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PATRIMONIO

Artículo 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tesis Asilada identificada con número 262036

La Suprema Corte de Justicia ha definido Patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero y que formen una universalidad. De tal concepto se infiere: que todo patrimonio consta de un activo y un pasivo, el primero representado por los derechos o bienes y el segundo por las obligaciones o deudas.

Por otro lado, en el Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define Patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, susceptible de apreciación pecuniaria y que constituyen una universalidad jurídica.

En relación con lo anterior, el derecho a tener un patrimonio está consagrado en el artículo 27 Constitucional pues el estado permite la propiedad privada al establecer que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 262036
 
Tomando como base el concepto de daño como efecto jurídico del delito y su identidad con el de interés, resulta fácil deducir que tal daño constituye un derecho patrimonial que pertenece tanto a la víctima como al ofendido. La reparación del daño exigible a terceros constituye un derecho patrimonial, por cuanto es apreciable en dinero. No hay que olvidar que patrimonio es, según la clásica opinión, el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero y que formen una universalidad. De tal concepto se infiere: que todo patrimonio consta de un activo y un pasivo, el primero representado por los derechos o bienes y el segundo por las obligaciones o deudas; y que el patrimonio es inalienable e imprescriptible y sólo se transmite con la muerte de la persona titular, siendo el acontecimiento de muerte el que separa el instante en que la persona deja de tener posibilidad de acrecentar su patrimonio, en virtud de que éste es inseparable de la persona misma. Es por tanto totalmente inexacto que el derecho a la reparación del daño haya entrado a formar parte del patrimonio de la víctima del delito, puesto que habiendo fallecido ésta, a consecuencia de la conducta ilícita del procesado, existía ya imposibilidad de tal fenómeno jurídico, pues ello equivaldría a afirmar que se pueden adquirir derechos y obligaciones después de la muerte, lo que resulta contrario a la esencia del instituto que comentamos. Por ello, es igualmente inexacta la afirmación de que tal derecho formaba parte de la herencia de la occisa y que únicamente sus herederos tenían acción para exigir la reparación a través del albacea de la misma. En consecuencia, asiste toda la razón a la responsable cuando en la parte relativa de su sentencia afirma que la herencia es la trasmisión de los bienes y derechos de que dispone una persona hasta el momento de su muerte y que por tal motivo pasan a sus herederos, pero que en el caso no puede decirse que como parte integrante de la herencia estuviera la indemnización derivada de la muerte de la hoy occisa, puesto que precisamente tal derecho no lo tuvo nunca en su vida, ya que el mismo nació exactamente al ocurrir su fallecimiento y con motivo de los actos ilícitos realizados. No podría nunca tener la hoy occisa derecho a esta indemnización, precisamente por falta de capacidad, porque la capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Por otra parte, como consecuencia de la argumentación anterior, salta a la vista que si el derecho a la reparación del daño no formó parte del patrimonio de la víctima, tal derecho entró a formar parte del patrimonio de los ofendidos con el delito, los cuales se identifican, en primer término, con los familiares de aquélla y, en especial, con sus ascendientes. De aquí resulta que es infundada la afirmación hecha por la quejosa en el sentido de que el derecho a la reparación del daño compete exclusivamente a la víctima y que si ésta muere sólo sus sucesores pueden exigirla. Es improcedente, por tanto, la argumentación de que no siendo el actor y tercero perjudicado en el juicio, heredero de la occisa, por no ser la sucesión la demandante, carece tanto del derecho de demandar como de acción en que fundar su pretensión.
Número de registro 261173
 
Es conveniente precisar que dentro de la técnica del derecho penal no puede identificarse el concepto de la víctima del delito con el del ofendido, pues aunque bien es cierto que en la mayoría de los casos víctima y ofendido se reúnen en una sola persona, no sucede así en otros, sirviendo de ejemplo el homicidio, delito en el cual la víctima se identifica con el sujeto privado de la vida y el ofendido con sus familiares o aquellas personas que se encuentran en relación de dependencia económica con él. También resulta interesante, para los efectos de la sentencia, el precisar que no debe de ninguna manera confundirse el resultado en el delito con el daño causado con el delito y menos aún con los efectos de éste. En sentido amplio, el resultado se refiere a la realización de un estado de hecho en relación al principio de la causalidad, mientras que, en sentido restringido, se le pone en relación necesaria con la acción humana. Mientras por efecto del delito se entiende toda consecuencia, aun el más indirecto o remoto de la actividad humana, el resultado es sólo aquel efecto que tiene relevancia para el derecho penal o sea el que el derecho toma en consideración y a cuya verificación conecta consecuencias de carácter jurídico (consumación del delito o agravación de la pena). En cuanto al daño, se le identifica como un efecto del delito, pero no como un efecto natural sino de naturaleza esencialmente jurídica; así, por ejemplo, Antolisei estima que aunque en realidad el daño está incluido en el concepto del delito y se identifica con él, según nuestro modo de ver, no hay dificultad ninguna, ni lógica ni práctica en ver las relaciones entre el delito y el daño desde el punto de vista causal y, consiguientemente, en considerar el daño como un efecto del delito, con tal de que quede bien claro que no se trata de un efecto natural, sino de un efecto jurídico del delito mismo. La lesión del interés, aun suponiendo siempre la existencia de un suceso natural, es sin duda un hecho jurídico; por tanto, ninguna crítica puede dirigirse a los autores que consideran el daño precisamente como un efecto jurídico del delito y en general del acto ilícito (La acción y el resultado en el delito, página 126, México, 1959). Tomando como base las ideas apuntadas, con relación al concepto de daño como efecto jurídico del delito y su identidad con el de interés, resulta fácil deducir que tal daño constituye un derecho patrimonial que pertenece tanto a la víctima como al ofendido. Aceptando que la reparación del daño exigible a terceros constituye un derecho patrimonial, por cuanto es apreciable en dinero, se debe recordar que patrimonio es, según la opinión clásica, el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero y formando una universalidad. De tal concepto se infiere que todo patrimonio consta de un activo y de un pasivo, el primero representado por los derechos o bienes y el segundo por las obligaciones o deudas; que el patrimonio es inalienable e imprescriptible y sólo se transmite con la muerte de la persona titular, por lo que el acontecimiento de muerte resulta el instante en que la persona deja de tener posibilidad de acrecentar su patrimonio por ser éste insuperable de la persona misma.
Número de registro 175498
Tesis: P./J. 37/2006
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la Norma Fundamental.

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