorias ni confiscatorias.

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