PODER JUDICIAL

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PODER JUDICIAL


Artículo 94 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Judicial deriva del latín judicialis, relativo a los jueces.

De conformidad con el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, el Poder Judicial es el que ejerce la administración de justicia en el territorio del Estado soberano del que forma parte. En el Estado de derecho democrático de división de poderes, el Poder Judicial es el conjunto de órganos encabezado por un tribunal supremo  (Suprema Corte de Justicia), cuyas funciones son dirimir las controversias derivadas de la interpretación de la ley y resolver sobre la constitucionalidad de éstas; se integra por órganos de competencia jurisdiccional o de impartición de justicia y por órganos de competencia constitucional, es decir, de control constitucional.

En un Estado federal, la función judicial está integrada por instituciones de competencia federal, cuya influencia se extiende a todo el país; y de competencia local, que circunscribe su actuación al territorio de la entidad federativa correspondiente. El Poder Judicial Federal se integra por jueces y tribunales que conocen y deciden las controversias sobre la aplicación de leyes federales, así como las relativas al juicio de amparo; y el Poder Judicial de las entidades federativas, se integra por juzgados y tribunales de los estados que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional en asuntos de competencia local, concurrente o auxiliar. El Poder Judicial local ejerce su jurisdicción sobre conflictos y asuntos en que se deban aplicar leyes expedidas por los órganos legislativos de los estados, esta clase de litigios son denominados genéricamente como locales o estatales.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al Poder Judicial como el Poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás Poderes. Los integrantes de este Poder son, entre otros, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito, Colegiados y Unitarios y los Jueces de Distrito.

De conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Por otro lado, e artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Poder Judicial de la Federación se ejerce por:

      • La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
      • El tribunal electoral.
      • Los tribunales colegiados de circuito.
      • Los tribunales unitarios de circuito.
      • Los juzgados de distrito.
      • El Consejo de la Judicatura Federal.
      • El jurado federal de ciudadano.
      • Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal.


Tesis y Jurisprudencia

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE SU LEY ORGÁNICA ES SUSCEPTIBLE DE CUESTIONARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO.
Número de registro 2011613Tesis: 2a. XXII/2016 (10a.) 

Si bien al resolver el recurso de reclamación 130/2011 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo permitió expresamente impugnar las normas generales de la Ley de Amparo aplicadas en el juicio de amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal estima que ese precedente es aplicable también tratándose de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el propósito del Tribunal Pleno fue que se analizara la regularidad constitucional de las normas aplicadas durante el juicio constitucional, a efecto de garantizar la debida tutela de los derechos humanos y evitar que los juzgadores de amparo sustenten sus resoluciones en leyes contrarias al parámetro de regularidad constitucional en compatibilidad con el derecho a un recurso judicial efectivo y al principio pro persona; de ahí que ese precedente sea aplicable también tratándose de la ley orgánica referida, cuya constitucionalidad puede cuestionarse siempre que: a) se involucre la emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo; b) hubiere sido aplicada en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y c) exista algún recurso procedente contra el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esa norma, en su caso.

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.
Número de registro 2010000Tesis: P. XVI/2015 (10a.) 

La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*).

SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Número de registro 2007991Tesis: 1a. CDXI/2014 (10a.) 

