LITIGANTE

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LITIGANTE


Tesis:1a./J.76/2019 (10a.)

Al resolver la contradicción de tesis 354/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el litigante debe ser identificado como un profesional del Derecho.

Corresponde al profesional del derecho que comparece a una contienda judicial en defensa de los intereses de alguna de las partes. La connotación gramatical corresponde a “contender”, “disputar en juicio sobre algo”, el término “litigante” no debe ser interpretado en un sentido amplio, sino de manera restrictiva, pues actuar conforme a la primera interpretación y relacionarlo con cualquiera de las partes que intervienen en un procedimiento judicial, administrativo o de cualquier orden legal, llámese actor o demandado, originaría dotarlo de cierta vaguedad, al grado de descontextualizarlo del propio contenido normativo.

El litigante ejerce la actividad profesional, ya que están relacionadas con aspectos técnicos sobre la defensa y el patrocinio de las partes en un juicio o procedimiento; la actividad probatoria y de promoción de incidentes, y la interposición de recursos. En este sentido, la palabra “litigante” no corresponde a las partes en un juicio o proceso, sino a un especialista en Derecho que interviene en defensa y patrocinio de alguna de las partes.

Para estos efectos, el Código Nacional del Procedimientos Penales a través de su artículo 17 establece que la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, debe ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor debe ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional.

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Tesis y Jurisprudencia

DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. EL ELEMENTO NORMATIVO «LITIGANTE» PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO EN DICHOS ILÍCITOS, NO COMPRENDE AL ACTOR O DEMANDADO QUE PARTICIPA EN UNA CONTIENDA, SINO QUE CORRESPONDE AL PROFESIONAL DEL DERECHO QUE COMPARECE A ÉSTA EN DEFENSA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE COAHUILA ABROGADA).
Número de registro 2021219Tesis: 1a./J. 76/2019 (10a.) Los artículos 319, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 233, fracción VI, del Código Penal del Estado de Coahuila, abrogado, regulan de forma similar el delito de abogados, patronos y litigantes, en su hipótesis normativa que dice: “quien a sabiendas, alegue hechos falsos”, cuando intervengan en un proceso de cualquier índole. Ahora bien, a partir de los componentes de las normas penales, el sujeto que realiza o ejecuta la conducta tiene que ser un profesional en derecho, lo que revela que el tipo exige una calidad específica en el activo. Sin embargo, la problemática surge cuando se pretende establecer si el término “litigante” también comprende a dicho profesional o se refiere a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso, ya que el legislador no precisó concretamente qué debía entenderse por tal. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese elemento normativo no comprende al actor o demandado que participa en un procedimiento judicial, administrativo o de cualquier orden legal, sino que corresponde al profesional del derecho que comparece a una contienda judicial en defensa de los intereses de éstos. Así, para advertir el significado de litigante, es insuficiente identificarlo como la posición o actividad que desempeña una persona en un proceso determinado, pues actuar en ese sentido daría una connotación amplia al concepto, ocasionando que se desvirtúe la calidad específica que el legislador asignó al sujeto activo para hacerse merecedor a una sanción penal, en contravención al principio de exacta aplicación de la ley penal. De ahí que, en el contexto que describen las normas penales, la ejecución de la conducta sólo puede realizarse por aquellas personas que ejercen la actividad profesional, ya que están relacionadas con aspectos técnicos sobre la defensa y el patrocinio de las partes (actor o demandado) en un juicio o procedimiento; la actividad probatoria y de promoción de incidentes, y la interposición de recursos. Además, con independencia de la pena de prisión, se prevé conjuntamente la inhabilitación del derecho a ejercer la actividad profesional y la privación definitiva de ese derecho en caso de reincidencia, lo que sólo acontecería para un profesional en la materia.
DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. LOS ARTÍCULOS 232, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 230, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT PREVÉN UN DELITO AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE.
Número de registro 2005040Tesis: 1a./J. 106/2013 (10a.) Las conductas señaladas en los artículos 232, fracción II, del Código Penal Federal y 230, fracción II, del Código Penal para el Estado de Nayarit, no constituyen agravantes de los delitos previstos, respectivamente, en los artículos 231 y 229 de los códigos en mención, sino que conforman ilícitos autónomos. Ello, porque dichos numerales no están subordinados a un tipo fundamental, al describir legalmente una conducta delictiva de comisión por omisión de manera clara y precisa: “abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño”; además, porque si bien es cierto que tutelan el mismo bien jurídico a que aluden los referidos numerales 231 y 229, también lo es que adicionalmente protegen otro, específicamente el daño que puede sufrir el pasivo por la conducta omisiva (ya sea material o moral), lo que da lugar a un tipo complejo no dependiente, esto es, incluye otros elementos que le dan vida propia: 1) abandonar la defensa de un cliente o negocio; 2) sin motivo justificado; y, 3) causando daño. Así, se advierte que no se trata de agravantes de las conductas señaladas en los artículos que les anteceden, no obstante que en su redacción se señale, respectivamente: “Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá prisión de tres meses a tres años …” y “Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión …”, toda vez que el ilícito de que se trata no depende de un tipo básico, tampoco se le agrega una característica especial que modifique su punibilidad, sino simplemente se alude a una penalidad mayor para quien cometa la conducta descrita. En todo caso, las expresiones mencionadas significan que es posible configurar un concurso ideal o real de delitos.

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