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SOCIEDAD DE CONVIVENCIA

Artículo 2 Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de México

En términos del artículo 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de México, la Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.

Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha definido a la sociedad de convivencia como la unión de dos personas de distinto o el mismo sexo, quienes establecen un domicilio común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, para organizar su vida en común, reconociendo a las personas que accedan a esta institución el carácter de compañeros civiles, denominándolos convivientes.

La Sociedad de Convivencia es un contrato civil que se define por: a) la unión de dos personas del mismo o distinto sexo; b) la voluntad de permanencia; c) la ayuda mutua; d) la vida en común, y e) el domicilio en común.

Ahora bien, las personas impedidas para constituir una Sociedad de Convivencia son:

      • Las que se encuentren unidas en matrimonio o concubinato.
      • Aquéllas que mantengan vigente otra Sociedad de Convivencia.
      • Los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta el cuarto grado.

La Sociedad de Convivencia se rige, en lo que es aplicable, en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último, se producirán entre los convivientes.

La Sociedad de Convivencia debe constar por escrito que se ratifica, en el caso de la Ciudad de México, ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Demarcación Territorial del domicilio donde se establezca el hogar común, instancia que actúa como autoridad registradora. Tal ratificación es obligatoria y debe firmarse por los convivientes y sus respectivos testigos.

El documento por el que se constituye la Sociedad de Convivencia debe contener los siguientes requisitos:

      • El nombre de cada conviviente, su edad, domicilio y estado civil, así como, los nombres y domicilios de dos testigos mayores de edad.
      • El domicilio donde se establece el hogar común.
      • La manifestación expresa de las personas convivientes de vivir juntos en el hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.
      • La forma en que las personas convivientes regularán la Sociedad de Convivencia y sus relaciones patrimoniales.
      • Las firmas de las personas convivientes y testigos.

Con su registro, la Sociedad de Convivencia surte efectos contra terceros.

Obligaciones de los convivientes:

      • En virtud de la Sociedad de Convivencia se genera la obligación recíproca de proporcionarse alimentos en relación a sus bienes e ingresos, a partir de la suscripción de ésta, aplicándose al efecto lo relativo a las reglas de alimentos.
      • Entre las personas convivientes se generan derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia, aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos.
      • Cuando uno de las personas convivientes sea declarado en estado de interdicción, en términos de lo previsto por el Código Civil para la Ciudad de México la otra persona conviviente será llamada a desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntas por un período inmediato anterior a dos año a partir de que la Sociedad de Convivencia se haya constituido, aplicándose al efecto las reglas en materia de tutela legítima entre cónyuges o sin que mediare este tiempo, cuando no exista quien pueda desempeñar legalmente dicha tutela.

La Sociedad de Convivencia termina:

      • Por la voluntad de ambos o de cualquiera de las personas convivientes.
      • Por el abandono del hogar común de una de las personas convivientes por más de tres meses, sin que haya causa justificada.
      • Porque alguna de las personas convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato.
      • Porque alguna de las personas convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la Sociedad de Convivencia.
      • Por la defunción de alguna de las personas convivientes.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2012588
Tesis: P./J. 13/2016 (10a.)
 
Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de circunstancias como posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta en los adoptantes es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante que impide a los convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro, una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el requisito referido.
Número de registro 2012586
Tesis: P./J. 14/2016 (10a.)
 
El citado precepto, al excluir a los convivientes de la posibilidad de ser considerados como adoptantes y de compartir la patria potestad con base en la categoría sospechosa de estado civil, viola el principio de igualdad y no discriminación. Además, la carga discriminatoria de la norma es clara, pues la sociedad civil de convivencia es el único estado civil en el Estado de Campeche que tiene prohibido adoptar y compartir la patria potestad. Cabe recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada, y que el escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta, cuestión que no sucede con la norma referida.
Número de registro 2015354
Tesis: I.12o.C.4 C (10a.)
 
El artículo 291 Quáter citado sólo regula los derechos alimentarios y sucesorios que genera el concubinato; el artículo 81 referido, prevé el principio de congruencia, los artículos 281, 284, 286 y 289 establecen la carga de la prueba en el procedimiento civil; en cambio, los artículos 402 y 403 regulan la facultad de valorar pruebas bajo el arbitrio judicial o de manera tazada, al otorgar valor pleno a los documentos públicos. Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Ley de Sociedad de Convivencia disponen los derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la sociedad de convivencia, aplicándose lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos; así como el deber recíproco de proporcionarse alimentos, también a partir de la suscripción de la sociedad de convivencia, el ejercicio de la tutela para el caso de que uno de los convivientes sea declarado en estado de interdicción; en el caso de terminación de la sociedad en comento, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia, sólo por la mitad del tiempo al en que haya durado la sociedad de convivencia, siempre que no viva en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra sociedad de convivencia, y este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la terminación de dicha sociedad; así, como el derecho relativo a que cuando fallezca un conviviente y éste haya sido titular del contrato de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar común, el sobreviviente quedará subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato; de ahí que de estos preceptos, por su contenido, no se advierte que resulten discriminatorios para la mujer en razón de su estado civil de casada o concubina o de pareja estable. Por tanto, los artículos de la legislación civil sustantiva y adjetiva sujetos a contraste con aquellos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no violan el derecho humano de igualdad ni el de no discriminación de la mujer, al establecer requisitos para la figura del concubinato y que éste puede generar derechos hereditarios y de alimentos, pues ello genera certeza jurídica para las partes involucradas, sin importar su sexo ni condición civil.
Número de registro 2007804
Tesis: 1a. CCCLXXVI/2014 (10a.)
 
