PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

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PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL


Artículo 14.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 20, apartado A, Fracción V Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Por su parte, la Constitución en la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las partes deben tener igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

Así lo confirma el artículo 10 del Código Nacional del Procedimientos Penales al disponer que todas las personas que intervienen en el procedimiento penal deben recibir el mismo trato y deben tener las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, imponiendo la obligación a las autoridades de velar para que todas las personas sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos.

La corte sostiene que en primer lugar deriva de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la eliminación de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la IGUALDAD ENTRE TODOS LOS SERES HUMANOS.

En segundo lugar dentro de la Garantía de Debido Proceso Legal está implícito el principio de igualdad Procesal que ampara el derecho de las partes en el proceso para tener la misma oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno.

Bajo esta premisa, en el proceso penal el equilibrio es de suma importancia, pues debe concederse iguales condiciones procesales de manera que ninguna de las partes quede en estado de indefensión por lo que es obligación de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, ejercer acciones y verificar que existan las condiciones necesarias que garanticen la igualdad de las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos.

En conclusión, atendiendo a los principios de igualdad ante la ley y entre las partes, durante el proceso penal los jueces están obligados a proporcionar a las partes un trato digno e idéntico, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se actualiza una violación al principio de igualdad procesal en el procedimiento penal.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS.




Tesis y Jurisprudencia

PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS ALCANCES.
Número de registro 2020690Tesis: 1a. LXXX/2019 (10a.) 

El principio citado encuentra sustento en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; principio que se relaciona, a su vez, con los diversos de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Ahora bien, el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, y deriva a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la igualdad entre todas las personas respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y, por consiguiente, de unificación de todo aquello que venía reconociendo como idéntico, una naturaleza común del ser humano por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. En esos términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los Jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de mérito.


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