REFUGIADO

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REFUGIADO




Artículo 3 fracción XXII Ley de Migración

Artículo 13 Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

El artículo 3 fracción XXII de la Ley de Migración define a Refugiado a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente.

Por otro lado, la ONU considera refugiados a las personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece que la condición de refugiado se reconoce a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos.

      • Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 
    •  
      • Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
    •  
      • Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Para estos efectos, se entiende por «Fundados Temores», los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.

La fracción VIII del artículo 2° de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político define como Condición de Refugiado al  estatus jurídico del extranjero que encontrándose en los supuestos antes enlistados, es reconocido como refugiado por la Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal.

No se impondrá sanción alguna al refugiado por motivo de su ingreso irregular al país. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado.


Tesis y Jurisprudencia

REFUGIADOS. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA.
Número de registro 2021672Tesis: 2a. IV/2020 (10a.) 

El referido precepto reglamentario establece que para efectos del cumplimiento del artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se dará trámite, de manera excepcional, a las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto para ello, cuando el extranjero acredite que por causas ajenas a su voluntad no le fue materialmente posible presentarla oportunamente. Ahora bien, considerando que la interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que se opte por aquella de la que derive un resultado más acorde con el Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, garantizando en todo momento, principalmente, el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, la interpretación de dicha excepción debe ser bajo un estándar probatorio mínimo, es decir, no debe ser estricta ni rigurosa o requiriendo pruebas concluyentes para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, sino que bastará para tener por acreditado que efectivamente el extranjero estuvo imposibilitado para presentar su solicitud dentro del plazo fijado por la ley, que los hechos manifestados por el solicitante y las pruebas que tuviera a su alcance, sean coherentes con el contexto de su propia situación, lo que será suficiente para que se dé trámite a las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en el artículo 18 de la ley referida, dado que con ello se garantiza: i) la protección más amplia de los derechos fundamentales a las personas; ii) que la falta de presentación de la solicitud dentro de un periodo específico o del cumplimiento de otros requisitos formales, no conduzcan de manera automática a que la misma no reciba la debida consideración; iii) a que el solicitante sea oído con las debidas garantías durante el procedimiento respectivo, a efecto de determinar si se encuentra en riesgo de persecución; y, iv) el principio de no devolución, que implica que los refugiados ni los solicitantes del reconocimiento de esa condición pueden ser rechazados o expulsados sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones.

REFUGIADOS. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, QUE PREVÉ EL PLAZO PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE ESE ESTATUS JURÍDICO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD.
Número de registro 2021671Tesis: 2a. III/2020 (10a.) 

El referido precepto legal si bien establece que el extranjero que solicite el reconocimiento de la calidad de refugiado, deberá presentar por escrito su solicitud dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquel en que le haya sido materialmente posible presentarla en los términos que defina el reglamento, a pesar de que dicha calidad constituye una situación de hecho que se adquiere tan pronto se reúnan los requisitos que establecen los tratados internacionales en la materia, lo cierto es que el plazo en cuestión supera el test de proporcionalidad, porque: i) encuentra una finalidad constitucionalmente válida, al tratarse de un deber y una facultad del Estado el identificar a quienes ingresan a su territorio en las diversas categorías migratorias, a fin de cumplir con el marco regulatorio establecido para el tránsito y la estancia de los extranjeros en el país, y porque lo que se pretende evitar es que el extranjero en condición de refugiado que requiera protección se coloque en una situación de irregularidad respecto de las leyes mexicanas por un tiempo que resulte muy prolongado, en detrimento de sus derechos fundamentales; ii) es idónea y necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, al ser la única forma en que, dentro de un determinado periodo, las autoridades migratorias correspondientes estarán en aptitud de identificar a las personas que se consideran refugiados y, como consecuencia de ello, en posibilidad de brindarles la protección que establecen las leyes nacionales y los tratados internacionales, propiciando con ello que los solicitantes permanezcan en el país el menor tiempo posible de manera irregular; y, iii) es proporcional en sentido estricto, porque si bien se trata de una limitante al exigir que el reconocimiento de la condición de refugiado deba presentarse dentro de un determinado plazo, el derecho fundamental que pretende proteger no se ve excesivamente limitado si se toma en cuenta que existe una excepción prevista en el artículo 19 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que señala que para efectos del cumplimiento del artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de manera excepcional, se dará trámite a las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto, lo que permite colegir que el solo establecimiento de dicho plazo no impide, total y definitivamente, la realización de la conducta amparada por ese derecho (el inicio y/o admisión de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado).

REFUGIADOS. SI QUIEN SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE ESA CONDICIÓN NO ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, DEBE ANALIZARSE SI ENCUADRA EN LA DEFINICIÓN AMPLIADA INCORPORADA EN LA FRACCIÓN II DEL MISMO PRECEPTO.
Número de registro 2016955Tesis: I.18o.A.42 A (10a.) 