El artículo 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal prevé que dicha sociedad es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas, de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. En este sentido, es indiscutible que la sociedad referida, al igual que el matrimonio y el concubinato, es una institución cuya finalidad es proteger relaciones de pareja, basadas en la solidaridad humana, la procuración de respeto y la colaboración. Ahora bien, el hecho de que la sociedad de convivencia, el matrimonio y el concubinato constituyan instituciones similares, no equivale a sostener que existe un derecho humano que obligue a regular idénticamente tales instituciones, ya que éstas tienen sus particularidades y no pueden equipararse en condiciones ni en efectos; sin embargo, el derecho a la igualdad implica que no pueden permitirse diferencias de trato entre personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares sin que exista un ejercicio legislativo de motivación y justificación, por lo que tal juicio de relevancia es aplicable para la sociedad de convivencia respecto de las instituciones del matrimonio y concubinato, por tratarse de vínculos familiares.
Número de registro 2007803
Tesis: 1a. CCCLXXIII/2014 (10a.)
 
El precepto citado prevé que en el caso de terminación de la sociedad de convivencia, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia, sólo por la mitad del tiempo que duró aquélla, siempre que no viva en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra sociedad, lo cual contrasta directamente con los artículos 288, párrafo último, y 291 Quintus, párrafo primero, del Código Civil para el Distrito Federal, para los cónyuges y los concubinos, quienes tienen este derecho durante el tiempo que haya durado el matrimonio y el concubinato, respectivamente. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no encuentra alguna finalidad objetiva y constitucionalmente válida, en el proceso legislativo ni en el propio texto de la ley, que permita al legislador establecer un trato desigual entre conviviente, cónyuge y concubinario en lo relativo a su derecho a recibir alimentos una vez terminado el vínculo con su respectiva pareja. Lo anterior es así, por estar frente a grupos familiares esencialmente iguales en los que la medida legislativa regula el mismo bien jurídico -esto es, el derecho a la vida y la sustentabilidad- y persigue igual fin, que es proteger al miembro de la unión familiar que desarrolló una dependencia económica durante la convivencia. Así, el artículo 21 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal vulnera el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la fijación del plazo en los términos aludidos implica un tratamiento diferenciado injustificado por parte del legislador del Distrito Federal.
Número de registro 2002409
Tesis: 1a. CCLXXXIV/2012 (10a.)
 
El registro de una sociedad de convivencia, al igual que su modificación y adición, requiere el cumplimiento de diversas formalidades, entre ellas, conforme a los artículos 6 a 10 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, constar por escrito, que debe ser ratificado y registrado personalmente por ambos convivientes, acompañados por dos testigos mayores de edad, ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Órgano Político Administrativo donde se establezca el hogar común, instancia que actúa como autoridad registradora, además de ser quien envía un ejemplar del escrito al Archivo General de Notarías. Así, los derechos de los convivientes previstos en los artículos 13 y 14 de la ley citada se generan a partir de la suscripción de la sociedad, por ejemplo, el deber recíproco de proporcionarse alimentos y los derechos sucesorios. Por su parte, el artículo 24 del citado ordenamiento prevé que, en caso de terminación, cualquiera de los convivientes debe dar aviso por escrito del hecho a la autoridad registradora del Órgano Político Administrativo del hogar en común, la que deberá hacer del conocimiento de dicha situación al Archivo General de Notarías y notificarla al otro conviviente en un plazo no mayor de 20 días hábiles, excepto cuando sea a consecuencia de la muerte de alguno de los convivientes, circunstancia en la que se exhibirá el acta de defunción correspondiente ante la autoridad registradora; asimismo, señala que cuando la terminación la produzca la ausencia de alguno de los convivientes, la autoridad lo notificará por estrados. Así, de una interpretación sistemática de la legislación citada, debe entenderse que la sociedad de convivencia constituye, a partir de su registro, un acto jurídico formal que no puede darse por terminado sin el aviso a la misma autoridad que participó en su suscripción, pues al estar debidamente constituida, registrada y ratificada, no es únicamente una relación de hecho sino de derecho, de ahí que la ley prevea un procedimiento específico para terminarla; de manera que sólo con el aviso de terminación y su notificación al otro conviviente en el plazo establecido por la propia ley puede afirmarse que ha terminado definitivamente. Lo anterior es así, porque debe distinguirse entre lo que significa concluir una relación afectiva, sujeta a subjetividades diversas, y la manifestación expresa e indudable de terminar una sociedad de convivencia entre dos personas, quienes realizaron determinadas formalidades para su constitución y registro, y que deben realizar otras para finalizarla. En esta lógica, resulta explícita la intención del legislador de construir un marco jurídico que contemple, proteja y genere certeza a las diversas formas de convivencia; razón por la que este objetivo de formalidad y seguridad jurídica, requiera del cumplimiento de la obligación impuesta por el citado artículo 24, en el sentido de dar el aviso de terminación a la autoridad registradora cuando se pretenda disolver la sociedad, pues será esta instancia la que notifique dicha determinación al otro conviviente para que éste pueda ejercer las acciones previstas, por ejemplo, para tener derecho a una pensión alimenticia conforme al numeral 21 de la legislación invocada.

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