PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY

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PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY




Artículo 14 párrafo tercero Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El fundamento legal del Principio de exacta aplicación de la ley se encuentra en el párrafo tercero del artículo 14 Constitucional el cual establece que, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

El derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable.

Este principio también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, es decir, abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa.


Tesis y Jurisprudencia

EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS.
Número de registro 2003572Tesis: P. XXI/2013 (10a.) El derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable.
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL NO PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL UNA LESIÓN SE DEBA CONSIDERAR COMO MORTAL, NO TRANSGREDE ESE DERECHO FUNDAMENTAL, POR NO RESULTAR UN ELEMENTO INDISPENSABLE DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE HOMICIDIO (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS P. VIII/95).
Número de registro 2003571Tesis: P. XXIII/2013 (10a.) La circunstancia de que el citado precepto no prevea un plazo dentro del cual una lesión deba considerarse como mortal, es insuficiente para estimar que transgrede el derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un elemento que no resulta indispensable para la descripción del tipo penal de homicidio a causa de una lesión, pues el aspecto fundamental en que se basa la actualización de la conducta ilícita es la existencia de un nexo causal entre la lesión y la muerte de la víctima, sin importar el tiempo transcurrido entre el día en que se origina la lesión y aquel en que acontece el deceso, pues ello dependerá de diversos factores naturales, físicos e incluso químicos, que no puede determinar certera y razonablemente el legislador, ya que se limitaría la efectividad de la norma penal. Esto es, del artículo 124 del Código Penal para el Distrito Federal se advierte que el parámetro que sirve al legislador para considerar una conducta como constitutiva del delito de homicidio es la existencia de una lesión que cause la muerte del sujeto pasivo, pues es precisamente el resultado el que lleva a considerar actualizado dicho ilícito, no así el tiempo que tarde en producirse, ya que atento a las circunstancias de los casos particulares, una misma lesión producida en diversas personas puede tener muchos y variados efectos, por lo que el tiempo en que pudiera traer como consecuencia la muerte no puede ser medido y establecido con exactitud en una norma que no prevé un tipo penal, sino que regula la valoración causal de las lesiones mortales. Por lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la tesis P. VIII/95, de rubro: “LESIONES, LA OMISIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL SE DEBEN TENER COMO MORTALES, VIOLA LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE OBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.”
PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EL LEGISLADOR NO LO VIOLA CUANDO EN LOS TIPOS PENALES UTILIZA ENUNCIADOS TALES COMO «PRISIÓN DE CINCO A ONCE AÑOS» (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
Número de registro 2001998Tesis: 1a. CCXXVII/2012 (10a.) El artículo 230, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en 2003, referido al delito de fraude genérico, utiliza la expresión “prisión de cinco a once años”, como consecuencia de una de sus modalidades. La utilización de dicha expresión no resulta violatoria del artículo 14 constitucional, por lo que hace al principio de exacta aplicación de la ley penal, entendido como un mandato al legislador en el sentido de que, al expedir las normas penales, señale las conductas típicas y las penas aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica del gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. Lo anterior, por las siguientes razones: 1) en el sintagma cuantificativo “… de cinco a once años”, el nombre “años” es inequívocamente implícito y no puede sino estar relacionado con el cuantificador “cinco”, ya que, como manda la regla de gramática, su recuperación semántica se lleva a cabo por una relación anafórica, es decir, mediante una asunción necesaria del significado, dado el contexto de la frase. En otras palabras, no es lingüísticamente posible que la palabra “años” no se esté refiriendo a la palabra “cinco”, pues la relación de ambas está dada por una determinación de significado necesario; 2) las palabras “cinco” y “once”, que funcionan como adjetivos numerales, se hallan supeditadas al sustantivo que introducen, modifican o determinan; así, es innegable, desde el punto de vista lingüístico, que el numeral “cinco” determina al sustantivo “años”, ya que es el único que se encuentra codificado en la frase; 3) en la expresión no hay sintácticamente ambigüedad ni imprecisión, pues si se refiriera a meses o días, la construcción tendría que ser valorada como carente de sentido gramatical y ningún hablante del idioma español podría considerar válidamente esa estructura como gramaticalmente adecuada; finalmente, 4) el hecho de que en la norma no se exprese que con el numeral “cinco” se alude a “años”, responde a un principio fundamental de todo sistema lingüístico: el principio de economía de la lengua, pues de otra manera resultaría redundante y poco eficiente. Por todo lo anterior, si desde el punto de vista lingüístico la expresión no resulta imprecisa o ambigua, jurídicamente no puede generar inseguridad jurídica por el modo en que está escrita, máxime, si se toma en cuenta que la norma establece de manera precisa la consecuencia jurídica del delito de fraude, con lo que otorga certeza jurídica al operador y, en consecuencia, evita un posible comportamiento arbitrario por parte de la autoridad aplicadora.
EXACTA APLICACION DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTIA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIEN A LA LEY MISMA.
Número de registro 200381Tesis: P. IX/95 La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.
Número de registro 175595Tesis: 1a./J. 10/2006 El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa.

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