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TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO

Artículo 150 fracción I Código Nacional del Procedimientos Penales

Dicho de la manera más sencilla, el Término Medio Aritmético es la operación matemática que se realiza para determinar si un delito es considerado como “Delito Grave”.

El Término Medio Aritmético es el resultado de sumar la pena mínima más la pena máxima que el código prevé para el delito en cuestión y dicho resultado se divide entre 2, de este modo, si el resultado es mayor a 5, entonces se considera que dicho delito es Grave.

En términos de la fracción I del artículo 150 del Código Nacional del Procedimientos Penales, se califican como graves, aquellos delitos cuyo término medio aritmético es mayor de cinco años de prisión. Para estos efectos, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre dos.

Por ejemplo, supongamos que, por el delito de Robo la pena es de 3 a 10 años de prisión, para determinar si este delito es grave, tenemos que sacar el término medio aritmético sumando 3 + 10 que son el mínimo y el máximo de la pena por el robo. El resultado es 13 y éste lo dividimos entre 2, obteniendo como resultado 6.5, lo cual quiere decir que, al ser el resultado mayor a 5, entonces el robo es considerado como Delito Grave. Por el contrario, si el resultado hubiese sido menor a cinco, entonces el delito en cuestión no sería considerado grave.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2023884
Tesis: IV.2o.P.11 P (10a.)
 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito resuelve que para determinar si se cumple el requisito de procedencia para la suspensión condicional del proceso, previsto en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que el auto de vinculación a proceso se dicte por varios delitos, el Juez de Control no debe concursarlos, sino verificar que la pena de prisión establecida para cada uno, en lo individual, no exceda del término medio aritmético de cinco años, al interpretar dicho precepto conforme al principio pro persona.

Justificación: El artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que procederá la suspensión condicional del proceso, entre otros requisitos, cuando el auto de vinculación se haya dictado «por un delito» cuya media aritmética de pena de prisión no exceda de cinco años. Lo anterior no debe traducirse en una exigencia de tipo numérico, sino genérico, en atención a la necesidad de motivar las medidas alternas de solución de conflictos que pretende evitar la estigmatización del procesado, su contaminación carcelaria, así como el ahorro de recursos humanos y materiales y, además, acatando el principio pro persona que obliga a la interpretación más extensiva o favorable cuando se trate de proteger derechos humanos. Así, en caso de que el auto de vinculación a proceso se dicte por varios delitos cuyo término medio aritmético de la pena de prisión a imponer sea menor a cinco años, no deben concursarse los delitos, por no ser el momento procesal de su aplicación, que se realiza hasta el dictado de la sentencia conforme al artículo 64 del Código Penal Federal, pues concursar los delitos en una fase procesal inapropiada dilataría la obtención del mecanismo de solución alterna, aun cuando la vinculación se hubiera dictado por delitos de bajo impacto, en detrimento del propósito de que se descongestione el sistema de justicia, fomentando la restaurativa. Lo anterior no promueve la impunidad, porque si el vinculado a proceso no cumple con las medidas impuestas puede revocarse su beneficio. Tampoco divide la continencia de la causa, porque continuará atendiéndose el hecho o hechos delictivos establecidos en el auto de vinculación a proceso.

Número de registro 2022477
Tesis: I.8o.P.33 P (10a.)
 

El artículo 107 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio de dicha entidad, si por esta circunstancia no es posible concluir el proceso; en tanto que el numeral 111, fracción I, del propio código, señala que la pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Ahora bien, de una interpretación pro víctima e integral de los numerales 107 y 111 del Código Penal en consulta, se obtiene que cuando el término medio aritmético de la pena aplicable al delito resulte menor de tres años, la duplicidad del plazo que ordena el artículo 107 mencionado opera respecto de la regla general de tres años, de manera que en tales casos, el tiempo necesario para que prescriba la acción penal será de seis años, cuando el imputado se encuentre fuera del territorio de la Ciudad de México.

