Ingresa tu palabra a buscar

LO MÁS LEÍDO

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA

Artículo 27 párrafo noveno Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículos 46, 50, 51, 52, 53, 54 Ley Federal del Mar

De conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal del Mar, la Zona Económica Exclusiva es la zona situada fuera del Mar Territorial y adyacente a éste donde la nación ejerce los siguientes derechos:

      • Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la Zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;
      • Jurisdicción;
      • Establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
      • Investigación científica marina;
      • Protección y preservación del medio marino.

De conformidad con el artículo 27 párrafo noveno de la Constitución, La Zona Económica Exclusiva Mexicana se extiende a 200 millas marinas (370,400 metros) contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial.

El límite interior de la Zona Económica Exclusiva coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial.

Por su parte, el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva mexicana es la línea cada uno de cuyos puntos está del punto más próximo de las líneas de base del Mar Territorial a una distancia de 200 millas marinas (370,400 metros). El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, en consecuencia, está constituido por una serie de arcos que unen los puntos cuyas coordenadas geográficas aparezcan en las cartas oficialmente reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.

Las islas gozan de zona económica exclusiva pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.

Tesis y Jurisprudencia

Número de registro 162172
Tesis: 1a. LXVIII/2011
 

Cuando el juzgador deba determinar si el delito previsto en el citado precepto fue cometido en grado de tentativa o se consumó cuando el inculpado fue detenido dentro de la zona económica exclusiva, debe fijar la litis del asunto sobre el término «país» como concepto jurídico político y elemento normativo del tipo, y no en torno a la definición de «territorio nacional». Lo anterior es así, ya que dichos conceptos no son idénticos ni equivalentes, pues atendiendo al principio de exacta aplicación de la ley penal y conforme al artículo 194, fracción II, del Código Penal Federal, el narcótico debe introducirse al país para que el delito sea consumado, y no al territorio nacional, pues es aquel concepto el que está inmerso en el tipo penal. En efecto, del artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que la zona económica exclusiva no está incluida en las partes integrantes del territorio nacional y, por tanto, no puede comprenderse en ese concepto; así, en su fracción V establece que el territorio nacional comprende las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, pero sin hacer referencia a las aguas adyacentes en las que el Estado ejerce ciertos derechos de soberanía y jurisdicción (las zonas marinas mexicanas). En ese orden de ideas, no es posible sostener que la zona económica exclusiva sea parte del territorio nacional por tratarse de las aguas adyacentes al mismo en las que el Estado Mexicano no ejerce soberanía plena, a pesar de que dicho territorio está sujeto a la regulación del orden jurídico mexicano. Por otra parte, en los artículos 2o., segundo párrafo; 12; 37, inciso b), fracción I e inciso c), fracción IV; y 69, primer párrafo, de la Constitución General de la República, el término «país» es utilizado como sinónimo del Estado u ordenamiento jurídico mexicano, mientras que la expresión «territorio» hace referencia a una realidad geográfica, por lo que el concepto jurídico de país no puede entenderse en sentido estrictamente geográfico o territorial, relativo a las porciones geográficas previstas en el indicado artículo 42 constitucional, ya que se trata de un concepto más amplio que alude a la totalidad del Estado Mexicano y todos sus componentes. De lo anterior se sigue que cuando el tipo penal indica que el delito se consuma cuando se introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos, el término «país» debe entenderse como el ámbito de regulación del Estado, las leyes y el orden jurídico mexicano, dentro o fuera de su territorio, de manera que el espacio en que se aplica la ley penal mexicana corresponde con el concepto jurídico de país, equivalente al espacio en que el Estado Mexicano ejerce su soberanía, y si bien es cierto que la zona económica exclusiva no es parte del territorio nacional en términos del citado artículo 42 constitucional, también lo es que en dicho espacio se ejerce parte de la soberanía del Estado, pues en ella pueden desempeñarse funciones de control, vigilancia y detención de individuos. Por ello, si de acuerdo al acervo probatorio, el lugar de comisión del delito contra la salud lo fue la zona económica exclusiva, respecto de la cual la nación mexicana ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y facultades legislativas, se está en presencia del delito de introducción al país de narcóticos en grado consumado previsto en el artículo 194, fracción II, del Código Penal Federal.

