REVICTIMIZACIÓN

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REVICTIMIZACIÓN / VITCTIMIZACIÓN SECUNDARIA


ARTÍCULO 5 LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

ARTÍCULO 86 FRACCIÓN VI DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Victimización Secundaria, también conocida como “Revictimización”, es lo que ocurre NO como resultado directo del acto delictivo, sino las consecuencias que derivan de la experiencia de la víctima.

Aquellas personas que sufren un delito pueden llegar a sentirse culpables por lo que pasó, ya sea por no haber tenido un comportamiento lo suficientemente cuidadoso, por haberse confiado demasiado, o porque alguien de hecho las haya culpado después del incidente. Según la oficina de las Naciones Unidas, los criminólogos han definido Revictimización como el proceso en el cual una víctima que busca ayuda de las autoridades es culpada a causa de ello.

Como tal, en la legislación mexicana no hay una definición literal de Revictimización o Victimización Secundaria, ha sido la corte la que en sus estudios de fondo ha sostenido que se trata del conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia y, suponen un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida.

Es decir, se trata de un nuevo sufrimiento adicional al trauma que sufrió al ser víctima del delito. Esto es, que derivado de la publicidad de su experiencia, la víctima sufre en dos momentos, evidentemente el primero es cuando ha sido agredida y posteriormente cuando tiene que recordar los hechos durante la investigación en el proceso judicial. Peor es el caso, cuando se trata de un hecho mediático y la barrera de la intimidad y confidencialidad es rebasada, pues hoy día con la prensa y la opinión pública en redes sociales, este tipo de asuntos se centran más en el morbo que en el objetivo principal, obtener la justicia.

La NO REVICTIMIZACIÓN es un Derecho Humano del que goza toda víctima del delito.  Así lo confirma la fracción VI del artículo 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual dispone que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben garantizar que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito, deben contar con, entre otros derechos, medidas necesarias para evitar su revictimización.

Mismo caso sucede con el artículo 8 de la Ley General de Víctimas, pues en su párrafo quinto establece que las víctimas pueden requerir que las medidas de protección le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, esto, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.




Tesis y Jurisprudencia

MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN.
Número de registro 2010608Tesis: 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.) 

La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor y deriven de sus necesidades concretas.


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