Número de registro 2023580
Tesis: (IV Región)1o.7 P (11a.)
 

El sistema de justicia penal, como forma de asegurar el acceso tanto para la víctima u ofendido como para el presunto responsable, no sólo limita su objetivo al dictado de una sentencia definitiva, sino que otorga la oportunidad de optar por un acuerdo conciliatorio, en la medida en que el tipo penal lo permita, o bien, buscar soluciones alternas o formas de terminación anticipadas, como son los medios alternativos de solución de controversias (la mediación, la conciliación y la junta restaurativa); la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Así, la suspensión condicional del proceso emerge como un mecanismo formal que requiere celebrarse en audiencia pública, pues será ahí que el Ministerio Público y la víctima u ofendido pueden proponerle al Juez condiciones que consideren, debe someterse el procesado. Por su parte, el actuar del imputado consiste en plantear la forma de reparación del daño causado, así como los plazos para cumplirlo y, en la medida en que el plan propuesto se logre, conducirá a que se extinga la acción penal y, con ello, se alcance una justicia restaurativa, o bien, en caso contrario, a que se revoque ese beneficio. Aspectos diferentes del procedimiento abreviado, pues si bien se erige como una de las formas de terminación anticipada, lo cierto es que culmina con el dictado de una sentencia ante la admisión de la responsabilidad por el imputado respecto del delito que se le atribuye y la aceptación para ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación, esto, a cambio de un beneficio consistente en una pena atenuada. En ese sentido, si la suspensión condicional del proceso no busca imponer una sanción punitiva, sino brindar una solución alterna para no llegar a ese extremo; entonces, para calcular la media aritmética de cinco años de prisión que se exige para su procedencia, no debe tomarse en consideración el delito con sus calificativas, atenuantes o agravantes por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, pues esos aspectos sólo son exigibles para el procedimiento abreviado, en razón de que guarda una finalidad distinta: la imposición de una sanción punitiva atenuada en menor tiempo que un procedimiento ordinario. En ese contexto, si en materia penal rige el principio de legalidad, entonces, de conformidad con los artículos 183 y 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo no previsto para las disposiciones comunes del procedimiento abreviado, se aplicarán las del proceso ordinario, salvo que se opongan al mismo, lo que impide que las reglas de éste sean aplicables a las soluciones alternas, pues esa afirmación no se contempló en la codificación en comento, ya que, como se precisó, tienen diversa naturaleza y finalidad. Por ende, aun cuando la posibilidad de optar por la suspensión condicional del proceso o por el procedimiento abreviado surja después del dictado del auto de vinculación a proceso, ello no significa que tengan disposiciones comunes. Sin que incida en lo anterior que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se haya considerado el hecho ilícito básico y sus agravantes y que la oportunidad para solicitar la suspensión condicional del proceso sea después de que aquél se dicte y hasta antes de la apertura a juicio oral, ya que si bien en ese momento es que la litis se encuentra delimitada, lo cierto es que tiene como propósito el inicio de las diligencias para recabar los elementos suficientes, a fin de emitir una sentencia; de ahí que para el dictado del auto de vinculación a proceso sí deban tomarse en consideración tanto el delito como sus agravantes, pues deben quedar perfectamente definidos los hechos por los cuales se formuló la acusación, además de que a partir de ello se recabarán datos de prueba y se seguirá el procedimiento que culminará con la emisión del fallo de acuerdo con el tipo penal, atenuantes, calificativas y agravantes respectivas. Por ello, tratándose de la suspensión condicional del proceso, para verificar el cumplimiento del primer requisito contenido en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a que la media aritmética de la pena de prisión del delito por el que se dictó el auto de vinculación a proceso no exceda de cinco años, sólo debe atenderse al tipo básico sin agravantes, pues éstas son clasificadas como circunstancias modificativas del delito, ya que si esa calificativa no queda probada durante el procedimiento, no impide ni influye en la acreditación del tipo básico imputado.

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