La propia Ley de Amparo señala, en su artículo 73, que las sentencias que se emitan solamente se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que hubieren solicitado el amparo, es decir, las sentencias se encuentran dirigidas directa e inmediatamente a las partes que intervinieron en el juicio respectivo. Sin embargo, debido a la dinámica en la cual se encuentra inmerso el Poder Judicial de la Federación y la naturaleza del juicio de amparo, lo cierto es que las sentencias de amparo tienen efectos en la vida cotidiana de la sociedad en general. La relación entre los tribunales de amparo y la sociedad, surgida por el impacto que en la misma tienen las sentencias que se emiten, es precisamente la que dota de legitimidad a los impartidores de justicia. Tal legitimidad no se construye a partir de que solamente cuando las partes se encuentren presentes, como en una sesión pública, los juzgadores expongan sus ideas, debatan y discutan los asuntos, pues en última instancia, la decisión del expediente, es decir, la postura oficial del órgano de amparo deberá constar en una sentencia. En consecuencia, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de amparo, como actos procesales que consignan la decisión de un órgano jurisdiccional, consisten en el mecanismo idóneo para generar la legitimidad social antes referida, así como propiciar una impartición de justicia abierta y transparente. Sin restar importancia a las sesiones públicas que son celebradas, lo cierto es que si las sentencias no se encuentran fundamentadas y motivadas de manera adecuada, y en las mismas no se expresan los argumentos necesarios para sostener una decisión, no importará el número y extensión de los argumentos que se hayan expuesto en la sesión correspondiente, pues dicho acto será violatorio de derechos fundamentales. Es cierto que la sociedad en general requiere involucrarse en mayor medida en las labores que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación, pero de igual manera, los tribunales de amparo requieren generar las condiciones para que tal relación se lleve a cabo en un contexto de apertura y transparencia. Dichas condiciones no parten solamente de exponer argumentos y debatir en público, sino que su intención se encuentra dirigida a que a partir de las sentencias, como elemento procesal indispensable en la impartición de justicia, se genere la legitimidad antes indicada. Es un hecho que las decisiones que toman los órganos del Poder Judicial de la Federación afectan la vida diaria de las personas en general, y no solamente de las partes que acuden en cada uno de los casos. Mediante la resolución de los juicios de amparo, los tribunales interpretan la Constitución, de tal modo que sea un documento que cobre plena vigencia y operatividad en nuestros días. Así, día con día, los tribunales de amparo interpretan la Constitución y dotan de contenido a los derechos fundamentales de las personas; las sentencias se adoptan para un caso en particular pero los argumentos pueden ser aplicados a futuros asuntos. Por tanto, resulta claro que la dinámica social cotidiana se ve afectada por las decisiones que se adoptan en tales juicios. En gran medida, el sistema jurídico nacional se va moldeando a partir de los criterios que emiten los tribunales de amparo, propiciando así que dicho sistema no sea una realidad ajena a la sociedad, sino -tal y como lo es- una parte esencial de la vida diaria de las personas. Dicha encomienda, debido a su enorme trascendencia, requiere ser ejercida con la mayor responsabilidad. No sólo durante el proceso respectivo se deberán seguir las formalidades correspondientes, sino que en última instancia, la sentencia deberá atender a las exigencias de justicia antes indicadas. Ello no significa que las sentencias de amparo deban ser compartidas por todas las personas que comparecen a juicio, pues éste responde casi siempre a una relación de intereses jurídicos antagónicos. Sin embargo, una debida argumentación tiene un impacto directo en el nivel de aceptación que las partes tienen en relación con la sentencia, no obstante ésta haya sido contraria a la pretensión de alguna de ellas. En suma, la sentencia de amparo cumple un rol central en las labores que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación: las razones que en ella se plasmen tienen una relación directa con la legitimidad de los impartidores de justicia, y con los estándares de apertura y transparencia que son exigibles para las autoridades del Estado mexicano.

CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RESOLVER EN DEFINITIVA LO RELATIVO A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE AQUÉL.
Número de registro 2006166Tesis: 1a. CLIV/2014 (10a.) 

Del precepto y fracción citados deriva que corresponde al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -debido a su función de garantizar en todo momento la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus miembros-, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas del propio Alto Tribunal y las suscitadas dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el punto segundo, fracción XI, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que éste conservará para su resolución los asuntos a los que se refieren los artículos 10, fracciones IX y X, estos últimos cuando deba abordarse el fondo de lo planteado, y 11, fracciones VII, IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se concluye que corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en definitiva lo relativo a la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la citada ley. Lo anterior adquiere mayor importancia si, además, se desechara la solicitud con base en consideraciones que involucran el tema de fondo de la cuestión planteada, como lo es la afectación o no del Tribunal Colegiado de Circuito solicitante como órgano del Poder Judicial de la Federación, en relación con su independencia y autonomía, así como lo que debe entenderse por estos últimos conceptos.

CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RESOLVER EN DEFINITIVA LO RELATIVO A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE AQUÉL.
Número de registro 2006166Tesis: 1a. CLIV/2014 (10a.) 

Del precepto y fracción citados deriva que corresponde al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -debido a su función de garantizar en todo momento la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus miembros-, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas del propio Alto Tribunal y las suscitadas dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el punto segundo, fracción XI, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que éste conservará para su resolución los asuntos a los que se refieren los artículos 10, fracciones IX y X, estos últimos cuando deba abordarse el fondo de lo planteado, y 11, fracciones VII, IX y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se concluye que corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en definitiva lo relativo a la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la citada ley. Lo anterior adquiere mayor importancia si, además, se desechara la solicitud con base en consideraciones que involucran el tema de fondo de la cuestión planteada, como lo es la afectación o no del Tribunal Colegiado de Circuito solicitante como órgano del Poder Judicial de la Federación, en relación con su independencia y autonomía, así como lo que debe entenderse por estos últimos conceptos.


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