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REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículos 29 y 30 Código Penal Federal

La Reparación del Daño es un Derecho que la constitución le concede a toda persona que ha sido Víctima de un delito, pues así lo establece el artículo 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que uno de los Derechos de la Víctima o del ofendido es que se le repare el daño, estableciendo que el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no puede absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

Por otro lado, el Código Penal Federal establece que entre las penas y medidas de seguridad en materia penal está la Sanción Pecuniaria, la cual comprende la Multa y la Reparación del Daño.

La Reparación del Daño implica que se restituya a la Víctima de manera proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación a su proyecto de vida. En términos del artículo 30 del Código Penal Federal, la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, y debe comprender cuando menos:

      • La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no es posible, el pago del precio de la misma, a su valor actualizado.
      • La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que ha requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además debe comprender el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que son necesarios para la víctima.
      • El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
      • El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se toma como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho.
      • El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias.
      • La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos.
      • La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se comete por servidores públicos.

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deben permitir a la víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social.

En términos del artículo 30 Bis del Código Penal Federal, tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden: 1o. El ofendido; 2o. En caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos los demás descendientes, y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del fallecimiento.

Por último, el artículo 5 párrafo séptimo de la Ley General de Víctimas estipula que tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

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