Número de registro 163991
Tesis: 2a. LXXIX/2010
 

El artículo 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que respecto al petróleo y a los carburos de hidrógeno, en cualquier estado, no se otorgarán concesiones a los particulares y sólo la Nación llevará a cabo su explotación, sin señalar en su texto o en el proceso legislativo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940 el ámbito geográfico en que opera dicha prohibición, ya que si bien el cuarto párrafo del referido precepto destaca el dominio directo de la Nación sobre esos recursos naturales no vivos y alude a la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, no significa que sólo en estas zonas tiene aplicación tal restricción, en virtud que esa interpretación no es congruente con la evolución constitucional del ramo del petróleo y los demás carburos de hidrógeno, porque conllevaría que el Estado careciera del dominio directo sobre ellos en las restantes partes del territorio del país descritas en el artículo 42 de la Constitución General de la República, en las que incluso tiene la propiedad originaria, o en las áreas en las que se ejercen derechos de soberanía y, con motivo de tal poder, pueden explorarse y explotarse recursos naturales de manera exclusiva. Por tanto, para decidir el ámbito geográfico en que opera el dominio directo sobre esos recursos naturales no vivos y la consecuente prohibición de otorgar concesiones a los particulares para su explotación, debe atenderse a las áreas o zonas en las que el Estado mexicano ejerce ese dominio, sea absoluto o pleno, o bien, mediante el reconocimiento internacional de su soberanía para disponer de los recursos naturales ubicados en ellas, sin que intervenga cualquier otro Estado, siendo aquéllas las partes del territorio nacional, la zona económica exclusiva, con base en los derechos de soberanía previstos en el artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y cualquier otra zona geográfica donde la Nación ejerza el dominio de referencia, bajo la permisión del derecho internacional.

Número de registro 177319
Tesis: 1a. XCVIII/2005
 

De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 27, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos25, numeral 1, 27, numerales 1, inciso d) y 5, 55, 56, 57 y 108 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar1o., 2o., 25, 46, 47, 48 y 50 de la Ley Federal del Mar1o. de la Convención sobre la Alta Mar17 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas1o., fracción I, 2o., fracción II y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales (vigente hasta el 20 de mayo de 2004) y 2o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se advierte que si bien la nación mexicana no tiene la propiedad absoluta de la zona económica exclusiva, en tanto está limitada por el orden normativo correspondiente, al ejercer derechos de soberanía y jurisdicción así como facultades para legislar al respecto, que el propio orden normativo le confiere, debe considerarse que para efectos de sancionar penalmente el delito contenido en el artículo 194, fracción II, del Código Penal Federal, en su modalidad de introducción de narcóticos a nuestro país, sí puede ejercer jurisdicción penal, en razón de que los elementos del derecho interno y del internacional permiten inferir que dicho delito puede considerarse consumado si se cometió en la zona aludida. Ello es así, porque si se ejerce jurisdicción en el mar territorial, así como en alta mar, acontece lo mismo en la zona económica exclusiva, tomando en cuenta las normas que establecen las medidas y el sistema de cooperación entre los Estados para reprimir y eliminar todo tipo de conductas relacionadas con el narcotráfico, las cuales se consideran como delitos de carácter internacional. Lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 2o. de la Ley Federal del Mar, en el sentido de que dicha ley es de jurisdicción federal, la cual rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Además, el artículo 2o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Armada de México señala como una de las atribuciones de ésta garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, por sí o coadyuvando con las autoridades competentes, entre otros, en el combate al tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, ya que el legislador consideró que en las zonas marinas mexicanas, dentro de las que se encuentra la zona económica exclusiva, podrían desplegarse conductas delictivas, por lo que otorgó atribuciones a la Armada de México para combatirlas, de acuerdo a la normatividad aplicable, atribuciones que sólo pueden ejecutarse en aquellos lugares en donde la nación mexicana ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y facultades legislativas y que se complementan con las facultades conferidas a los tribunales de la Federación en el sentido de ser competentes para conocer de los juicios penales relacionados con bienes nacionales, como lo es la referida zona, en términos del artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales. En consecuencia, si de acuerdo al acervo probatorio, el lugar de comisión del señalado delito contra la salud lo es la zona económica exclusiva, respecto de la cual la nación mexicana ejerce jurisdicción penal, éste se habrá cometido en grado consumado.

www.conceptolegalmx.com

COMPARTE