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UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)

EL FUNDAMENTO LEGAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) ES EL ARTÍCULO 26 APARTADO B PÁRRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN.

Artículo 26 apartado B, párrafo sexto Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 2 fracción III Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

La Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización en su artículo 2 fracción III define a la UMA como la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

La UMA fue creada para desvincular al salario mínimo de múltiples supuestos  que lo utilizaban como unidad de cuenta para calcular el monto de las obligaciones o derechos en las leyes federales. El problema era que evidentemente el Salario Mínimo era muy bajo y si se aumentaba el salario con el objeto de lograr que fuera más alto y por tanto suficiente para satisfacer las necesidades de los jefes de familia, ocasionaría que se viera afectado el cálculo de multas y demás obligaciones pues con dicho aumento, también aumentaría la unidad de cuenta para establecer obligaciones. Es decir, un incremento en el salario mínimo no sólo se traducía en un aumento en la remuneración mínima de los trabajadores, sino también en el aumento de las obligaciones a las que el salario mínimo se encontraba vinculado. 

Así, ante la necesidad de aumentar el Salario Mínimo y al mismo tiempo contar con una unidad de cuenta adicional, el 28 de enero de 2016 se publicó la reforma mediante la cual se eliminó la función que el salario mínimo cumplía como unidad de cuenta, índice, base, medida o referenciase, a este movimiento se le llamó DESINDEXACIÓN del salario mínimo, creando así la UMA para sustituir al salario mínimo.

La intención de lo anterior era iniciar sin obstáculos el crecimiento del salario mínimo y con ello obtener su recuperación.

De este modo, a partir de la reforma, la UMA es utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores

El artículo 26, apartado B, párrafo sexto de nuestra Constitución, establece que el INEGI es el organismo encargado del cálculo de la (UMA), misma que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

En el párrafo siguiente del mismo artículo, se establece que las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.

Para el año 2022 el valor diario de la UMA es de $96.22 pesos M.N.

El valor mensual es de $2,925.09 pesos M.N.

EL valor anual es de $ 35,101.08 pesos M.N.

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​ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 2023299
Tesis:  2a./J. 30/2021 (10a.)
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
 
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.
 
Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.
Número de registro 2022526
Tesis: PC.XVII. J/27 C (10a.)
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si debía o no agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trate de sentencias dictadas dentro de un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que debe agotarse el recurso de apelación porque el precepto legal citado es suficiente para determinar la procedencia, sin necesidad de interpretación adicional, mientras que el otro resolvió que se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debido a que es necesario interpretar dicho artículo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y los diversos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
 
Criterio jurídico: El artículo 626 mencionado, al establecer la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicios ordinarios civiles estimables pecuniariamente, siempre que el importe del negocio exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), no obliga al quejoso a realizar un ejercicio interpretativo distinto a la simple intelección de la norma, ni es necesario que acuda a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización o desentrañar el procedimiento a seguir hasta fijar su importe.
 
Justificación: Lo anterior, porque se trata de valores que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación y son del conocimiento público. En consecuencia, el justiciable puede conocer en todo momento el valor que la Unidad de Medida y Actualización tiene en determinada fecha, sin necesidad de realizar una interpretación sistemática del código adjetivo civil local, en relación con algún otro ordenamiento legal. De ahí que la mención de ese factor de actualización en la norma que prevé la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones pronunciadas en juicios de cuantía determinada no configure la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Número de registro 2020651
Tesis:  I.18o.A. J/8 (10a.)
 
Con motivo del Decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la Unidad de Medida y Actualización para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible.
Número de registro 2018733
Tesis: VII.1o.C. J/17 (10a.)
 
El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República establece a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión.

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