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INFORMACIONES AD PERPETUAM / INMATRICULACIÓN


Artículo 3046 Código Civil Federal

En términos del artículo 3046 del Código Civil Federal, la inmatriculación no es otra cosa que la incorporación al Registro Público de la Propiedad de un bien inmueble que carece de antecedentes registrales.

De conformidad con el artículo 3019 del mismo código, la regla general en materia registral es que en el Registro Público de la Propiedad sólo puede transmitirse lo que se encuentra previamente inscrito, es decir, deben constar los antecedentes registrales de un inmueble con el objeto asegurar que el comprador de un bien inmueble lo adquiera de quien tiene el legítimo derecho.

La excepción a la regla antes mencionada ocurre cuando el inmueble que se pretende inscribir no tiene antecedentes registrales. Para estos efectos la ley regula el procedimiento especial de inmatriculación que también se denomina en algunos códigos procesales «INFORMACIÓN AD PERPETUAM».

El artículo 538 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las informaciones «ad perpetuam» pueden decretarse únicamente cuando el promovente sólo tiene interés de justificar o comprobar la posesión de un inmueble como medio para acreditar el dominio pleno.

En conclusión, el procedimiento de “Inmatriculación” o “Información Ad-Perpetuam” tiene por objeto la inscripción por primera vez de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, e involucra una amplia investigación para que la autoridad se cerciore de que el inmueble no ha sido inscrito antes, o que quien pretende la inscripción tiene la propiedad o posesión del inmueble, y que no haya una persona con un mejor derecho.

Es muy importante dejar claro que con la “Inmatriculación” o “Información Ad-Perpetuam” no se puede acreditar la propiedad de un inmueble pues este instrumento legal única y exclusivamente tiene el alcance de probar que se ha tenido la posesión, pero en ningún caso, puede interpretarse que sirve para acreditar la propiedad y por tanto no se pueden trasmitir los bienes inmuebles, en todo caso se podrían ceder los derechos de posesión, pues como ya vimos, la ley estipula que dicho trámite procede únicamente para justificar y/o comprobar la posesión además de que así lo ha confirmado la jurisprudencia.

Así lo ha confirmado la jurisprudencia en varias ocasiones, teniendo como ejemplo la tesis jurisprudencial más reciente titulada “ACCIÓN REIVINDICATORIA. NO QUEDA PROBADO EL ELEMENTO PROPIEDAD NECESARIO PARA SU PROCEDENCIA, SI EL TÍTULO EXHIBIDO POR EL ACTOR TIENE COMO ANTECEDENTE CAUSAL DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)”.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS




Tesis y Jurisprudencia

INMATRICULACIÓN DE BIENES. PARA PROBAR LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE DUEÑO ES ADMISIBLE EL TESTIMONIO DE TESTIGOS QUE NO REÚNAN LA ALTA CALIDAD QUE, DE MODO PREFERENTE, SE PREVÉ EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.
Número de registro 2013490Tesis: 1a. XIII/2017 (10a.) 

El artículo 122, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé que el solicitante de una inmatriculación de bienes por resolución judicial, está en obligación de probar su posesión en concepto de dueño por los medios legales y, además, por la información de tres testigos, preferentemente colindantes del inmueble a inmatricular o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trata. Lo anterior se encuentra justificado en que el testimonio es un medio probatorio apto para acreditar un hecho complejo como la posesión de un bien a título de dueño, porque se traduce en una situación continua, que se prolonga en el tiempo; de ahí que en el precepto mencionado se exija que preferentemente provenga de las personas en quienes se presume mayor conocimiento de ese estado de hechos, pues al ser colindantes o tener bienes raíces en el lugar de ubicación del bien a inmatricular, están en mejores condiciones de advertir día a día, por sus sentidos, quién ejerce actos de dominio sobre el bien inmueble respectivo. Y como tal circunstancia se prevé de modo preferente, debe entenderse que el precepto no excluye la posibilidad de que se ofrezca el testimonio de personas sin esa alta calidad (colindantes del inmueble a inmatricular o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trata), cuyo ateste puede resultar valioso para la comprobación de los hechos según el prudente arbitrio judicial; por lo que no debe desecharse de plano ni negársele todo valor probatorio, sino valorarse con el resto del material probatorio para determinar, razonadamente, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, si en su conjunto son suficientes para acreditar el hecho de la posesión a título de dueño y demás condiciones para prescribir, según lo exige el procedimiento de inmatriculación respectivo.