Para el caso de que un solicitante de refugio no actualice la hipótesis de la fracción I del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para que se le reconozca la condición de refugiado, debe verificarse si encuadra en la diversa establecida en la fracción II del mismo precepto, que dice: “Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: …II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público…”. Esto es, debe verificarse si se actualizan los criterios más amplios o definiciones ampliadas de refugiado que se confeccionaron en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que adoptó la fracción II citada, lo que exige ponderar aspectos contextuales conocidos y documentados e interpretaciones normativas que de los instrumentos internacionales ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como las presunciones que, en ánimo de hacer efectivo el derecho al refugio, sugieren sus directrices.

SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE REFUGIADO. LA AFECTACIÓN EXTRAORDINARIA A SUS DERECHOS HUMANOS PERMITE MITIGAR EL RIGOR DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Y CONSIDERARLO PROCEDENTE EN CONTRA DE LA NEGATIVA A RECONOCER TAL CALIDAD.
Número de registro 2021931Tesis: VI.6o.A.15 A (10a.) Si bien en contra de la resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que niega la calidad de refugiado existe la posibilidad de impugnar tal negativa a través del juicio contencioso administrativo, puede también ser procedente el juicio de amparo indirecto. Esto, pues al tratarse de solicitantes de refugio, de entrada están de por medio situaciones que ponen en peligro la vida o libertad de las personas o su permanencia en el país; riesgos éstos que, por un lado, activan las reglas procesales diferenciadas que establece la Ley de Amparo para casos de urgencia o los referidos como actos que afectan de modo extremo y/o extraordinario los derechos humanos de las personas; diferenciación procesal que, a su vez, atiende al deber de adaptar, tomar medidas y remover obstáculos para una efectiva y oportuna protección judicial. En esa lógica, debe considerarse también que, aun cuando no esté previsto expresamente en la legislación de amparo para estos casos una excepción al principio de definitividad que rige su procedencia, consistente en agotar necesaria y previamente los recursos ordinarios, la situación de vulnerabilidad en que se encuentran quienes piden refugio conduce a que debe realizarse una interpretación y aplicación de las normas de procedencia del juicio de amparo indirecto que favorezca la más efectiva y oportuna protección judicial de sus derechos, de modo que el rigor de tal principio de definitividad debe mitigarse para favorecer la procedencia del juicio si ante el caso particular de que conoce el juzgador concurren circunstancias específicas que suponen un riesgo o una afectación significativa de sus derechos humanos, como pudieran ser a la integridad personal, la salud, la educación, la dignidad o el interés superior de los derechos de la infancia, entre otros, a fin de maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva y permitir la más efectiva protección de los derechos humanos.
REFUGIADO. SI FUE CONDENADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO Y NO SE COMUNICÓ A LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA O CONSULAR DE SU PAÍS QUE ESTUVO DETENIDO O QUE FUE PRESENTADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO AL INTEGRARSE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL ACUERDO DE RATIFICACIÓN DE SU DETENCIÓN.
Número de registro 2002033Tesis: I.7o.P.5 P (10a.) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente, todo individuo goza de los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, si un extranjero no inmigrante con calidad de refugiado fue condenado por la comisión de un delito y no se comunicó a la representación diplomática o consular de su país que estuvo detenido o que fue presentado ante el Ministerio Público al integrarse la averiguación previa correspondiente, para que fuera asistido legalmente en términos del artículo 269, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, debe concederse el amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del acuerdo de ratificación de su detención decretado por el Juez de primera instancia.
REFUGIADO. LA CONCESIÓN DE AMPARO PARA QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PIDA OPINIÓN SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS PREVALECIENTES EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL SOLICITANTE DE DICHA CONDICIÓN, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN RESPECTO DE SUS ANTECEDENTES, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
Número de registro 2002032Tesis: II.8o.(I Región) 12 A (10a.) El artículo 24 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria dispone que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado deberán ser resueltas por la Secretaría de Gobernación de manera escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a su presentación, para lo cual la referida dependencia pedirá opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes de aquél. Por tanto, si un Juez de Distrito determina que la mencionada solicitud se resolvió sin contar con los elementos objetivos necesarios para hacerlo, y concede el amparo para que esta última secretaría pida opinión sobre las circunstancias prevalecientes en el país de origen del solicitante, así como información acerca de sus antecedentes a diversas dependencias y entidades federales y estatales, tal decisión no viola el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues busca el mayor beneficio para el quejoso, ya que advirtió que para resolver su petición de manera congruente e integral era necesario contar con mayores elementos que aquellos que tomó en cuenta de manera primaria la responsable, por lo que si bien es cierto que el juicio de amparo promovido por el particular implica un derecho a su favor para que se resuelva de manera efectiva y fundada la controversia que planteó, también lo es que esto no significa una obligación de resolver necesariamente el fondo del asunto planteado, pues lo que se busca es que la autoridad encargada de determinar la condición de refugiado, cuente con los elementos probatorios necesarios para ello, ejerciendo sus facultades para recabar esa información, lo que es coincidente con el criterio establecido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el sentido de que es necesario conocer los antecedentes y experiencias personales del solicitante, que presumiblemente han originado el temor de persecución, así como las circunstancias pertinentes a la situación imperante en su país de origen.

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