INMATRICULACIÓN DE BIENES. EL REQUISITO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE TRES TESTIGOS PARA ACREDITAR LA POSESIÓN A TÍTULO DE DUEÑO NO ES VIOLATORIO DEL DEBIDO PROCESO NI DEL DERECHO A LA JUSTICIA.
Número de registro 2013489Tesis: 1a. XII/2017 (10a.) 

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 122, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 3046, 3047 y 3050 del Código Civil, ambos del Distrito Federal, conduce a determinar que no resulta violatorio del debido proceso ni del derecho a la justicia, el hecho de que en el primero de tales preceptos se exija como prueba de la posesión de un inmueble a título de dueño, a efectos de lograr su inmatriculación por resolución judicial, la información de cierto número de testigos, que consiste en tres, preferentemente colindantes o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trata. Lo anterior, ya que en atención a la naturaleza y finalidad de la inmatriculación de dar inicio a la vida registral de un inmueble a favor de una persona, se encuentra razonable que el procedimiento para obtenerla esté sujeto a mayores requisitos que los exigidos para la acción de prescripción adquisitiva, con el fin de lograr certeza suficiente sobre el dominio del bien ejercido por el solicitante, así como reducir las posibilidades de afectación a derechos de terceros, es decir, otros posibles propietarios del bien a inmatricular, tomando en cuenta que la particularidad de este trámite es que el inmueble no cuenta con antecedentes registrales ante el Registro Público de la Propiedad, a diferencia de la prescripción adquisitiva, en la que se requiere del antecedente registral para enderezar la demanda contra quien aparezca en éste como titular del bien; y porque el testimonio de testigos tradicionalmente se ha considerado como el medio más idóneo para acreditar un hecho continuado, como es la posesión de un bien a título de dueño.

INMATRICULACIÓN DE INMUEBLES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2903-A Y EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2897 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. ES UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.
Número de registro 192763Tesis: P. LXXXVI/99 

De lo dispuesto por el artículo 2897 del Código Civil del Estado de México, se advierte que la inmatriculación de inmuebles puede obtenerse, entre otros supuestos, mediante resolución judicial, o bien, mediante resolución de carácter administrativa, según el órgano que la acuerde y ante el cual se solicite. Así, la incorporación de una finca a la vida registral por virtud de una resolución dictada en un juicio en que se hayan cumplido las formalidades esenciales de un procedimiento, será judicial; y la dictada por un funcionario cuyo desempeño se basa en la realización de funciones básicamente administrativas, tendrá este último carácter. De lo anterior se concluye que el acto de inmatriculación de inmuebles al que se refieren los artículos 2903-A y la fracción V del numeral primeramente citado del Código Civil del Estado de México, por el director del Registro Público de la Propiedad, es formal y materialmente administrativo, en virtud de que no dirime una contienda ni realiza acto jurisdiccional alguno, sino que previa solicitud y acreditación del derecho que le asiste al interesado para obtenerla, declara procedente la inmatriculación con la orden de inscripción en el Registro Público de la Propiedad respectivo, dejando a salvo derechos de terceros; esto es, se trata de un acto que proviene de un órgano de la administración pública y que constituye la declaración unilateral de voluntad de tal órgano, en ejercicio de la potestad administrativa, por la que reconoce una situación jurídica de alcance particular, sin que por el hecho de que el fundamento sustantivo de dicha inmatriculación esté contenido en el Código Civil deba inferirse que la contienda que esos actos susciten, sea de naturaleza civil.

INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
Número de registro 177599Tesis: 1a./J. 91/2005 

De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria.


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